Impotencia y frustración, es lo que refleja la problemática en este país en torno a la manera como vienen siendo castigados los niños y adolescentes, según el Código de Infancia y adolescencia, que empezó a regir en el año 2006 y que demuestra la incapacidad y falta de investigación para legislar este tipo de cuestiones tan importantes y fundamentales en una sociedad.
Tal Código, refleja la permisividad, falta de recursos y coercitividad y la manera tan enerve como se afrentan asuntos que son la base de progreso y desarrollo de todo país, o es que acaso la educación no es el reflejo de mejores ciudadanos comprometidos por la sociedad y de un mejor progreso y evolución de las naciones.
Es acaso ¿problema de la ley, la familia o del gobierno?, pues cada uno de ellos tiene gran responsabilidad, porque el rescate de la familia implica luchar por el acompañamiento, amor y autoridad que requiere un menor para crecer en el seno de la norma, los valores y la conducción por el mejor camino de acuerdo a las condiciones sociales; la ley debe ser creada para regular todas aquellas conductas exteriorizadas buscando siempre una mejor convivencia y el gobierno debe brindar el presupuesto y apoyo necesario para crear mecanismos de control, infraestructura, y recursos para lograr verdaderos procesos de rehabilitación y educación con proyección a futuro.
Por otro lado, el Código no regula la responsabilidad penal para los menores de 14 años pero si para los menores adultos, de los 14 hasta cumplidos los 18, fundamentando la sanción para éstos, en procesos de rehabilitación y resocialización, lo cual está en manos principalmente del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), el cual se ha dedicado simplemente ha suplir las necesidades básicas de los jóvenes delincuentes, brindándoles alimento, techo y vestido en las correccionales.
Tal Código, por otro lado, brinda un sin numero de garantías a los menores infractores los cuales no pueden ser declarados penalmente responsables, ni siquiera juzgados ni ser privados de la libertad, con excepción de los menores adultos de los 14 hasta cumplir los 18 años. Se establecen por tanto medidas de seguridad y no se tipifican delitos.
Es obligación del estado, la familia y la sociedad comprometerse y brindar la protección y el respeto a los derechos de los menores de edad, pero también se requiere abrir la compuerta al cumplimiento de los deberes y lograr también el reconocimiento de los valores y derechos que tiene la comunidad.
Es urgente y mas que necesario una reestructuración en cuanto al trato que se le viene dando a los menores de edad, no solo referente a la responsabilidad penal, sino a nivel educativo e inclusión social, porque son la base y semilla para el futuro, o es que acaso es mejor tener mas cárceles y menos centros educativos?
Ser mayor de edad, significa compromiso, valor, autonomía, responsabilidad y liderazgo en una sociedad que día tras día requiere mejores ciudadanos y menos delincuentes porque educar vale la pena, pero sancionar es obligación del estado en casos en los cuales se requiere ejercer mas autoridad y menos pedagogía.
«Educad al niño y no tendréis que castigar al hombre» Aristóteles