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Como es bien sabido, los ciudadanos comunes y corrientes suelen tener una opinión negativa sobre el Congreso y los políticos. Las encuestas de opinión han mostrado reiteradamente que las personas tienen bajos niveles de confianza en la rama legislativa y en los padres de la patria, en comparación con otras instituciones tales como las Fuerzas Armadas o la Iglesia Católica. Lo paradójico de esta percepción es que a través del Congreso o por intermedio de los políticos los ciudadanos tienen –al menos potencialmente– más capacidad de incidir sobre decisiones importantes que afectan directamente sus vidas que por medio de otras rutas. Las explicaciones que se dan usualmente sobre la percepción negativa del Congreso sugieren que los ciudadanos no entienden adecuadamente el papel del legislativo y que el problema se podría resolver con pedagogía cívica.
No es difícil entender por qué existe esta imagen negativa del legislativo. De un lado, hay una percepción de que los congresistas operan motivados por intereses particulares y no por el interés general. Es decir, los ciudadanos del común no se sienten bien representados; no consideran que los políticos dan voz a sus inquietudes y tramitan políticas que busquen dar solución a sus problemas.  De otro lado, están los escándalos que protagonizan nuestros congresistas (basta con recordar, por ejemplo, los incidentes Merlano, Corzo o Rendón). Son críticas acertadas, pero superficiales: es más fácil recordar las declaraciones descabelladas que las actuaciones ponderadas. Y sobre la tensión entre el interés particular y el general, tema sobre el que se han escrito libros enteros, hay que señalar se trata de un problema de políticos, partidos y ciudadanos.
Sin embargo, es importante señalar que al Congreso hay que evaluarlo tanto por lo que hace como por lo que no hace. Es errado pensar que el Congreso es una máquina de hacer leyes y que el éxito de su gestión depende de la cantidad de leyes que apruebe por período. Al contrario, un Congreso híperproductivo podría causar inestabilidad jurídica al estar modificando constantemente la normatividad vigente. 
Por diseño, los congresos son instituciones en las que es difícil tomar decisiones. Entre menor sea el número de personas involucradas en la toma de una decisión, más rápido se resuelven los asuntos: por eso la vida es fácil para los Kim Jong-un o los Raúl Castro del mundo. Pero en la vida en democracia, las decisiones de política dependen de los acuerdos que se logren entre una multitud de interesados. El asunto no es aprobar o dejar de aprobar leyes como tal. El congreso es un órgano de deliberación principalmente. Para que la discusión no sea una cacofonía sin sentido es necesario que los políticos actúen a través de partidos organizados. Y esta es, tal vez, la principal fuente del deterioro de la imagen del Congreso y de los políticos.
La percepción negativa de la política tiene que ver con los factores señalados anteriormente pero también con el pobre papel que desempeñan los partidos políticos. Los partidos pueden coordinar las acciones de sus miembros para perseguir una agenda común y pueden limitar el impacto de los escándalos no sólo con mejores procesos de selección de candidatos, sino con procedimientos internos de responsabilidad política. Y para concluir, la pedagogía cívica puede tener un efecto positivo pero no cuando está orientada a explicar de forma condescendiente cómo funciona la democracia, sino cuando tiene como objetivo formar una ciudadanía crítica que demande partidos más fuertes y organizados y exija cuentas sobre la actuación de los representantes.
En Twitter: @fboteroj
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PERFIL
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Soy Profesor Asociado y director de la Maestría y el Doctorado de Ciencia Política de la Universidad de los Andes. Tengo más opiniones que tiempo para escribirlas, pero cuando lo hago soy crítico, pero compasivo; mordaz, pero ponderado. O al menos lo intento. En mis ratos libres (¡jaja!) me gusta correr. Voy por mi primera maratón.

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    Debo iniciar esta reflexión señalando que no soy experto en relaciones internacionales y que mis conocimientos de derecho internacional, derecho marítimo, derecho fronterizo, etcétera, son del mismo nivel que los del colombiano promedio: producto de la información y desinformación de los medios de comunicación, los comunicados del gobierno y la explosión de reacciones que atafagan las redes sociales. Lo mío son las instituciones; no las relaciones internacionales. En este sentido es que escribo estas líneas a propósito del reciente fallo de la Corte Internacional de Justicia respecto al diferendo limítrofe entre Colombia y Nicaragua.

    Independientemente de la naturaleza del fallo, la pregunta que me he hecho es ¿qué tipo de país queremos ser? Rápidamente, la reacción frente al fallo fue tragicómica: eufórica celebración por la soberanía de los cayos, muchos de los cuales --no nos digamos mentiras-- la mayoría de nosotros desconocía completamente su existencia; lastimero rasgamiento colectivo de vestiduras por la pérdida de las áreas marinas; búsqueda obtusa de culpables (v.g.: pedir la renuncia de la canciller Holguín); y por último --la joya de la corona-- audaz sugerencia de desacatar el fallo. No sé cuantos lo hayan hecho, pero me constan las declaraciones de Uribe y de Navarro Wolff en ese sentido. Igualmente, Santos y Holguín han señalado duramente el fallo por ser "injusto" y por tener "omisiones," "errores" e "imprecisiones". Ante la pregunta directa de los periodistas en una rueda de prensa en San Andrés sobre si se acataría el fallo o no, la canciller se limitó a decir que lo iban a estudiar con detenimiento. No dijo explícitamente que lo acatarían, pero tampoco fue categórica al rechazar el desacato como una de las opciones que se podrían seguir. 

    Dado que no soy experto, no conozco las implicaciones de un desacato, más allá de la posibilidad de que Nicaragua proteste ante el Consejo de Seguridad de la ONU. Pero me parece que los detalles no son centrales para mi reflexión sobre el tipo de país que queremos ser. ¿Para qué llevar el diferendo a la CIJ? ¿Para qué gastarle once años a un proceso si luego vamos a renegar del resultado desfavorable? No me sorprende que Uribe hubiera sugerido el desacato. Él mismo, creador del cambio al "articulito", conoce muy bien sobre el acomodo de las reglas de juego. Pero esa es una lógica perversa; una lógica de matoneo. Le apuesto a las instituciones mientras me convenga. Cuando el resultado es adverso, le tuerzo el pescuezo a la norma para que mantener un status quo favorable.

    Ahora bien, en lo que sí estoy de acuerdo es en que hay que estudiar con detenimiento las implicaciones del fallo. Sí, se trata de una área marítima importante, pletórica en recursos. ¿Pero realmente alguien se ha tomado el trabajo de cuantificar qué se perdió? Esto es reflejo de la importancia que ha tenido el archipiélago para el país. Quizá exagere, pero además de balneario y lugar para comprar contrabando, el departamento de San Andrés y Providencia lamentablemente ha sido bastante marginal en la vida del país. Sin duda hemos ejercido soberanía a lo largo de los años. Pero se trata de la típica soberanía insulsa que se ejerce desde Bogotá: hacer un desfile militar de vez en cuando, un consejo de ministros cada muerte de obispo, y a lo sumo filmar un reality. ¿Hay políticas serias de desarrollo para esta región?, ¿de aprovechamiento de los recursos?, ¿de apoyo a las comunidades?, ¿de protección de la biodeversidad? Esa sería una forma más adecuada de ejercer la soberanía que simplemente atracar una corbeta.

    Espero que las declaraciones de Santos sobre el fallo sean sólo aspavientos, ruido, indignación vacía. Espero que el presidente prefiera ser respetuoso de las instituciones y busque en efecto dar solución a los problemas de las comunidades del archipiélago. Espero que el gobierno busque un acercamiento constructivo con el gobierno nicaragüense para mejorar la cooperación bilateral, hacer acuerdos para el desarrollo de la pesca y el aprovechamiento adecuado de los recursos. Esa me parece una actitud más digna que la de matón de esquina que sugieren algunos. Ese es el país en el que prefiero vivir.

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2 Comentarios
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  1. mi apreciado botero los colombianos no tenemos idea de que es el congreso por ejemplo se dice que si alguien s elegido por un periodo l solo hecho d posicionarse ya lo pensiona la mayoria de iniciativas econòmicas suelen ir dirigidas y en favor de beneficios empresariales las d eco ciudadano sulen ser pavezas como cambiar d nombre a una avenida o un sitio o para entregar una cruz d boyaca a una fundaciòn que suel quitarl la obligaciòn al estado l resto 98% solo esta alli para aorobar alza de dietas inmunidades e inmundidades y si algunos alla no estamos es porque no nos hemos preparado y si queremos que nuestros hijos se preparen pues vea sino eres uniandino a dificil que le queda llegar a las corporaciones y cuando llegas la vida se te hace tan bella que se le olvida que alguna vez tiro filo y su amol

  2. Los colombianos desde hace muchos años no vemos acciones de beneficios generales sino personales adelantados por estos HONORABLES, razón por la cual la percepción que tenemos de la gran mayoría de éstos, por no decir de todos, es la que plantea el columnista. Peculados, parapolítica,comisiones, impunidad, beneficios económicos a través de sueldos millonarios, pensiones, gabelas de pasajes, transporte blindado, combustible gratis, vacaciones, solo por mencionar algunos, son las prebendas por las cuales pelean los políticos por estar en el Congreso. Hará esto que cambie nuestra percepción?. No lo creo. Lo malo es que cuando se llegan nuevamente las elecciones, cae el pueblo ignorante al entregar el voto, extorsionados por el eternit o el almuerzo de ese día.

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