El gobierno, los gobiernos, el nacional y los locales, le sacan el cuerpo a informar lo que hacen y lo que van a hacer; si bien las normas son claras, y estos deben contarle a la población impactada lo que va a pasar, nunca lo hacen bien, y se escudan bajo el precepto que “el desconocimiento de la norma, no excluye su cumplimiento”.
No hace mucho me pasó una cosa por esto. Gas Natural me mandó una carta diciéndome que ya no había nada que hacer, que me iban a corta el gas por no haber pedido la cita de revisión de la que me habían informado.
Esto me dejó sorprendido y llamé a la empresa, y allí me informaron que, en tres facturas recientes, me había escrito que debía pedir una cita de revisión de los aparatos de mi casa, y quedé atónito ante esto, porque nunca miro la factura, ya que la tengo programada como un débito automático en mi cuenta. Evidentemente es un caso de cambio tecnológico contra las viejas formas de hacer las cosas, porque es posible que fuese mi deber leer la factura, pero nunca pensé que lo fuese. Así, la empresa tiene cómo probar que me dijo algo, pero no que yo lo haya leído y mucho menos que la comunicación haya sido clara.
Lo mismo pasa con cierres de vías o cortes de agua, que son anunciados por noticieros, cuando cada vez la gente ve menos noticias, pero los gobiernos consideran que es suficiente con hacer una rueda de prensa y emitir un comunicado, y que la responsabilidad de comunicar recaiga en los medios y el derecho de ser informado, sea ahora un deber del ciudadano.
Quizá lleguemos al punto de tener que entrar todos los días a un sin número de portales de información del Estado para saber qué va a pasar, qué normas cambiaron y cómo eso nos va a afectar la vida.
Lo mismo pasa con el llamado Proceso de Paz o la Reforma Tributaria, que son dos temas enormes y de un claro interés de la gente, pero nadie sabe bien cómo son; quizá porque no ejercemos el derecho de informarnos, o bien, porque no se nos cumple el derecho a ser informados.
Así, vivimos en un país donde nadie nos cuenta qué pasa, y se cuelga la información en miles de páginas web, y al preguntarle al funcionario donde se informó ese acontecimiento, la respuesta es “vaya a la página de institución y allí lo podrá encontrar”. Estamos confundiendo el deber de informar, con el simple hecho de dejar disponible la información: la información está para el que la necesite o la requiera.
Quizá ya es hora de pensar en que cada ciudadano tenga un correo electrónico donde los gobiernos le cuenten cosas e incluso lo eduquen a hacer las cosas bien, y uno escoja si lee o no lo que pasa, pero no que yo deba entrar a cada página web del Estado a ver qué me pasará a mí.
El problema de todo esto, no es solo el incumplimiento de los gobiernos de su deber de informar, y la clara violación de nuestro derecho a estar informados (y no a tener acceso a información disponible). El grueso del problema radica en que la gente se siente engañada, que se le ocultan las cosas y que todo es improvisado. Cuando una persona va manejado para su casa, y de un momento a otro una vía es cerrada por algún tipo de reparación, la molestia es inevitable, porque es obvio que esa intervención fue planeada hace días y que no se informó de ninguna manera, ni siquiera con avisos tres o cuatro cuadras atrás, para cambiar la ruta; mientras tanto Waze ayuda más que las autoridades de tránsito, antes que no lo conviertan en algo ilegal como pasó con Uber; al parecer los gobiernos le tienen pánico a las nuevas tecnologías.
Esto tiene al país en vilo. Nadie sabe qué está pasando en La Habana, la Reforma Tributaria, las acciones para evitar un apagón ni mucho menos qué decreto nuevo no conocemos.
El día de mañana me llegará otro recibo, diciendo algo nuevo y no lo miraré porque la tecnología me sacó de ese proceso de papel y seguramente incumpliré otra norma, no porque quiera, sino porque los gobiernos siguen pensando que es mi deber saber qué vainas se les ocurren a ellos, y que debo leer un papel contaminante que me llega a casa cada mes y no me informa claramente.
@consumiendo