Hace poco tuve la oportunidad de
visitar en la ciudad de Medellín, el centro de rehabilitación, Carlos Lleras
Restrepo, mas conocido como La Pola, donde son llevados todos aquellos menores
delincuentes que son privados de la libertad, en busca de tener la posibilidad
de evidenciar las condiciones y problemáticas generadas en estos lugares.


La actual legislación de infancia y
adolescencia pretendió darle un giro de 180° al tratamiento que se le debe dar
al menor acogiendo la doctrina de la protección integral, como principio
rector de la Convención Internacional sobre los Derechos de los Niños de 1989,
que hasta hace muy pocos meses fue ratificada por Estados unidos, un país que
por excelencia exige la protección de los derechos humanos pero es pionero de
primera clase en no firmar acuerdos y convenios internacionales para no
comprometerse ni implementar cambios que permitan darle una nueva visión a
temas como la globalización, narcotráfico, pena de muerte, medio ambiente,
guerra, entre otros aspectos que requieren salidas concordadas y unidas para
generar impactos comunes a nivel mundial; y por otra parte, apenas, hasta el
año 2006 fue implementada y adecuada legalmente en nuestro ordenamiento jurídico
colombiano, mas conocida como la ley 1098 de 2006, código de infancia y
adolescencia.

Por otro lado, la actual legislación
de infancia y adolescencia tiene como finalidad generar una responsabilidad
mancomunada entre el Estado, Sociedad y Familia como entes directos
responsables de la educación y desarrollo de los menores,  además se asigna un tratamiento preferente y
un tanto «exclusivo» a partir de la noción de resocialización y rehabilitación,
en busca de que aquellos «precoces» delincuentes le sirvan a la sociedad en un
futuro, y por eso la posibilidad que existe, en este caso, dentro de la Pola,
de aprender algunos trabajos como panadería, cocina, artesanía, entre otras
cosas.

Mi visión del actual sistema de
legislación me genera repudio y rechazo parcial por el tratamiento victimizador
que se le asigna al menor, que se comporta como adulto para cometer el delito,
pero es juzgado como un inofensivo y afligido menor de edad, como sujeto pleno
de derechos y obligaciones, sin embargo, comparto la posibilidad de que se le
brinde al menor un tratamiento resocializador que le permita crear un plan de
vida y aprenda ciertas labores con las cuales pueda defenderse en la sociedad.

Durante mi visita a este lugar,
indague a los menores infractores referente a cual había sido el factor que los
había llevado a cometer el delito, y para sorpresa mía, la repuesta univoca de
3 adolescentes fue responder que había sido una decisión completamente autónoma
sin presiones ni perturbaciones familiares y sociales, lo que me permite
inferir, que actualmente para muchas personas del común, el ver una justicia
debilitada, ¡ impune ! y pasiva de manera fehaciente, les abre la posibilidad
de delinquir porque saben la manera de evadir la justicia y construir impunidad
día tras día, así como las circunstancias históricas de un país que se consume
en medio de la cultura sicarial, el narcotráfico y su consecuente problema de
drogadicción a causa del microtrafico de drogas y consumo interno, y la
violencia de diversos actores armados y no armados que han fusilado muchas
ilusiones y sueños de muchos colombianos, que a través de las palabras, las
insinuaciones y los hechos han logrado naufragar por momentos este gran barco, llamado
República de Colombia.

Así mismo, constaté en este centro de
rehabilitación las buenas instalaciones con las que cuentan estos menores, ya
que tienen canchas de fútbol, piscina, espacios verdes, capilla, restaurante,
lavandería, panadería, entre otros lugares que pretenden que el menor tome
conciencia de sus actuaciones y realice actividades que lleven a rehabilitar al
menor, aunque en la realidad se haya convertido en un juego el hecho de que los
menores se puedan volar sin mucha complejidad, formando motines por ejemplo, en
busca de distraer la seguridad. 
Véase: Noticia El Mundo. Mayores controles en La Pola. CLIC AQUÍ

 

Finalmente, son muchas las soluciones
facilistas y de poco impacto que saltan a la vista desde algunos centros de poder
nacional, como el congreso en donde muchos opinan que se debería discutir la
edad de judicialización de menores, es decir, que no sea desde los 14 años,
sino tal vez desde los 10 o 12 años, mientras que las propuestas allegadas del
gobierno es la construcción de mas cárceles para evitar el hacinamiento  y problemas de inseguridad y a nivel
sanitario, en un lugar que como La Pola ya empieza a sentir el impacto de la
sobrepoblación de internos a pesar de no estar actualmente en medio de
problemas de sanidad y de enfermedades pandémicas como en varias cárceles del
país: Bellavista, La Modelo, la Picota, entre muchas otras donde la violación
directa de los derechos humanos de los presos es inminente.

Una de las soluciones más reales,
concretas y efectivas es la posibilidad de que el gobierno nacional asigne un
mayor presupuesto, para una potencial y correcta rehabilitación de los menores
infractores de la ley, pero no solo para el tema de infraestructura sino para
capacitar y elegir un buen número de personas idóneas con conocimiento en la
causa que sean los encargados de las actividades dentro del centro de
rehabilitación, y además de ello, brindar la oportunidad para que estos menores
accedan a una técnica, tecnología o profesión y así estos puedan ingresar al
mundo laboral con las mejores herramientas científicas y de conocimiento.



«Cuando en un país como Colombia no
se sanciona de manera correcta al menor haciendo reproche a su actuación
delictiva y, además de eso, el gobierno no le apuesta decididamente a la
cultura, la educación, la ciencia y la tecnología como instrumentos para
combatir la desigualdad y la ignorancia seguirán los mismo poderosos cabalgando
sobre el lomo de los ignorantes, para los cuales pareciera que el pan y el
circo les bastara para subsistir»


Espere el próximo sábado, un artículo referente al seriado de ESCOBAR: El patrón del Mal, sus repercusiones sociales y la mirada crítica y reflexiva al impacto generado por el Canal Caracol


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