Por David Lipton
Una de las primeras cosas que aprende la mayoría de los estudiantes de Economía es la paradoja del agua y los diamantes. ¿Cómo puede ser que el agua, que es indispensable para la vida, sea gratis, y que los diamantes sean caros, si nadie va a morir por no tener diamantes?
La respuesta es que el agua puede ser gratis si la oferta de agua es abundante con respecto a su demanda. A escala mundial, sin embargo, no cabe duda de que la demanda de agua es mayor que la oferta. Este desequilibrio es el indicio más claro de que el precio del agua es bajo. Pese a ello, las autoridades de los países se resisten a establecer tarifas para el agua de la misma forma que fijan el precio de otros bienes.
En un estudio reciente examinamos si esa decisión es la correcta. ¿Logran los gobiernos proteger a sus ciudadanos al proporcionarles agua barata? Quisiera aprovechar este Día Mundial de Agua para analizar este tema más detenidamente.
La función de los incentivos de precio
Si el precio del agua no es el adecuado, la asignación de este recurso, tanto hoy en día como en el futuro, será deficiente. Las consecuencias de una mala asignación hoy en día pueden ser sed, baja productividad agrícola o, aun peor, problemas de sanidad, enfermedades y desnutrición. Y una mala asignación en el futuro puede provocar una inversión insuficiente en infraestructura y en tecnologías que permiten satisfacer las necesidades futuras de agua y velar por la seguridad de los recursos hídricos.
La suma de estos efectos puede hacer mella en el desempeño macroeconómico y el crecimiento de las economías. La experiencia de los países pone de manifiesto lo importante que es determinar correctamente el precio del agua. Consideremos, por ejemplo, el caso de India, donde el precio demasiado bajo del agua y sus insumos contribuye a la escasez que se observa actualmente en ese país y a problemas a largo plazo que serán difíciles de resolver. Los subsidios que inciden en el precio del agua —como los que reducen el precio del diésel o proporcionan electricidad gratuita para alimentar bombas de riego— han dado lugar a una sobreexplotación generalizada de acuíferos subterráneos y a un aumento de la salinidad del suelo, lo cual prácticamente ha anulado los aumentos de productividad de la revolución “verde” de los años sesenta.
También podríamos citar el caso de California, donde el gobernador Jerry Brown decretó a mediados de 2014 una reducción anual del consumo de agua de 25% con respecto a 2013. La escasez de agua en California fue consecuencia de muchos factores, como las graves sequías y temperaturas máximas sin precedentes, pero también incidieron las décadas de tarificación deficiente del agua. Esta experiencia demuestra que los incentivos de precios deben desempeñar un papel importante en la racionalización del uso del agua.
Son numerosos los ejemplos de otras partes del mundo que demuestran que una tarificación errada conduce a lo que se denomina “la tragedia de los comunes”, en que el consumidor de un recurso actúa de forma independiente y racional, en función de su interés propio, pero al agotar el recurso termina actuando en contra del bien común de todos los usuarios. Así lo evidencian el rápido agotamiento de los acuíferos subterráneos y el deterioro de la calidad del agua.
La punta del iceberg
En muchos países, los servicios públicos de suministro de agua cobran a los hogares un precio que es apenas una fracción de lo que cuesta proporcionar este recurso, y menos aún si se tienen en cuenta el mantenimiento y la ampliación de la infraestructura relacionada con el agua.
Según cálculos de economistas del FMI, en 2012 esta tarificación por debajo del costo equivalió a subsidios por un total de USD 456.000 millones a escala mundial, o aproximadamente un 0,6% del PIB mundial. En algunos países, los subsidios ascienden hasta un 5% del PIB. Y eso es tan solo la punta del iceberg, ya que estas estimaciones no tienen en cuenta el uso de agua con fines agrícolas que, en los países en desarrollo, constituye la mayor parte del consumo.
En algunos países, los subsidios del agua llegan incluso a superar el gasto total en inversión pública (véase el gráfico 1), lo cual apunta a que otros gastos productivos están siendo desplazados.
Si proporcionar agua gratis ayudara a los pobres, los subsidios quizá podrían justificarse, pero nuestro estudio concluye que no son equitativos y no logran su objetivo declarado.
Dado que los subsidios son proporcionales al volumen que se consume, y dado que el acceso de los pobres al agua potable suele ser limitado o nulo, los subsidios en los países en desarrollo a la larga benefician principalmente a los grupos de mayor ingreso. Hay economías de bajo ingreso en las que los hogares más acomodados reciben, en promedio, el equivalente de tres dólares en agua subsidiada por cada dólar de agua que reciben los más pobres (véase el gráfico 2).
Precio justo, consumo inteligente
¿Cuál es la solución entonces? Lograr un consumo más eficiente de agua exige un enfoque holístico, complementado con reformas de las políticas que determinan ese consumo, ya sea directa o indirectamente. Los gobiernos podrían adoptar normas para fortalecer los derechos de acceso al agua y promover la eficiencia en el consumo, crear instituciones sólidas e independientes encargadas de la gestión del agua, y realizar campañas de concientización que ayuden generar respaldo para estas reformas.
La reforma de la tarificación debería ser parte integral de toda iniciativa destinada a mejorar la gestión del agua, ayudar a racionalizar la demanda, mejorar el suministro y aprovechar nuevas fuentes de abastecimiento. Las tarifas que fijen las autoridades deben permitir recuperar todos los costos, incluidos los de mantenimiento e inversión, y el régimen tarifario que se diseñe debe ampliar el acceso al agua para los pobres y los grupos vulnerables.
En Burkina Faso, por ejemplo, se adoptó una tarificación progresiva del agua potable basada en el volumen, en el marco de la cual los usuarios que más consumen subvencionan a las personas que menos consumen así como también los costos de saneamiento. Actualmente, la empresa pública a cargo de la gestión del agua ha obtenido tasas de recuperación del 97%, sus coeficientes de endeudamiento son bajos y genera utilidades anuales. Gracias a estas reformas de tarificación, en las dos últimas décadas se ha duplicado el acceso al agua potable, lo que representa un gran logro en un país en que el agua es escasa y las precipitaciones son sumamente variables.
¿Por qué le interesa al FMI este tema? Es evidente que las cuestiones relacionadas con el agua tienen consecuencias económicas, y si no se abordan en forma acertada dichas cuestiones pueden perjudicar las perspectivas económicas de los países. Esperamos que el estudio de la dimensión económica de estos problemas permita arrojar luz sobre este importante tema. Como demuestra el caso de California, postergar la adopción de medidas es un lujo que el mundo no puede permitirse.
Véase más información en esta infografía sobre el agua y en este artículo de Finanzas y desarrollo.
Este blog fue publicado por el Fondo Monetario Internacional.
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