Si pensábamos que los tratados de libre comercio e inversión eran lo último en guarachas en materia de integración comercial, el Trans-Pacific Partnership o Acuerdo de Promoción Comercial y de Inversiones del Área Transpacífica (TPP) es la joya de la corona de la economía global. Si nos situáramos en el universo de Star Wars, este sofisticado y masivo instrumento vendría a ser como la Estrella de la Muerte, con la que Darth Vader quiere asegurar su poderío sobre toda la galaxia.

Y como nuestro gobierno quiere estar a la moda en la pasarela neoliberal, y por ende se apunta a cuanta cosa salga, desde enero de 2010 Colombia ha manifestado de forma insistente su respaldo a dicha iniciativa, y su intención de formar parte de este megalítico bloque comercial. No por nada en días pasados, el presidente Santos y el embajador Juan Carlos Pinzón ejercían activas labores de cabildeo con gremios y autoridades estadounidenses para promocionar el ingreso de Colombia al TPP. Y esto se debe a que, muy al pesar de las autoridades nacionales en la materia, pareciera ser que este club de niños ricos no quiere que el zambito cumbiambero -nuestro hermoso y digno país- entre a disfrutar de la cancha de golf, o considera que aún no tiene el handicap para entrar a competir en sus torneos de domingo.

¿Qué tiene de especial el TPP, que mueve tantas pasiones dentro del ala de integración económica del gobierno Santos? Para ponerlo en términos concretos, este mega-acuerdo engloba a 12 países, cuyas economías y niveles de desarrollo son ampliamente dispares, pero que en su conjunto representan alrededor del 40% del producto interno bruto global. La orquesta, por supuesto, está dirigida por los Estados Unidos, quien ha planteado de forma clara que se trata de una estrategia para hacerle contrapeso a la influencia económica de China en oriente, por lo que quiere anticiparse en el establecimiento de reglas globales en materia de comercio e inversión. Es decir, que se busca eliminar barreras arancelarias y no arancelarias al libre comercio, unificar patrones y procesos de integración económica, e instaurar un poderoso mecanismo de protección a la inversión extranjera. El Tío Sam quiere poner a todos en orden, bien sincronizados bajo la idea de un mercado común que derribe fronteras o divergencias en materia de desarrollo, y permita que su modelo sea el modelo.

Y como dentro del imaginario de nuestro actual gobierno se encuentra bien afincada la idea de que -sea como sea- este tipo de acuerdos internacionales son positivos para nuestro país, y que por ende hay que repartir firmas a diestra y siniestra con el fin de volvernos un “actor global competitivo”, es claro que el ingreso al TPP se ve como la cereza del pastel. Por esto es que ha resultado tan confuso para Santos el hecho de que su principal aliado, los Estados Unidos, no haya desplegado acciones decididas para su admisión en el famoso club. ¿Cuáles pueden ser las razones de esto?

Como primera medida, si bien no es un requisito formal para hacer parte del TPP, todos sus miembros son a la vez parte de otro bloque que integración: el Foro de Coordinación Asia-Pacífico (APEC). Éste es un espacio multilateral, creado en la década de 1980, con el propósito de facilitar el intercambio comercial y la generación de políticas económicas comunes en dicha región. Pareciera ser que el hecho de que Colombia no sea parte de APEC es un elemento que dificulta su ingreso al TPP. De otro lado, también se sabe que el hecho de entrar a este bloque de integración implicaría tener que eliminar muchas salvaguardas que protegen al ya malogrado sector agrícola colombiano. Esto ha generado que, al final, los gremios y las autoridades en materia de comercio exterior no terminen de convencerse de esta jugada, por obvias razones. Finalmente, también se ha conocido que Estados Unidos quería concluir de forma rápida las negociaciones del acuerdo, por lo que, al ser la cabeza del esfuerzo, decidió que admitir nuevos miembros -incluso su Little brother Colombia- debía dejarse para más adelante.

Ahora bien, también hay que decir que el no estar dentro del TPP no implica, como algunos quieren hacerlo ver, que Colombia se va a quedar por fuera de las dinámicas económicas globales. En ese sentido, nuestro país tiene acuerdos comerciales vigentes con cinco de los países miembros del TPP -Chile Estados Unidos, Perú, México, Canadá-, mientras que espera que se aprueben definitivamente los tratados bilaterales de inversión firmados con Singapur y Japón. De este modo, la idea que ha sido promocionada respecto al aislamiento del país, en caso de no adherirse al nuevo acuerdo, quedaría desvirtuada.

Y, en todo caso, hay que volver a un tema que es incómodo para muchas personas, pero que debe insistirse con el fin de brindar una mirada alternativa a lo que normalmente se dice sobre las bondades de este tipo de mecanismos globales. De un lado, si bien se han venido publicando apartes del contenido del TPP, el texto oficial que ha permeado las negociaciones no se conoce con exactitud, por lo que cualquier país que quisiera unirse en este momento, tendría que hacerlo a través de una adhesión, sin que se puedan discutir o negociar condiciones específicas. Es decir, “si no le gusta, de malas.”

Y de otro lado, no puede desconocerse que los mecanismos de protección a la inversión extranjera que se han insertado en el TPP tienden a ser antidemocráticos, y podrían limitar las decisiones soberanas de los estados. Nadie menos que el reconocido economista y Premio Nobel, Joseph Stiglitz, ha señalado que el TPP promueve la desigualdad y profundiza las brechas de desarrollo entre las grandes potencias y los países con pequeñas economías y problemas sociales, como Colombia. Además, dice que al tratarse de un proceso secreto en el que no ha habido cabida para la participación de la sociedad civil o las organizaciones no gubernamentales, el tratado les otorga poderes exorbitantes a las ya poderosas compañías multinacionales, especialmente a través de la posibilidad de poder demandar a los estados parte ante tribunales de arbitraje.

Otro experto en la materia, el profesor canadiense Gus Van Harten, ha advertido que los antecedentes del modelo de protección internacional a la inversión extranjera muestran que el TTP ahondaría las falencias y problemas regulatorios que ya existen con los tratados internacionales en la materia. En particular, sostiene que los tribunales creados a partir de dichos instrumentos podrían cuestionar cualquier decisión de una autoridad pública que no estuviera en línea con los intereses de los inversionistas, sin importar que aquellas decisiones sean tomadas con el fin de proteger intereses públicos.

Nadie duda de la buena fe de quienes consideran que estos tratados pueden servir como instrumento de atracción de inversión extranjera. El problema es que, en ocasiones, el derecho internacional es usado como un velo para legitimar la protección de intereses privados sobre el bienestar público, y como un arma para neutralizar la acción del estado en ese sentido, ya que este último le debe lealtad a las normas internacionales sobre las que se ha comprometido.

Incluso, bajo la certeza de que en muchas ocasiones las autoridades públicas actúan de tal forma que los intereses de las compañías multinacionales se ven afectados de forma injustificable, el problema radica en que se desconoce la capacidad y soberanía de las autoridades judiciales colombianas para resolver este tipo de disputas, como debería ser, ya que todo esto ocurre dentro del territorio colombiano. En cambio, se saca la disputa de su foro natural y se le entrega a un tribunal externo, que tiene como lógica fundacional la protección de intereses privados y no la valuación de las razones que mueven a lo público a actuar en cierta forma.

En conclusión, este tipo de tratados les otorgan un estatus especial a los inversionistas extranjeros frente a los normales riesgos económicos de la democracia y la regulación, que en principio deberían afectar de igual forma a todos los agentes privados. Tan cierto es esto que no pocos ciudadanos y empresas colombianas han salido del país para constituir empresas o invertir en negocios ubicados en Estados Unidos o Canadá, con el fin de poder acceder a este tipo de beneficios VIP.

Sin ir muy lejos, la empresa norteamericana Lone Pine Resources Inc. Acaba de demandar a Canadá por la imposición de restricciones a la explotación de petróleo a través de procesos de fractura del suelo o fracking. Sí, así como quieren hacerlo en Colombia…

Hay que hacer un balance juicioso de los beneficios que el TTP le traería a Colombia en materia de apertura a mercados nuevos y atracción de inversión extranjera, frente a los riesgos que hay respecto de la afectación de la industria nacional y las muy usuales demandas que se generan como consecuencia de la asunción de compromisos de protección que condicionan el actuar de las autoridades públicas.

Ojalá desde el Ministerio de Comercio, en cabeza de su recién nombrada ministra María Claudia Lacotoure, se vea con buenos ojos el desarrollo de debates tanto a nivel político como académico, con el objetivo de trabajar juntos por los intereses del país. La academia, a su vez, está lista para sentarse a hablar con respeto y objetividad.