El open government o gobierno abierto se ha convertido en un tema de creciente interés a nivel global. Este fenómeno se caracteriza por la creación de canales de comunicación directos con los ciudadanos, que permiten una gestión pública más abierta y transparente a la vez que posibilitan la toma de decisiones basada en las necesidades y solicitudes de las personas.
Actualmente no existe un concepto único de gobierno abierto, sin embargo de acuerdo con la Carta Iberoamericana de Gobierno Abierto, publicada por el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD), se trata del «conjunto de mecanismos y estrategias que contribuye a la gobernanza pública y al buen gobierno, basado en los pilares de la transparencia, participación ciudadana, rendición de cuentas, colaboración e innovación, centrando e incluyendo a la ciudadanía en el proceso de toma de decisiones, así como en la formulación e implementación de políticas públicas, para fortalecer la democracia, la legitimidad de la acción pública y el bienestar colectivo».
De acuerdo con el CLAD, un gobierno abierto debe estar establecido alrededor de 4 principios fundamentales:
• Transparencia y acceso a la información pública: los gobiernos deben trabajar en función de los ciudadanos, teniendo como misión que las personas tengan conocimiento y comprendan a fondo el trabajo que realizan las instituciones que lo conforman. A su vez implica una obligación gubernamental de máxima divulgación de información concerniente al uso de los recursos públicos y sus resultados.
• Participación ciudadana: debe existir un contexto que permita a los ciudadanos ejercer una influencia sobre las gestiones gubernamentales, facilitando la participación en los procesos conducentes a la definición de políticas gubernamentales y servicios públicos.
• Rendición de cuentas: en un open government, las personas deben tener la potestad de exigir al gobierno que se haga responsable de las políticas y servicios públicos ofrecidos.
• Colaboración e innovación pública y ciudadana: deben existir espacios de diálogo y trabajo que permitan una co-creación de iniciativas y propuestas en relación con políticas y servicios públicos donde participen todos los actores de la sociedad: ciudadanos, organizaciones , academia y sector privado.
Además de estos pilares, el gobierno abierto debe asumir una serie de cambios inherentes a su implementación. Debe generarse un cambio cultural en la gestión pública que permita una transformación fundamental en los objetivos gubernamentales, que deben estar orientados a servir a los ciudadanos.
Esto implica a su vez cambios en los procedimientos y tareas institucionales que incluyan la participación ciudadana, así como procesos más eficientes y transparentes orientados a resultados tangibles para la sociedad. Finalmente, se deben generar transformaciones en las vías de comunicación existentes a fin de generar canales online, mediados por la adecuada implementación de las TIC, que faciliten las relaciones entre los ciudadanos y sus gobiernos.
El open government ha sido un concepto ampliamente discutido en los últimos años, gracias a estos debates existe un reconocimiento de los beneficios que su implementación genera no solo en los ciudadanos sino en los gobiernos. El gobierno abierto es el camino que impulsará una transformación valiosa en las instituciones públicas de la región, que les permitirá repensar procesos, políticas y servicios a fin de propiciar gobiernos más democráticos y transparentes.