Por estos días las bandas delincuenciales o criminales, conocidas como BACRIM, han vuelto a cobrar importancia con el
llamado a paro que hicieron en la zona del Urabá antioqueño y parte de la
costa, buscando intimidar y sembrar temor en la población, logrando así
rechazar la muerte en el Chocó de su máximo cabecilla Juan de Dios, alias
Giovanny, abatido por la Policía el pasado 1 de enero.



Hoy en día el empoderamiento de
la fuerza estatal y la presencia de la fuerza pública en las regiones apartadas
del país debe seguirse convirtiendo en una prioridad, porque no es posible que
las bandas delincuenciales hoy en día paralicen el transporte y comercio en
gran parte del territorio nacional, teniendo presente que éstas son la
consecuencia directa de las falsas desmovilizaciones y el fantasma de las
autodefensas, que para muchos estaban prácticamente desaparecidas pero que
siguen actuando en alianza con grupos armados de las FARC por un fin común, el
narcotráfico, el patrón de los males de nuestro país, que ha generado
derramamiento de mucha sangre, terror, bombas, secuestros y ha provocado
pobreza, desempleo, impunidad y poco desarrollo en la infraestructura del país.

Para este nuevo año, el gobierno
debe ser consciente de la magnitud del problema de las Bacrim, porque aunque la
guerrilla sigue sembrando violencia en departamentos como el Cauca, unas de las
prioridades en materia de seguridad debe ser combatir las bandas
delincuenciales que vienen cogiendo ventaja los últimos años y que se han ido
convirtiendo en el gran desafío y reto para el Estado, como lo dijo los últimos
días el gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo.

Es claro, que lo que viene
sucediendo hoy en el país es producto de sujetos que provienen de las
autodefensas, otros tantos desmovilizados que siguieron delinquiendo y la
perversa alianza de las BACRIM con las FARC en busca del jugoso negocio del narcotráfico,
que funciona en procura de llevar la droga a México donde atraviesa
directamente la frontera a la tierra sagrada para los grandes consumidores,
como lo es USA, que busca combatir los cultivos de droga en otros países, como
el nuestro, pero poco hace por el grave y generalizado consumo de
estupefacientes en su país.

Por otra parte, otro de los
grandes retos no solo para el gobierno nacional sino para los gobiernos
locales, como en el caso de Medellín, es buscar las mejores alternativas y
frentes de seguridad posibles en contra del microtráfico de drogas, que se viene
presentando en las comunas populares y, además, para frenar males tan
generalizados en la población como los robos, las vacunas y los homicidios que
lo único que generan es mayor violencia, pobreza y desempleo principalmente.

Que en el 2012, el gobierno no se
quede en propuestas y llamados y que tampoco se comprometa a cumplir, sino que
con los hechos demuestre verdaderamente porque estamos de «luna de miel» y
porque hoy por hoy el diálogo, el aspecto social, los campesinos, desplazados y
desempleados han vuelto a cobrar importancia en el país, en una Colombia donde
el Estado siempre debe estar un paso adelante que la delincuencia y no al
contrario como parece que viene sucediendo en algunas regiones.