Ingresa o regístrate acá para seguir este blog.
Ayer en la tarde volvieron a llegar buenas noticias desde La Habana. La mesa de negociación, junto con los representantes de los países garantes del proceso de paz entre el gobierno colombiano y las Farc, anunciaron la intención de solicitarle a Naciones Unidas -y en particular al Consejo de Seguridad- la conformación de una comisión de verificación con miras a certificar el proceso de desmovilización, dejación de armas y reintegración a la vida civil, que con seguridad tendrá lugar una vez las partes anuncien la firma del acuerdo final dentro de unos meses. Esta noticia es de gran importancia de acuerdo a lo que todos conocemos como post-conflicto, teniendo en cuenta que se trata de la primera piedra del proceso de finalización de la parte armada de nuestro conflicto interno. Es importante pues ampliar un poco cuál es la naturaleza y el alcance de esta comisión a constituirse.
En virtud del capítulo VII de la Carta de Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad tiene como principal mandato el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional. Bajo dicha misión este órgano ha desplegado diversos tipos de acciones políticas, que van desde la imposición de sanciones a países que son considerados como desestabilizadores de la comunidad internacional, hasta la creación de misiones de peacekeeping (mantenimiento de paz). Estas últimas tienen como objetivo asegurar que las decisiones que se toman en el marco de procesos de paz como el colombiano sean sostenibles en el tiempo y gocen de legitimidad a partir de su verificación.
Según lo anunciado, la misión solicitada por el gobierno colombiano y las Farc al Consejo de Seguridad tendría un carácter eminentemente político, y no implicaría la intervención de elementos militares como los famosos cascos azules, que tanto protagonismo han tenido en casos como el de Kosovo. Es decir, la proyectada comisión tendría como principal objetivo verificar que el proceso de dejación de armas, desmovilización, y reinserción a la vida civil sea efectivo, y se respeten los derechos y obligaciones de las partes en el marco de dicha transacción. En particular, si es el caso y hay una concentración de miembros de la guerrilla en algún lugar del país, la misión de Naciones Unidas estaría llamada a hacer minucioso seguimiento de las condiciones en las que esto ocurra.
Tratándose de un momento tan delicado para la efectiva finalización de las acciones armadas, la confianza de las partes estará más sensible que nunca, de modo que la presencia de un tercero que actúa como amigable componedor es clave. Esto es así porque es muy probable que se generen tensiones alrededor de las condiciones bajo las cuales se produce en desarme y los actores armados proceden a reincorporarse a la vida civil. Sin perjuicio de la buena fe que debe esperarse de las autoridades colombianas, es necesario que contar con la representación de la comunidad internacional para validar lo alcanzado.
Es importante recordar que, en los albores del proceso, el presidente Santos se había dirigido en Naciones Unidas al grueso de los estados para darle connotación global al proceso de paz. En esa medida, solicitó apoyo permanente de parte de la organización y sus miembros, pero también requirió que se respetaran las particularidades del proceso. Esto garantiza que en principio un ente como la Corte Penal Internacional avale el modelo de justicia que se ha diseñado para juzgar y sancionar a los miembros de la guerrilla, y ahora para que con seguridad, la comisión de verificación se consolide prontamente.
Hay que destacar que se ha solicitado que dicha comisión funcione, en principio, por un lapso de 12 meses, y que esté conformada por países miembros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). Esto es muy importante, porque transmite la intención de regionalizar el proceso de verificación en el marco de un proceso de integración que busca hacer lo que hasta el momento la Organización de Estados Americanos no ha logrado: conjugar tendencias políticas tanto de derecha como de izquierda en la gobernanza de América Latina y el Caribe. Estados Unidos queda afuera del proceso… pero en todo caso, como miembro del Consejo de Seguridad, sin duda tendrá un rol efectivo.
Sólo el tiempo dirá si la labor de la comisión de verificación fue efectiva. Lo cierto es que se están dando los pasos correctos para que haya la más absoluta transparencia en lo que se desprenderá de la firma de la paz en nuestro país. Menos mal, lo que este gobierno deja de hacer en materia económica, lo compensa con una actitud seria y sostenida en esta materia.
