Un nuevo obstáculo se interpone en la justa cruzada iniciada por el Ministerio de Salud, en cabeza del ministro Alejandro Gaviria, para liberar los irracionales precios que actualmente cobra la multinacional Novartis por su medicamento estrella Glivec. La semana pasada se conocieron dos cartas oficiales, emitidas en el contexto de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Colombia, a través de las cuales se busca presionar a las autoridades colombianas del caso para que se abstengan de continuar con esta acción pública.
En un acto enmarcado en la ley –nacional e internacional- y los postulados más básicos de la justicia social, la cartera de salud ha venido adelantando un procedimiento encaminado a que se permita que otros actores del sector farmacéutico puedan producir versiones genéricas de este medicamento contra la leucemia, ya que en principio quien tiene la patente para producirlo es la empresa suiza.
Como consecuencia de esto, el compromiso que el estado ha asumido con los pacientes de este terrible mal, al incluir este fármaco en el Plan Obligatorio de Salud, podría volverse financieramente sostenible y coherente con la realidad económica que actualmente atraviesa Colombia. Además, teniendo en cuenta que Novartis ya se ha beneficiado de forma amplia con los precios que hasta el momento habían sido fijados de forma unilateral: hablamos de cuatrocientos mil millones de pesos en los últimos seis años.
Colombia afrontó presiones iniciales por parte del gobierno suizo, país de donde proviene Novartis, cuando su ministra de economía le pidió a Gaviria que reconsiderara la decisión de declarar al fármaco como de interés público. En ese primer round nuestro país salió avante, y dicho intento de coacción no prosperó. Y ahora, justo cuando el ministro de salud va a solicitarle a la Superintendencia de Industria y Comercio la modificación de la patente de Glivec, aparecen de forma súbita y preocupante una serie de embates provenientes del senado de los Estados Unidos. En particular, las amenazas provienen del senador republicano Orrin Hatch, presidente de dicha corporación, y su subalterno Everertt Eissenstat, quien es el jefe del Consejo de Comercio Internacional del senado. Verdaderos pesos pesados de la política norteamericana.
Las cartas de las que hablo llegaron entre el 27 y el 28 de abril a los despachos de la Canciller Holguín y del Ministro Gaviria, respectivamente. La primera fue enviada por Andrés Flórez, agregado de la embajada de Colombia en Washington, y la segunda llegó directamente de la legación diplomática norteamericana en Bogotá. Ambas transmiten un mensaje muy claro, que vale la pena puntualizar:
- Estados Unidos le solicita a Colombia que se abstenga de continuar con el procedimiento público encaminado a declarar la licencia obligatoria del medicamento Glivec, en cabeza de Novartis, a partir de preocupaciones surgidas en farmacéuticas y grupos de interés norteamericanos.
- Estados Unidos considera que, si bien el caso no afecta directamente a una empresa norteamericana –Novartis es Suiza-, dicha acción regulatoria se ve como una violación a la normatividad internacional en materia de propiedad intelectual y una amenaza latente a los intereses de sus empresas, que están protegidas por el Tratado de Libre Comercio firmado con Colombia en 2006. En este punto se advierte que dichas empresas podrían terminar demandando a nuestro país si sus intereses económicos se llegaran a afectar de forma efectiva.
- Estados Unidos advierte que, en caso de continuar con el trámite de la licencia obligatoria, se pueden generar inconvenientes en la aprobación definitiva de los recursos prometidos para asistir a Colombia en la implementación de las políticas del postconflicto (Plan Paz Colombia, 450 millones de dólares), e incluso se podría incidir para frenar el ingreso de nuestro país al bloque comercial Trans Pacific Partnership.
La pregunta que hay que hacerse es si la presión ejercida por Estados Unidos sobre las autoridades colombianas, a través de los canales diplomáticos, puede considerarse como una infracción al Derecho Internacional. Es decir, si se está afectando nuestra soberanía nacional y capacidad de auto-determinarnos en tanto estado independiente.
Para esto hay que acudir a la fuente, es decir, a lo que dice la Carta de Naciones Unidas sobre cómo deben desarrollarse las relaciones entre los estados miembros de dicha organización. Y al respecto, surgen una serie de consideraciones bien claras:
Señala la Carta de la ONU que, como consecuencia de la soberanía de los estados, sus relaciones deben estar basadas en el principio de igualdad y libre determinación, en el marco de la cooperación internacional para resolver cualquier tipo de problema. Por lo tanto, se consagra de forma clara el principio de no intervención en los asuntos que son esencialmente de la jurisdicción interna de los Estados, y la prohibición del uso de la fuerza contra su integridad territorial o independencia política. Estas normas han sido reiteradas en el marco de la OEA, organismo de integración del cual hacen parte tanto Estados Unidos como Colombia.
Volvamos al caso. El procedimiento que adelanta el Ministerio de Saludo es público y tiene efectos exclusivamente internos, porque liberaría la producción de Glivec –y generaría una variación de precios– sólo dentro de las fronteras nacionales. Novartis puede hacer lo que se le antoje en otros parajes. Si bien es verdad que los efectos de las decisiones económicas son crecientemente globales, en este caso nos encontramos con la actuación de una autoridad interna, motivada por la protección de intereses públicos internos, que emanan de nuestra constitución. Es decir, hay jurisdicción exclusiva.
Tampoco se está actuando de forma contraria a normas internacionales, ni perjudicial a intereses de la comunidad internacional, lo que eventualmente podría justificar una intervención externa. Se trata de una decisión que, eventualmente, afecta los intereses de una empresa privada, lo cual sucede frecuentemente en todas las latitudes debido a los riesgos inherentes de cualquier actividad productiva. El orden público internacional, que se basa en la paz y seguridad en las relaciones entre estados, no se afecta de ninguna forma por la liberación de la patente de un medicamento.
Incluso, la presión ejercida por Estados Unidos no tiene cabida desde la figura de la protección diplomática. Novartis es una empresa suiza, y tiene quién la defienda en caso de enfrentarse a un perjuicio causado por Colombia. Pareciera, más bien, que algunos intereses particulares en la farmacéutica llegan hasta las altas esferas del gobierno norteamericano, y por ende se usa la diplomacia para satisfacer dichos haberes.
Ahora, desde una perspectiva ética, resulta repugnante que la defensa de intereses privados logre posesionarse de las estructuras de gobierno del país más poderoso del mundo, y que como consecuencia se use su capacidad de ejercicio de la fuerza –no tiene que ser física, las amenazas también representan violencia– para “enfriar” procesos regulatorios públicos, que están sustentados en la protección de los derechos humanos de la población colombiana.
¿Qué dicen las autoridades colombianas al respecto? Poquito, y lo que dicen es torpe. Luego de interminables horas de silencio, la Canciller emitió una escueta declaración en la demuestra que desconoce los pormenores del Derecho Internacional y las relaciones diplomáticas, porque muy a pesar de la existencia de las cartas amenazantes, manifiesta que no «cree» que los intereses de Colombia se vayan a afectar de acuerdo a lo que ha “visto y oído” en sus reuniones con el congreso norteamericano. Este no es un asunto de opinión sino de evidencia.
Esta actitud –marcada por el exceso de confianza y la informalidad– es muy parecida al preludio de las decisiones internacionales que han terminado afectado a nuestro país recientemente. En cualquier país digno y orgulloso de su condición de independiente, la reacción hubiera sido distinta. Definitivamente no aprendemos… o tal vez no queremos aprender.
Twitter: @desmarcado1982