El Quimbo es una de las iniciativas bandera del presente gobierno. Con un valor aproximado de entre ochocientos y mil millones de dólares, se trata de uno de los primeros megaproyectos realizados bajo el esquema de alianza público-privada, en virtud del cual una empresa particular construye infraestructura con sus propios recursos y el gobierno le otorga una concesión para explotarla. En este caso, la española Emgesa a través de su subsidiaria en Colombia Endesa levantaron la represa entre 2011 y 2015. De ahí en adelante empezarían a aparecer numerosos inconvenientes que caracterizan los dilemas que el desarrollo trae consigo.

Esta historia empieza con un tweet del presidente Santos, en el que le implora a la administración de justicia que se autorice el reinicio de operaciones de la hidroeléctrica El Quimbo, por el bienestar del pueblo colombiano. Da a entender que, si esto no sucede, las posibilidades de un apagón como el que nos tocó vivir a principios de los noventa en el país se incrementarían dramáticamente.

Pero para entender este acentuado clamor hay que ir atrás en el tiempo y las circunstancias. La razón de esta agresiva estrategia publicitaria, adelantada no sólo por el primer mandatario sino por varios de sus ministros, se encuentra en un anaquel de la Corte Constitucional. En diciembre de 2015, dicho tribunal había declarado inexequible el Decreto 1979/15, mediante el cual se autorizaba el inicio de operaciones de la famosa hidroeléctrica. Es decir, ordenó parar el proyecto.

¿Cuáles fueron los motivos que impulsaron a la Corte para tomar esta trascendente decisión? Que unos meses antes, el Tribunal Administrativo del Huila había a su vez suspendido la actividad de llenado de la represa con el fin de evitar la generación de perjuicios irremediables a nivel social y ambiental. En otras palabras, la Corte actuó porque el gobierno hizo caso omiso a la decisión de un juez de la república, y sin pena alguna expidió el famoso decreto que autorizaba el inicio de operaciones del proyecto. La Corte, entonces, se encontraba tratando de arreglar el desastre generado por el afán de la administración Santos de poner a andar una de sus obras estrella.

Tan pronto como se conoció la determinación de la Corte Constitucional de tumbar el decreto 1979, saltaron por los aires chispas de preocupación y reprobación. El Ministro de Minas, por ejemplo, ha hecho énfasis en la importancia de mantener el proyecto para impulsar la generación de empleo, acceder a mayores recursos hídricos, y lograr la apertura fluvial del río Magdalena. De otro lado, la presidenta de la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica señaló con absoluto pesimismo que las consecuencias de esta decisión judicial para el país serían devastadoras: el tan temido racionamiento de energía, el alejamiento de inversionistas extranjeros como consecuencia de la inseguridad jurídica percibida, la pérdida de regalías para el departamento y la posibilidad de demandas millonarias contra el estado colombiano. En resumidas cuentas, que sin El Quimbo Colombia “está fregada”.

Puede que tanto el Ministro de Minas como la representante del gremio energético estén en lo cierto, y el estancamiento del proyecto energético le genere al país la pérdida de oportunidades estratégicas y le acaree graves perjuicios económicos. Sin embargo, hay una serie de hechos, argumentos y consecuencias que ni el gobierno ni el sector privado manifiestan, y que deberían ser igualmente conocidos por los colombianos a la hora de generarse opiniones.

Primero. Las medidas cautelares ordenadas por el Tribunal Administrativo del Huila, en el sentido de suspender el llenado de la represa, se deben a que se pudo verificar que contrario a lo establecido por parte de la autoridad que expidió la respectiva licencia de construcción, el proyecto estaba diseñado de tal forma que se causarían daños irreparables a nivel social y ambiental. Es decir, que la decisión de este órgano judicial no fue caprichosa ni basada en nacionalismos falsos o intereses ocultos. Se estaba tratando de proteger el interés público.

Segundo. Se pudo establecer que luego de que el Tribunal ordenara suspender el llenado de la represa, un alto ejecutivo de Emgesa, la empresa a cargo del proyecto, “exhortó” al Ministerio de Minas y Energía a intervenir en el proceso judicial para defender sus intereses. Y en esa medida, la representante legal de dicha cartera allegó un documento en el que se le solicitaba al órgano judicial levantar la medida debido “al grave e inminente perjuicio que su mantenimiento podría causarle al país y al interés general de los colombianos.” En otras palabras, la multinacional hizo que una entidad pública tratara de ejercer presión sobre la autoridad judicial correspondiente, lo cual no sólo es indebido sino abiertamente ilegal.

Tercero. Frente a la negativa del Tribunal Administrativo del Huila de levantar las medidas cautelares, el gobierno prefirió actuar de forma arbitraria con tal de proteger los intereses del proyecto, a través de la expedición del decreto que logró que se iniciara la generación de energía en El Quimbo en noviembre del año pasado. Es decir, desestimó lo dicho por el Tribunal respecto de los posibles daños irreparables que podrían causarse con esta situación, y cedió a las presiones del inversionista español y a su propia vanidad de no ceder en su estrategia de desarrollo neoliberal. Este es el desastre político y jurídico que la Corte Constitucional tuvo que venir a componer.

Cuarto. Y tal vez lo más preocupante. El presidente y demás autoridades públicas quieren mostrar el caso de El Quimbo como un asunto de interés público en cuanto a que, si no se enciende la represa, puede generarse tanto un racionamiento de energía como graves impases a nivel económico. Sin embargo, lo que igualmente se puede percibir es la presión ejercida por Emgesa, la empresa española, sobre el gobierno colombiano. No sólo se trata de una compañía muy poderosa desde el punto de vista de su capacidad financiera, sino que se encuentra salvaguardada por el tratado de inversión que firmaron Colombia y España en 2005, y que entró en vigencia en 2007.

Este instrumento legal le genera obligaciones a nuestro país hasta el punto de poder llegar a limitar su capacidad de gestión pública, con el objetivo de proteger los intereses y expectativas de los inversionistas españoles. En términos prácticos, Emgesa podría eventualmente demandar a Colombia ante un tribunal de arbitraje de inversión con ocasión de los aparentes perjuicios generados por la no puesta en funcionamiento del proyecto El Quimbo. No importaría mucho que la causa de dicha situación sea una decisión judicial legítima que busca proteger los derechos de quienes se han visto afectado por el proyecto, así como evitar una catástrofe ambiental irreparable. Debido a que dichos tratados están en firme, el inversionista español podría hacerlo y así recibir su millonaria indemnización.

Si bien hasta la fecha Colombia no ha sido objeto de ninguna demanda de este tipo, existen graves antecedentes respecto de condenas exorbitantes que tribunales de arbitraje internacional han impuesto, por casos similares a este, a países de la región como Argentina, Perú Ecuador, Venezuela y Bolivia -estados con gobiernos tanto de derecha como de izquierda, eso no afecta la situación. En dichos casos, se castigaron decisiones soberanas tomadas por países que, como el nuestro, se encuentran en vía de desarrollo, y que tenían como objetivo velar por el interés público por encima de las expectativas económicas de un grupo de particulares. Dichas sanciones, además de implicar el pago de millonarias indemnizaciones que ponen en riesgo la situación fiscal de dichos estados, también traen consigo el cuestionamiento de su responsabilidad internacional .

No creo que sea descabellado afirmar que esto es lo que podría pasar con El Quimbo. Este es entonces, un llamado a estar alerta con el desenlace de este caso en los próximos días. Ahora, si se trata de buscar responsables, es importante aclarar que de ninguna forma han sido el Tribunal Administrativo del Huila o la Corte Constitucional. Dichos órganos judiciales cumplen con el mandato de hacer respetar la integridad del orden legal colombiano, sin importar la eventual afectación de los intereses de una empresa. Si se ha llegado a este punto y se afrontan este tipo de riesgos, hay que mirar hacia dos puntos. Primero, que cuando se diseñó el proyecto hubo ausencia de planeación y previsión de los eventuales efectos colaterales que El Quimbo le traería al ecosistema y el entorno social de la región. Y segundo, que cuando se implementó la controversial política de sistemática firma de acuerdos de inversión -hay que decirlo, en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez-, se ofrecieron salvaguardas imposibles de honrar, y el país autolimitó su soberanía y capacidad de decidir de forma autónoma en este tipo de dilemas del desarrollo. Al César lo que es del César.

A todos un feliz y próspero año 2016, en el que ojalá se inicie de forma cierta el camino de la paz y la reconciliación nacional.

Twitter: @Desmarcado1982