En los últimos meses ha saltado a primera plana el tema de las políticas frente a las drogas ilícitas. En varios escenarios internacionales, el Presidente Santos ha advertido sobre la necesidad de abrir un debate para revisar la política mundial antidroga, cuyo enfoque sostiene ha fracasado tras más de 40 años de implementación. La semana pasada, la Ministra de Justicia causó polémica con sus declaraciones sobre el porte de la dosis minima de drogas sintéticas (ya está despenalizado según ratificó la Corte Constitucional). Además, se conoció que el Gobierno prepara un nuevo Estatuto Nacional de Drogas que propone emplear un enfoque de salud pública, más progresista y menos draconiano. Finalmente, por primera vez, las Farc tomaron posición sobre el punto de la drogas ilícitas que se discutirá en La Habana según el Acuerdo general para la terminación del conflicto.
Estos sucesos deben tener confundidos a muchos colombianos. Para muchos de nosotros, la guerra contra las drogas es sinónimo de la lucha contra el narcotráfico, muestra de la valiente batalla que hemos librado contra los carteles, las guerrillas, los grupos paramilitares y las bandas criminales que han aterrorizado a nuestra sociedad, corrompido nuestra democracia y destruido nuestro medio ambiente en busca de la riqueza y el poder. Después de haber estado al borde del abismo y recuperado el rumbo de nuestro país, muchos se preguntarán, ¿cómo podemos decir que la guerra contra las drogas ha sido un fracaso? y ¿cómo podemos pensar en despenalizar, o peor aun, en legalizar el consumo?
La verdad es que hemos perdido de vista el objetivo de la batalla contra las drogas: reducir el consumo, el abuso y la adicción. Pese a los enormes esfuerzos de Colombia y otros países productores en las últimas décadas, el enfoque actual ha fracasado en ese sentido. Entretanto, Colombia ha pasado además de ser un país productor a ser un país consumidor, por lo que se hace necesario evaluar las limitaciones de la estrategia actual, así como la posibilidad de adoptar un enfoque más efectivo, justo y sostenible.
¿Pero cúal es el enfoque actual?
En los últimos 40 años, el mundo ha intentado reducir el consumo librando una guerra contra la oferta en la que Colombia ha sido protagonista. En términos económicos, la estrategia se basa en la siguiente premisa: aumentar el precio de un producto reduce la demanda. Para aumentar el precio de las drogas, el mundo lanzó una batalla multilateral contra la producción y comercialización. Sin embargo, pese a las múltiples incautaciones y capturas que se presentan como éxitos, hoy hay más drogas disponibles a precios menores que hace diez años.
Además, cabe resaltar dos errores fundamentales en la premisa central de la estrategia. Por tratarse sustancias adictivas, las drogas tienen una demanda inelástica, es decir, el consumo no se ve muy afectado por aumentos en precio (por ejemplo, si sube el precio de la insulina -un bien inelástico- los diabéticos no tienen más remedio que asumir el costo. También, la demanda de varias drogas, debido a connotaciones de misterio y exclusividad, parece corresponder a la de los productos de lujo, que entre más caros son más deseados.
¿Por qué se dice que el enfoque actual ha fracasado?
Lo primero es que desde hace años, diversos estudios de las Naciones Unidas indican que el consumo de drogas ha venido aumentado en casi en todos los continentes. Pese al enorme gasto incurrido en los esfuerzos multilaterales de erradicación, persecución e interdicción, la industria continua creciendo porque, aunque parezca increíble, la política prohibicionista la subsidia. A la larga, los narcos no pierden plata, pues transfieren cualquier aumento en sus costos al consumidor que parece más dispuesto a pagar más que a dejar de consumir. Por lo tanto, lograr el objetivo de reducir el consumo y abuso mundial de drogas desde un enfoque basado en combatir la oferta no ha sido posible.
Pero el tema no termina ahí. Además de no cumplir su objetivo, la estrategia actual ha tenido devastadores costos sociales, tanto en países productores como consumidores. Empujar una industria de semejante magnitud al mercado negro no solo no la ha hecho desaparecer, sino que ha empeorado la situación, pues en el mundo subterráneo las reglas son distintas: la corrupción es ley y la violencia es justicia. El caso del alcohol en los Estados Unidos, cuya prohibición en los años 20 fue rápidamente abandonada porque desato una crisis de corrupción, crimen y violencia sin precedentes, es citado como ejemplo de lo que sucede cuando lo prohibido es negocio.
Como bien sabemos, los narcos defienden su poderoso negocio del Estado y de la competencia sin escrúpulos. Masacran a civiles, despojan a campesinos, sobornan jueces, policias y militares, eligen políticos y destruyen ecosistemas endémicos para sembrar materia prima. Además venden lo que quieren, sin control alguno sobre la calidad, toxicidad o niveles de adicción del producto, poniendo en peligro la vida de los consumidores y generando grandes problemas de salud pública. En varios países, las cárceles están llenas de consumidores mientras que ellos negocian su libertad a cambio de colaborar con las autoridades en la lucha contra una interminable linea de sucesores.
¿Hacia donde va la política antidroga en el mundo?
Durante los últimos años, desde varios rincones del planeta se han ido sumando voces al llamado para revisar la estrategia mundial antidroga en aras de encontrar un enfoque más efectivo. Dados los múltiples fracasos mencionados, muchos piden que se adopte un enfoque de salud pública que concentre sus esfuerzos en reducir la demanda con programas de prevención, moderación y rehabilitación, en lugar de seguir reprimiendo la oferta sin mayores efectos sobre el consumo.
Lo cierto es que la actitud frente a las drogas está cambiando en todo el mundo lo cual conlleva grandes implicaciones para Colombia. En Europa, Portugal lleva más de una década dando la lucha desde un esquema de salud pública y despenalización, logrando reducir los niveles de abuso y adicción. En los Estados Unidos, Washington y Colorado se convirtieron en los primeros estados en aprobar el uso recreativo de la Marihuana y se anticipa que California será el próximo. Decenas de estados más ya permiten el uso medicinal. A nivel federal, Obama dió un giro histórico al dedicar más recursos a la reducción de la demanda que a la represión de la oferta por primera vez. En América Latina, Uruguay y Guatemala han hablado de legalizar, mientras que México y Colombia, dos de los países más afectados por la violencia y la corrupción que genera el narcotráfico, han advertido sobre la necesidad de revisar la estrategia actual. La ola de cambio está creciendo.
La historia indica que los humanos siempre han buscado formas de alterar su estado de conciencia, ya sea en rituales espirituales o contextos recreativos. La realidad es que hoy en día, las drogas son un asunto que todos tendremos que enfrentar, ya sea como jóvenes curiosos o padres preocupados. Sin embargo, para un tema tan candente, todavía existen muchos tabus que no nos permiten abordarlo con cabeza fria. Aunque las posturas de mano dura son populares, la evidencia demuestra que no han sido efectivas. Barrer mugre debajo de la alfombra no hace que desaparezca sino que se acumule, causando dolorosos tropiezos.
Ante la evidencia del fracaso de la prohibición, sectores alarmistas han tratado de presentar el tema como una cuestión de legalizar o no, pero no es tan blanco y negro, especialmente en un país donde el narcotráfico es un tema de seguridad nacional. Pero justamente por los profundos efectos que las drogas han tenido sobre nuestra sociedad y democracia tenemos la obligación de poner las pasiones a un lado para abrir un debate franco, basado en la experiencia, la razón y la ciencia.
Einstein definió la locura como hacer siempre lo mismo esperando resultados diferentes. A medida que el mundo adopta actitudes más tolerantes frente al consumo, no pueden esperar que sigamos sacrificando nuestra población e institucionalidad en una guerra contra la oferta. Llegó la hora de abrir un debate internacional para revaluar el curso trazado y explorar nuevos esquemas. Tras casi medio siglo de asumir el bulto de los costos de una lucha que no ha logrado su objetivo central y se supone debería ser mundial, Colombia no solo tiene la autoridad sino también el deber moral de liderar la marcha hacia una estrategia más efectiva, justa y sostenible que incorpore las lecciones aprendidas en los últimos 40 años y responda a las realidades del siglo XXI.