La Constitución define a Colombia como una República democrática, participativa y pluralista. La soberanía que reside en los ciudadanos se ejerce por medio de representantes elegidos libre y periódicamente. En otras palabras, vivimos en una democracia liberal, bajo la regla de una mayoría que debe reconocer y respetar los derechos fundamentales de las minorías.
Una pregunta que pocas veces discutimos, pero que es cada vez más relevante dada la coyuntura de Bogotá, es: ¿qué es la mayoría?
El pasado 31 de octubre, tras ser elegido con 32% del voto, Petro aseguró que emplearía un estilo de gobierno «dialogante»; manifestó que «Bogotá demuestra que lo que más le sirve a Colombia es el pluralismo, que la diversidad es la base de la democracia [porque eso] nos obliga, a pesar de esa diversidad o gracias a ella, a ponernos de acuerdo»; y prometió construir una «democracia de multitudes».
Sin embargo, desde entonces, Petro se ha ido en contra hasta de su propia palabra. En lugar de construir consensos, su estilo de gobierno se ha basado en imponer su criterio bajo la teoría de que su poder surge de un mandato popular. Convenientemente, el Alcalde ignora que el 68%, que hoy desaprueba la forma como se está desempeñando en su labor, apoyó otras propuestas en las urnas.
Si bien ganó las elecciones legítimamente acorde con las reglas vigentes, un mandato popular no puede surgir de un porcentaje de ciudadanos que está lejos de ser mayoría. Por eso resulta inverosímil que un líder elegido tan solo por el 32% del voto pretenda imperar sobre una mayoría clara y contundente con un estilo que hasta sus más cercanos allegados han calificado de déspota.
La insatisfacción con los pobres resultados del Alcalde, con las continuas renuncias de su equipo, con la falta de soluciones concretas, con el imperio de criterios políticos sobre técnicos en la estructuración de servicios esenciales, con un discurso que lejos de fomentar una política de amor se nutre de la discordia y promueve la desunión, haciendo de Bogotá una ciudad menos humana, ha llevado al planteamiento de revocar su mandato.
Sin embargo, esa sería una solución que trata los síntomas y no el mal. No garantiza que esta experiencia no se vuelva a repetir. Tampoco conduce a que las diversas corrientes políticas busquen construir consensos por el bien de la ciudad. Si bien la ley permite la revocatoria de los Alcaldes, ¿no tendría más sentido que su mandato representara los deseos de la mayoría desde el comienzo de su administración?
¿No va siendo hora de instaurar una segunda vuelta en las elecciones para la Alcaldía de Bogotá?
Twitter: @camilodeguzman