Hace alrededor de 9 meses escribí una columna titulada ¿Y si Novartis Demanda a Colombia? En ella, se avisaba sobre la cierta posibilidad de que la multinacional farmacéutica suiza adelantara acciones legales internacionales contra nuestro país, con ocasión de la importante decisión del Ministerio de Salud –en cabeza de Alejando Gaviria– de intervenir el mercado del medicamento para la leucemia Glivec.

En su momento, el ministro asumió las banderas de tres organizaciones de la sociedad civil –Fundación Ifarma, Misión Salud y CIMUN de la Universidad Nacional– que demandaban la declaratoria de interés público de dicho medicamento y la expedición de una licencia obligatoria que liberara los precios. Esto, teniendo en cuenta el alto costo para pacientes con escasos recursos y el impacto que se su inclusión en el POS colombiano les generaba a las finanzas públicas.

A pesar de groseras presiones provenientes de la Secretaría de Economía Suiza y el Senado Norteamericano para que el gobierno colombiano se abstuviera de adelantar esta acción regulatoria, la actitud del ministro Gaviria siempre fue consistente con su posición en la cartera de salud. Se abrieron negociaciones para persuadir a Novartis de bajar el precio del Glivec, pero se dejó en claro que no había marcha atrás en la decisión, con miras a la protección del derecho a la salud de los colombianos.

Sin embargo, en este tipo de asuntos –donde se mueven gran cantidad de intereses políticos, sociales y económicos– hay elementos secretos y oscuros, que, en principio, pasan sigilosos sin que la opinión pública pueda acceder a ellos. Elementos que pueden generar la diferencia a la hora de determinar si la conducta de un funcionario público o un gobierno puede mantenerse fiel a la satisfacción de los derechos y las necesidades de la gente, o si el poder brutal del sector privado tiene la capacidad de jugar un papel definitivo en lo público.

Se supo hoy, a través del portal especializado Investment Arbitration Reporter, que el 24 abril de este año, una vez el gobierno formuló una propuesta para bajar el precio del Glivec en 45% e incluso antes de que se ejercieran presiones por parte del órganos públicos de los Estados Unidos, el Ministerio de Industria y Comercio colombiano recibió una notificación de intensión de demanda por parte de Novartis, que como empresa suiza se amparaba en el tratado de inversión firmado por los dos países en 2006.

La pregunta que hay que hacerse aquí es si dicha amenaza, aunada a las presiones anteriores, tuvo o tendrá alguna influencia en las decisiones adoptadas por el gobierno. Porque una cosa es que lleguen cartas con “sutiles” referencias a consecuencias negativas para el país, y otra es recibir una notificación oficial que origina la expectativa real de una millonaria condena.

Hay varios elementos que quedan en el aire, pero que permiten hilar ciertas conclusiones.

Como primera medida, las negociaciones entre el gobierno y la empresa a través de las de las cuales se buscaba llegar a un acuerdo sobre el nuevo precio del medicamento, se cerraron el 28 de abril de 2016 y sin que se hubiera llegado a ningún tipo de acuerdo.  Sin embargo, se reabrieron tan sólo un mes después, 27 de mayo, y bajo una nueva actitud por parte del Ministro Gaviria. Ya no se hablaba de la declaratoria de una licencia obligatoria que abriera el mercado para otros competidores, sino que se planteaba la reducción unilateral de precios por parte de la Comisión Nacional en la materia.

¿Es posible pensar que la notificación de intención de demanda ante un tribunal de arbitraje internacional haya logrado minar la confianza del ministro Gaviria, o peor aún, haya desencadenado una orden de presidencia para que se modificara la actitud ante las pretensiones de Novartis? Porque lo cierto es que se reanudaron unas negociaciones que ya estaban terminadas, y se cambió de estrategia de intervención.

Y es que las implicaciones de esta decisión traspasaban las fronteras nacionales. La eventual imposición de una licencia obligatoria a un producto como el Glivec – y a un superpoder económico como Novartis – hubiera desencadenado acciones similares a lo largo y ancho del mundo, particularmente en países en desarrollo con sistemas de salud frágiles. Es posible inferir que numerosas tensiones hubieran surgido, incluyendo la instauración de demandas como la que hoy en día puede afectar a Colombia. Es probable que, al enfrentarse ante semejante panorama, el Ministerio de Salud hubiera decidido buscar una solución alternativa y menos ruidosa.

Tan posible es esto que, en los últimos meses, el Ministerio de Salud ha corrido para reglamentar un procedimiento que permita la regulación unilateral de precios en casos en los que hay de por medio una declaratoria de interés público, como el de Novartis. Sólo desde el pasado 22 de noviembre, con la expedición de la circular 3/16, el país cuenta con un mecanismo concreto para determinar el precio de medicamentos como el Glivec sin que se requiera de una licencia obligatoria.

El propósito de este artículo no es señalar el desempeño del ministro Alejandro Gaviria, ni mucho menos desconocer la complejidad de este escenario político, donde se cruzan las obligaciones del estado colombiano de proteger los derechos de sus ciudadanos con los compromisos internacionales adquiridos. Se trata, sin duda, de un ámbito en el que lo político desborda a lo técnico, y contrario a lo que se quiere hacer creer, es necesario tener en mente el potencial devastador que tienen los tratados bilaterales de inversión, al ofrecer protección exorbitante a los inversionistas extranjeros, aun a costa del cumplimiento de la constitución nacional.

Quedan muchos interrogantes sobre la mesa que, ojalá, sean debidamente atendidos por las autoridades de forma pronta y eficaz.

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