¡Colombia no es Uribe!

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Desde que la justicia colombiana ordenó el arresto domiciliario del señor Álvaro Uribe Vélez, algunos de sus adeptos han buscado polarizar al país de todas las formas posibles. Es así como se han dejado de tratar asuntos tan importantes como la pandemia, la economía y el orden público; para centrar la atención en un proceso que involucra a un solo individuo.

Colombia cuenta con aproximadamente 50 millones de habitantes quienes tienen múltiples problemáticas sociales, como para dedicarse exclusivamente a un ciudadano que tras décadas de ostentar el poder, no acepta que también puede ser juzgado. Además, se supone que todos los colombianos tenemos las mismas garantías y que nos cobija el Estado de Derecho. Razón por la cual, lo correcto es dejar trabajar a la justicia.

Resulta absurdo que los uribistas aleguen que hay una persecución política contra su líder e incluso, afirmen que está secuestrado. ¿Cómo podría existir una persecución política cuando el presidente es el señor Iván Duque quien abiertamente hace parte del uribismo?, ¿Cómo podría existir una persecución política cuando la coalición de gobierno es mayoritaria en el congreso?, ¿Cómo podría existir una persecución política cuando el uribismo domina todas las instituciones del país?, ¿Cómo pueden afirmar que Uribe está secuestrado cuando vive en una hacienda de más de 1.500 hectáreas en la cual tiene caballerizas, lagos y cientos de hombres a su servicio?

Es así que el fanatismo de algunos simpatizantes del presidiario #1087985 ha llegado a niveles tan extremos que debería preocupar a toda la comunidad internacional. Lo anterior puesto que están fomentando ataques contra la independencia judicial a la vez que pretenden desestabilizar el país. Como efecto, tanto la paz como la democracia colombiana se encuentran en serio riesgo, algo que puede tener graves consecuencias en todo el hemisferio occidental.

Lo más preocupante es que se está experimentando un incremento de la violencia política en todo el territorio nacional. Volvieron las masacres, los asesinatos de líderes sociales, las interceptaciones ilegales y todo tipo de atrocidades contra la población civil. Coincidencialmente, a partir de la detención del señor Uribe, lo que también debería llamar la atención de los distintos organismos internacionales.

Lamentablemente, el que más atenta contra la democracia colombiana es el propio gobierno colombiano. El presidente, quien debería ser neutral respecto a los asuntos de la rama judicial, no ha ahorrado esfuerzos para defender a su mentor político y atacar a la Corte Suprema de Justicia. Tanto es así, que no hay medio en donde no haya manifestado su desacuerdo con el proceso, desconociendo que él no puede ejercer como presidente y a la vez, como abogado defensor.

En sintonía con el presidente, el partido de gobierno no ha hecho otra cosa que deslegitimar a la Corte Suprema de Justicia e incluso, plantear el exabrupto de una constituyente y una reforma a la justicia. Prácticamente, se está pretendiendo que el señor Uribe no sea procesado por los múltiples delitos que presuntamente ha cometido y por los cuales se le está investigando y que de esa forma, tenga privilegios jurídicos sobre los demás ciudadanos. Según el partido de gobierno, la justicia debe ser condescendiente con su colectividad o ser modificada, algo propio de las dictaduras.

Asimismo, es inaceptable que en sincronía, diversos mandatarios y funcionarios estén atacando a la justicia. Olvidan que quienes ostenten una posición en el sector público ya sea porque fueron elegidos mediante voto popular o porque fueron nombrados, no deben inmiscuirse en los asuntos que le competen exclusivamente a la rama judicial pues el hacerlo, les podría acarrear serias sanciones. En ese sentido, la Procuraduría General de la Nación debe penalizar a quienes incumplen la ley.

Sin embargo, lo que más ha indignado a los colombianos es que el vicepresidente de los Estados Unidos se haya pronunciado sobre este caso y que incluso, haya tenido el atrevimiento de pedir que el procesado quede en libertad. Algo que además de ser un ataque directo hacia la independencia judicial colombiana, constituye una gravísima intromisión en los asuntos internos de nuestro país.

El señor Mike Pense olvida que en las democracias, el poder ejecutivo no debe interferir en la gestión del poder judicial y que los miembros de los gobiernos extranjeros, no tienen autoridad para interferir en los procesos judiciales colombianos. Claramente, Estados Unidos está violando la soberanía de Colombia y atentando contra nuestra democracia.

Por si fuera poco, en este proceso también ha interferido una parte del empresariado. Es inaceptable que se hayan despedido trabajadores por su opinión política y que de ese modo, también se esté atentando contra la libertad de expresión y la democracia. Es injustificable que se estén promoviendo tendencias de odio en las redes sociales en contra de los opositores de Uribe y que incluso, se le quite el patrocinio a los deportistas y a los artistas que manifiestan su descontento con el actual gobierno.

Olvidan los empresarios que su posición no les faculta para chantajear a otras personas respecto a la manera en que deben pensar so pretexto de ser despedidos o no contratados. Desconocen los empresarios que no pueden utilizar su poder económico para restringir las libertades civiles. Olvidan los empresarios que no son dueños de Colombia y que sus colaboradores no son sus esclavos, son ciudadanos con derechos. Desconocen los empresarios que se están comportando como fascistas y que por ello, también pueden ser judicializados.

No obstante, quizá sean los medios los más responsables de la polarización que hay en el país y de la violencia que ello ocasiona. Es impresentable que en cada emisión de los noticieros de los dos únicos canales con cobertura nacional, no se hable de otra cosa que del señor Uribe. Lo mismo ocurre en todas las emisoras radiales y en la prensa escrita tanto impresa como digital. Claramente, se ha dejado de hacer periodismo por hacer proselitismo político.

Es inaceptable que se pretenda imponer el Estado de Opinión sobre el Estado de Derecho. Los directores, editores y comunicadores de los distintos medios; deben hacer un alto en el camino para reflexionar sobre su papel en la sociedad y así no seguir incendiando el país. También para entender que no son dueños de la verdad y que tampoco son la voz del pueblo, sólo la de los grupos económicos a los que pertenecen. Es por ello que Colombia necesita expedir una ley de medios más democrática con el fin de darle voz y visibilizar a todos sectores de la sociedad.

Sin embargo, la ciudadanía también es culpable de la difícil situación del país al dejarse manipular, al comportarse como barras bravas y al vender su voto en cada elección. Ya es momento de que el conjunto de los colombianos madure políticamente y actúe como una sociedad civilizada que sabe exigir sus derechos y ejercer sus deberes teniendo como premisa que nadie está por encima de la ley.