Por estos días, como algunas veces cada tanto, los trabajadores del campo han tomado el protagonismo en los noticieros nacionales. No es para menos, gracias a su trabajo las centrales de abastos de las grandes ciudades se han mantenido aprovisionadas en medio de la pandemia. De no ser por su labor, la población urbana no tendría con qué alimentarse. Sin embargo, no son muchos los que piensan en las necesidades de las zonas rurales y de su gente.
El campo en Colombia pasa por problemáticas de todo tipo, pero me atrevo a afirmar que hay dos de ellas que son fundamentales; la concentración de la tierra y la ausencia institucional del Estado.
La primera es un resultado de la corrupción y la desigualdad. Grandes extensiones de tierra se encuentran en manos de pocos hacendados que han optado por mantener su improductividad. Ellos, y la falta de oportunidades, han obligado al campesinado a resignarse a la explotación y la pobreza. Los pocos que han tenido la fortuna —porque realmente son una excepción— de acceder a terrenos para cultivar y subsistir, se han visto abocados a luchar solos contra la inclemencia de las circunstancias y a recibir pagos miserables por su trabajo. Adicionalmente, frente a la segunda, el Estado no ha logrado llegar al territorio, algunas veces haciendo gala de su incapacidad operativa y otras por simple desdén político, por lo tanto, la provisión de bienes públicos ha sido limitada y, en algunas regiones, inexistente.
La pobreza y el estado de vulnerabilidad extremo en el que viven los pobladores rurales han sido problemas bien conocidos por nuestros gobiernos. Llevan años identificando sus causas. Aun así, y pese a algunos esfuerzos de reforma impulsados durante el siglo XX, en ocasiones que pueden contarse con los dedos de una sola mano, la crisis ha sido insuperable. El poder del dinero ha perpetuado la injusticia y el Estado ha demostrado su desinterés absoluto por dar lugar a una verdadera transformación del campo. Un ejemplo de ello se ha hecho evidente tras la firma del tratado de paz, pese a que el acuerdo contempla cambios estructurarles que mejorarían las vidas de los campesinos, estos puntos han permanecido engavetados en el congreso o, en el peor de los casos, tomados como letra muerta. Nada nuevo, finalmente en eso han concluido gran parte de las reformas dirigidas a generar inclusión y a reducir la desigualdad en el país.
El apetito voraz de los grandes terratenientes y de ciertas multinacionales agroindustriales y mineras no ha permitido la concreción de políticas que puedan comprometer, en lo más mínimo, su posibilidad de seguir incrementando su riqueza.
Todos conocemos lo que pasa. Sin comida, sin atención médica, sin electricidad, sin agua potable, alcantarillado u cualquier otro servicio básico, campesinos de todas las regiones pasan sus días, trabajando durante jornadas de 12 a 15 horas, buscando cómo sobrevivir. Los hemos relegado a suerte, el olvido institucional y la violencia han sido una constante desde que tienen memoria. Los hemos obligado a vivir de esa manera.
Así como parte de la población urbana goza de la posibilidad de autodeterminarse y realizarse, la rural merece herramientas no solo para subsistir, sino para dignificar sus vidas. Tenemos el deber de volcar nuestro favor a que puedan superarse los obstáculos que los han atado y condenado a la miseria material y existencial. La indiferencia y el silencio de la sociedad no pueden continuar propiciando la sombra que injustamente oculta las necesidades de millones de personas.
Ahora bien, no estamos ante un reto menor. Además de que se apliquen las leyes existentes con rigurosidad, el ordenamiento jurídico requiere de reformas constitucionales que traten el tema con profundidad y faciliten la creación de proyectos que mejoren significativamente la productividad del campo. Necesitamos viabilizar la vida rural, inyectar recursos y focalizar su gasto, para que la población pueda experimentar mayores niveles de bienestar. Para esto, la institucionalidad debe llegar a los territorios con un aparato robusto y ofrecer alternativas que reduzcan las barreras que las distancias y el centralismo han generado.
Debemos entender que no podemos continuar hablando de paz y de desarrollo mientras sigamos dando el mismo portazo que, generación tras generación, hemos venido dando al ofrecer migajas y palabras de espera que menoscaban la confianza de quienes nada tienen y eternizan su desdicha. De ser genuina aquella intención de auspiciar la pacificación del país debemos cortar de raíz, aunque implique esfuerzos monumentales, las causas que han dado origen a la abrupta desigualdad que gobierna en gran parte su territorio.
No podemos permitirnos continuar coexistiendo en una realidad en la que los derechos humanos son privilegios determinados por cómo, cuándo y dónde se nace. El azar no puede seguir ejerciendo como juez y parte.
@GabrielCasadieg