Antes, ser médico, piloto, azafata, sacerdote y otras profesiones era un tema de estatus, clase, buenos ingresos, respeto e incluso poder; pero, a medida que ha cambiado el mundo y estas profesiones han tenido más acceso a las personas y aumentado la demanda de mercado, su rol dejó de ser exclusivo y se convirtió en algo más común.
Los médicos eran los profesionales mejores pagados antes de la ley 100, y al aumentar la cobertura del sistema, el médico es un funcionario público y ordenador de gasto, que según la más reciente regulación, cada una de sus recomendaciones médicas y directivas de exámenes, medicamentos y procedimientos serán vigilados para evitar mayores costos en el sistema, causando que ahora les de miedo medicar y no hacerlo, porque en ambos casos pueden ser sancionados; así, no solo han perdido su estatus e ingreso, sino que ahora son funcionarios públicos y no servidores de la salud de los colombianos.
A los pilotos y azafatas les está pasado algo parecido. Antes, ser piloto era un signo de estatus y aventura, pero la masificación de la aviación y la entrada de las aerolíneas de bajo costo, cambiaron las reglas de juego, porque el mercado cada vez pide precios más bajos, pero con servicios de alto nivel, lo cual es insostenible. A esto se suma la nueva regulación que les quita las preferencias en impuestos de renta, y los dejó con un salario bueno, pero con menos dinero en el bolsillo, asimilándolos a un empleado normal de cualquier compañía, desconociendo que claramente no lo son. El gobierno desconoció sus derechos y el congreso así lo aprobó.
Ambos casos son complicados, porque las decisiones del gobierno nacional hacen que estas dos profesiones deban ajustarse a normas que desconocen su realidad, y que los equiparan con los demás empleados, pese a que a simple vista, no lo son. Las normas tributarias y de gasto público, parecen estar siendo tomadas más con una visión de austeridad que con sentido común; el aumento del IVA fue un claro ejemplo de esto y no solo ha causado un freno en el mercado, sino que no le representará al gobierno el recaudo suficiente para contrarrestar el incentivo a la informalidad que ha causado.
Podemos adicionar en este mundo a los taxistas, que se han convertido en los “monstruos” de las ciudades, porque algunos actuaron de manera salvaje ante un cambio normativo que los afectó; la misma curia, que por culpa de unos cuantos (cerca del 10% según se dice), ahora a todos se les considera pedófilos; los profesores, son quizá la profesión menos comprendida y esto ha causado que históricamente sean mal pagados, pese al rol fundamental que cumplen, causando que no sea un incentivo ser docente más allá de la sufrida vocación de serlo; tristemente ahora, a los militares que se les quiere equiparar con guerrilleros ante la justicia transicional.
El estado debe actualizar y normar el mercado laboral, pero no afectar las condiciones del mercado sin una solución, porque no solo es un acto irresponsable, sino que afecta la calidad del servicio, la seguridad del mismo y de los usuarios.
Lo curioso es que como en las decisiones de compra, el sentido común se ha invertido. Hoy le pagamos más a un abogado o a un deportista, por tener un rol legal o entretenernos, que a un médico por salvar vidas, a un profesor por educar, un piloto por llevarnos seguros de un punto del mundo a otro, o a un soldado que pone su vida para cuidar la nuestra. Por esto, hoy los compradores buscan medicamentos genéricos y tenis de marca: es absurdo.
Se puede decir que esto no es solo en Colombia, y que son tendencias mundiales que hacen que el mercado cambie; pero en el fondo son decisiones de los gobiernos en pos de hacer más eficiente financieramente los recursos públicos, en vez de convertirlos en recursos productivos y competitivos. La visión de nación que subyace tras de esto es muy complicada, porque premia a las personas que hacen trabajos puntuales sin riesgo, y castiga a los que arriesgan todo por los demás o a aquellos que son los encargados del bienestar de la sociedad.
No digo que sea justo que un médico cobre por la consulta tanto dinero que una persona no pueda pagarlo, pero sí debemos concertar los precios de ciertos servicios y salarios en función de su rol social y no de las reglas del mercado. Si el mercado no es competitivo ni rentable para causar incentivos en el sector privado, debe entrar el estado a solventar esas asimetrías de mercado, o de lo contrario, veremos médicos ofreciendo promociones y descuentos para atender más pacientes y lograr un ingreso mínimo mensual, dando un servicio mediocre y afectando la calidad de vida de todos.
Salir de esto no será fácil, pero el gobierno debe comenzar por revisar sus normas y su sentido poco común.