Desde que tomó posesión el
presidente Juan Manuel Santos el pasado año, le ha tocado lidiar con dos
fuertes temporadas invernales que han provocado caos vial, ambiental, económico
y social, de ahí que en la ultima temporada invernal se haya decretado la emergencia
económica, social y ecológica, para afrontar la intensidad de las lluvias e
inundaciones mas fuertes de los últimos 40 años en el país.
Es claro, que las entidades
administrativas o gubernamentales encargadas de dar solución a la crisis van
desde los Ministerios, la Presidencia, gobernaciones y alcaldías pasando por los
entes de control territoriales como las CAR, que son un foco de corrupción,
ineptitud e irresponsabilidad y las cuales inicialmente son las encargadas por
la Ley de administrar dentro del área de jurisdicción, el medio ambiente y los
recursos naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible, de
conformidad con las disposiciones legales y las políticas del Ministerio del
Medio Ambiente, el cual no ha logrado desde hace varios años liderar e impulsar
un gran proyecto ambiental que comprenda una regulación especifica a problemáticas
como la tala de arboles, la contaminación en los ríos, quebradas, y bosques y
la invasión de predios en lugares de riesgo, que se supone que pasará a ser
regulado por el Ministerio de vivienda.
Pueda ser que para muchos el
fenómeno de la niña o el calentamiento global sean sucesos naturales, que es
imposible evitar y que es normal que causen estragos como inundaciones o deslizamientos, pero es acaso inevitable e
incontrolable, que en ciudades como Barranquilla se presenten arroyos de gran
magnitud, o en Bogotá se inunde la Sabana, o en casos mas dramáticos como los
deslizamientos en los que se ven involucradas muchas vidas, pero que irónico
que tragedias como la de La Gabriela en Bello o la de hace poco en Manizales se
hubieran podido evitar, porque habían sido decretadas zonas de riesgo y en
palabras del mismo gobierno, habían sido tragedias anunciadas.
Por otra parte, es crítico el
panorama nacional en materia de infraestructura vial, una herencia de 8 años de
gobierno que permitieron a muchas personas del país volver a sus fincas y
viajar por carretera pero sin medio posible para hacer factible tal fin.
Al día de hoy aproximadamente un
15% de la red de carreteras del país está pavimentada, estando por debajo de
muchos países de la región como Chile, Brasil, Argentina, Bolivia, entre otros,
algo que indudablemente deja muy mal parado al país y que será un gran reto
para hacer efectivo el laureado TLC que a corto plazo puede convertirse en un
fracaso, y tendría que pasar de por medio una década para hacerlo factible y
ejecutable en todos sus ámbitos.
Grandes retos con los que cuenta
el gobierno de Santos que hasta el momento no ha logrado engendrar un plan de
choque contundente y certero para mitigar y controlar los estragos del invierno
en el país.
¿Cuántas
temporadas invernales habrá que esperar para, por lo menos, controlar y
ejecutar obras en pro del medio ambiente, la economía y la ciudadanía?