Hace pocos días la Presidencia de la República, a través de Rodrigo Pardo, alto consejero para el posconflicto, anunció la puesta en marcha de uno de los tres pilares para la implementación de los acuerdos de paz: la reforma rural integral (RRI).

Esta reforma que tiene como objetivo transformar, en un periodo de 15 años, el campo, con el fin de cerrar las brechas sociales y económicas que dieron origen al conflicto armado, va más allá de un mero cumplimiento de los pactos de La Habana.

Si consideramos que, según estudios realizados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística -Dane-, el 26% de la población colombiana habita en zonas rurales; que de este grupo el  38,6% se encuentra en condiciones de pobreza; y que la pobreza en el campo es  13,7 puntos superior a la registrada en las ciudades; se hace evidente que la RRI responde a una deuda histórica con un sector que sentó las bases para la inserción del país en la economía global y que luego quedó a la suerte de las ineficiencias de la mano invisible.

Sé que usted, como yo, se preguntará, cómo hará el gobierno para concretar esta vez la transformación del campo, promesa recurrente en cada campaña presidencial.  De acuerdo con Rafael Pardo, durante los próximos 20 años se invertirán 129 billones de pesos, una cifra nada despreciable, en proyectos que se encuentran recogidos en  1.100 líneas que son de cobertura nacional.

Pero esto no es lo más interesante. Dentro de las 1.100 líneas, descuellan aquellas que hacen parte de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial -PDET-, pensados para 170 municipios priorizados en razón de su vinculación con el conflicto armado, sus niveles de pobreza y la presencia de cultivos ilícitos.

¿Qué tienen de novedoso los PDET? En estos programas, la definición y priorización de proyectos de desarrollo rural, de infraestructura, social y productiva, será realizada desde las comunidades, a través de esquemas altamente participativos, lo que representa un avance importante para la democracia.

¡Estamos entonces ante un momento importante y que no puede pasar desapercibido! Con los PDET las comunidades tendrán voz activa para enrutar el desarrollo de las regiones a partir de su realidad específica, amén de las ventajas que representa la socialización de proyectos y presupuestos para el control de la corrupción.

Hasta aquí, todo parecería color de rosa. Invertir en el campo, dar participación a la población en la priorización de inversiones, financiar la sustitución de cultivos ilícitos…son aspectos que todos respaldamos, independientemente de militancias políticas.

Entonces, ¿en dónde reside la preocupación? En la justificación que hace el gobierno de la RRI y de los PDET, se enfatiza en una palabra muy importante: TRANSFORMACIÓN. Se busca, un cambio de fondo en la dinámica del sector agrícola, para hacerlo productivo y garantizar su sostenibilidad.

Sin embargo, cuando se describe la forma en que se van a invertir estos 129 billones de pesos (3,5 billones en la próxima vigencia fiscal, es decir el 1,5% del presupuesto nacional) el listado es bastante convencional: infraestructura vial, salud, educación, y proyectos productivos para sembrar café, cacao, productos amazónicos…

Me pregunto, ¿a esto lo podemos llamar transformación? ¿Estos proyectos están llamados a volvernos competitivos, a superar los problemas económicos que se derivan de la exportación de comodities, como son la volatilidad en los precios y las presiones en la tasa de cambio con la consecuente amenaza de la ´enfermedad holandesa´? ¿Estas medidas serán lo suficientemente atractivas para que los campesinos eviten volver a cultivar las ´plantas del mal´ de las cuales se obtienen las drogas psicotrópicas naturales y que, en virtud de la prohibición, garantizan precios anormalmente altos con rentabilidades que no igualan los cultivos lícitos?

Lo más triste de esta historia, es que según el alto consejero para el posconflicto, para financiar los PDET se recortó en cerca de un billón de pesos el presupuesto de ciencia y tecnología de la próxima vigencia fiscal…para garantizar que en el campo volvamos a sembrar el campo de nuestros productos tradicionales de exportación.

Estamos ante un momento crucial en la historia. Los PDET son necesarios y bien direccionados no sólo están llamados a cerrar brechas sino a impulsar a la economía en general. El punto clave para no perder esta oportunidad histórica: arriesgarnos a innovar. El campo se merece, no solamente sanar heridas del pasado, sino reinventarse con mirada de futuro para que superemos los estadios de bonanzas económicas especulativas de oro, quina, tabaco, añil y café.

Innovemos en el campo, y lograremos la sostenibilidad de la paz.

Epílogo: En la presentación que hace el gobierno de la RRI se indica que es un proceso abierto en el que tienen participación comunidades y organizaciones económicas y sociales de diverso tipo. Es importante incluir como actores activos a empresas de consultoría que impulsan la transformación a partir de la tecnología. Nuevas miradas pueden enriquecer y hacer estable este pilar fundamental de la paz.