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“La tierra provee lo suficiente para satisfacer las necesidades de cada hombre, pero no la avaricia de cada hombre”.
Mahatma Gandhi.

La agricultura enfrenta un enemigo silencioso que amenaza su sostenibilidad y nuestro bienestar: el mercado ilegal de insumos agrícolas. Fertilizantes adulterados y plaguicidas falsificados recorren el país, dejando a su paso pérdidas económicas, riesgos para la salud y daños irreparables al medio ambiente.

El impacto es alarmante. Según un monitoreo en centros de posconsumo —lugares en los que las empresas disponen los envases, empaques y embalajes que devuelven los agricultores—, cerca del 20 % correspondió a productos ilegales, tal y como lo evidenciaron etiquetas en otros idiomas y ausencia del registro ICA, entre otras irregularidades. Estos datos reflejan el alcance del problema y subrayan la urgencia de combatirlo.

Mafias organizadas que operan con corrupción y contrabando técnico, como se destacó en el estudio de caracterización del mercado ilegal que realizó Daniel Rico para la cámara Procultivos, son las responsables de este gran problema. Estas estructuras criminales se aprovechan del desespero de los agricultores, por ejemplo, cuando se toman decisiones apresuradas que prohíben productos sin considerar sus impactos o la existencia de sustitutos. La falta de alternativas expone a los productores a una mayor vulnerabilidad, llevándolos a creer erróneamente en ‘soluciones’ del mercado ilegal, donde encuentran productos prohibidos o falsificados que creen ser la respuesta a sus necesidades.

Estas estructuras criminales no sólo afectan la economía agrícola, sino que imponen riesgos inaceptables en nuestras mesas. Los productos falsificados no cumplen con las estrictas evaluaciones de seguridad agronómica, ambiental y toxicológica que realizan entidades como el ICA, ANLA e INS, un proceso reconocido por la OCDE.

Es aquí donde el trabajo de organizaciones como CropLife Latin America y el Proyecto contra la Falsificación y Usurpación de Marcas de la ANDI toma relevancia. Iniciativas como la mesa de insumos de ALAC y la publicación del Manuel Básico contra el Comercio Ilegal ofrecen herramientas concretas para enfrentar este flagelo, fortaleciendo la coordinación entre gremios, autoridades y agricultores.

Además de las acciones institucionales, nuestra responsabilidad individual es clave. Los agricultores deben conocer a sus proveedores, exigir facturas legítimas y disponer adecuadamente de los envases vacíos en centros posconsumos son pasos simples pero poderosos para proteger nuestra agricultura y biodiversidad.

La lucha contra el mercado ilegal es un desafío colectivo. Si trabajamos juntos, si levantamos la voz y actuamos con decisión, podemos frenar este flagelo y construir un futuro donde la legalidad y la sostenibilidad sean pilares de nuestra agricultura.

¡Digamos SÍ a los insumos legales y NO a los ilegales! ¡El agro colombiano merece nuestro compromiso!

Nos vemos en la próxima entrada de Cultivando al Ser.

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