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Bogotá, sede de la democracia colombiana. Foto: Juan Carlos Martínez Castro.

En Colombia, el 1 por ciento de la población se adueñó de todo. Los demás, reciben un ingreso fijo y la gran mayoría, solo el SMLV o menos o nada. El gobierno y los gremios suelen divulgar sin ninguna vergüenza las cifras del crecimiento económico del país y las utilidades billonarias de algunos sectores como el bancario y el energético. Sin embargo, nunca se atreven a difundir con igual intensidad las cifras de la distribución de la riqueza o de la disminución de la pobreza. Claramente, porque buscan ocultar la enorme inequidad que se presenta en nuestra patria.

Muchos colombianos están desempleados, además se encuentran endeudados y la gran mayoría se halla entre la espada y la pared debido a los altos precios que pagan por los diferentes productos y por los exorbitantes impuestos que tributan, algo que contrasta con los bajos salarios que perciben y con su precaria calidad de vida. De hecho, una gran cantidad de ciudadanos no tiene servicio de salud, tampoco acceso a la educación, menos aún una vivienda digna y ya ni siquiera se van a poder pensionar. Una dura realidad que se está empezando a evidenciar y que es la principal razón del Paro Nacional.

Y es que la situación es verdaderamente preocupante, el desempleo ya supera el 20 %, pero todos sabemos que es mucho más alto aunque el Dane diga lo contrario. De hecho, se están midiendo actividades propias del subempleo como si fueran formales y se está ignorando el impacto de la llegada masiva de ciudadanos venezolanos al mercado laboral colombiano. Además, no se está teniendo en cuenta la enorme dificultad que tienen algunos segmentos de la población para ser contratados como son las personas que superan los 40 años de edad, los profesionales que carecen de experiencia laboral y algunas comunidades excluidas tradicionalmente como son los afros, los indígenas y las colectividades LGBT.

Una de las causas que ha contribuido al declive de la economía y por la que se están quejando muchos empresarios, es porque toda la inversión extranjera directa que llegó gracias al proceso de paz que realizó el anterior gobierno, la está espantando la actual administración por su alta beligerancia. Lo anterior dado que ningún empresario arriesgará su capital en un país cuyo propio presidente, no hace más que promover la guerra. Como efecto, los capitales que llegaron en los últimos años se están yendo a otros lugares, dejando a muchos socios y proveedores nacionales en la bancarrota y a sus colaboradores sin trabajo.

Por otro lado, la deuda de una familia común es muy alta, tanto como la propia deuda externa que ya prácticamente representa la mitad del PIB nacional. Solo es ver la situación del colombiano promedio quien se compromete a 10, 20 o 30 años para pagar desde su casa, su vehículo y su educación; hasta su teléfono celular, el mercado mensual y los servicios públicos que consume. Además, los colombianos tenemos que tributar unos impuestos altísimos que no se reinvierten en el país pues son absorbidos por la corrupción que en cifras conservadoras, se apropia de unos 50 billones de pesos al año más los valores que son enviados a paraísos fiscales y de los cuales se desconoce su monto.

La situación de Colombia es tan precaria que la inmensa mayoría de colombianos carece de un servicio de salud y quienes lo tienen, así sea bajo el régimen contributivo, se ven obligados a interponer acciones de tutela para que las EPS les atienda oportunamente o les entregue los medicamentos. Prácticamente, el colombiano tiene que mendigar su atención médica aún cuando está pagando por lo que se supone que es un derecho ciudadano.

El acceso a la educación sigue siendo un privilegio. Son muy pocas las personas que pueden ingresar a la universidad pública. A los demás, les toca en la universidad privada que es sumamente costosa. Tanto así, que deben recurrir a créditos millonarios ante el Icetex y entidades bancarias. El problema es que los egresados no tienen el empleo garantizado, pero sí una deuda impagable que termina hasta en embargos por parte del propio Estado a través de la Cisa.

Quienes no estudian porque no pueden ingresar ni a la universidad pública ni a la privada o ni siquiera al Sena, terminan vinculándose a instituciones como la Policía Nacional o trabajando en el sector formal o informal por un salario mínimo. Podría parecer algo normal, pero no lo es. Y no lo es porque todos los ciudadanos deberían poder ir a la universidad sin distinción alguna y tener así las mismas oportunidades de crecimiento. Lo peor es que por esta causa, muchas personas terminan en las filas de grupos ilegales y eso es algo que no se puede desconocer.

El acceso a la vivienda es otra de las dificultades que tienen los colombianos. El precio del metro cuadrado es sumamente alto en las principales ciudades del país y para tener una casa o un apartamento, hay que endeudarse de por vida. Los precios son tan especulativos que es más económico comprar una vivienda en el exterior, que dentro de nuestro propio territorio. Y quienes no pueden adquirir una vivienda, terminan pagando altísimos arriendos o viviendo en barrios subnormales.

En cuanto a las pensiones, es claro que matemáticamente no se podrán jubilar ni los millennials, ni los centennials, ni las demás generaciones que vengan en fila. Algo absolutamente arbitrario con la población joven del país, más cuando conocemos las utilidades de los bancos y casos como el de las pensiones millonarias que han obtenido algunos personajes de forma fraudulenta. También, por lo que respecta a los regímenes especiales que privilegian a sectores minoritarios a costa de las mayorías.

Estas injusticias sociales, la inmensa desigualdad económica, los descarados casos de corrupción, las innumerables necesidades insatisfechas y el deseo de vivir mejor; llevaron a los colombianos a manifestarse por primera vez en la historia a través de un cacerolazo como sucedió el pasado 21 de noviembre de 2019. Fue una especie de Big Bang Social, un acto espontáneo de la más alta dignidad, una expresión genuina de descontento que se originó en la ciudad de Bogotá y que se replicó con gran intensidad en el resto del país. Es claro que Colombia cambió a partir de ese día y que ya nunca volverá a ser igual.

Es como si los colombianos hubieran hecho un alto en el camino para decir ¡No Más! a las políticas que los tienen sumidos en la miseria. Fue como despertar de una noche de pesadillas o como salir del letargo en el que había caído la sociedad. También fue una expresión de solidaridad y de empatía al entender que todos merecemos vivir dignamente y que todos debemos tener las mismas oportunidades y las mismas garantías. Las marchas, los conciertos y los miles de comentarios en las redes, evidencian el descontento de los ciudadanos con la situación del país y su firme decisión de construir una sociedad más justa.

Si ahondamos en lo que pretende la ciudadanía, es claro que como primera medida, anhela fortalecer la democracia. Lo anterior puesto que no es claro si nuestro actual sistema político, defiende la soberanía del pueblo y su derecho a controlar a sus gobernantes. En una democracia decente, un presidente que tenga un nivel de desfavorabilidad de más del 70 % como sucede en nuestro país, renunciaría y convocaría a nuevas elecciones. Como segunda medida, los colombianos aspiran a consolidar la paz pues es la base fundamental para avanzar hacia el desarrollo. Y como tercera medida, los ciudadanos exigen realizar un pacto social en el que se definan unas reglas de juego más justas en el ámbito económico.

Y es que los colombianos desean un estándar de vida más alto. O sea, que se les garantice como derecho constitucional el acceso a la educación, al sistema de salud y a una vivienda digna. Sin embargo, esta vez quieren ir más allá y poder adquirir con mayor facilidad toda clase de bienes y servicios como serían automóviles, celulares, computadores, electrodomésticos, ropa y calzado. También poder ir de vacaciones, a un parque de diversiones, a un buen restaurante o al cine. Algo que ya sucede en las grandes democracias donde la educación es gratuita como es el caso de Alemania, o en donde la salud también lo es como es el caso de España, o donde pasa lo mismo con el transporte como en Luxemburgo, o donde los productos son accesibles como en Estados Unidos.

En síntesis, los colombianos exigen que el crecimiento económico del país beneficie al total de la población y que de ese modo, todos alcancemos un mayor estándar de vida. Una petición que no solo es justa sino que es totalmente posible teniendo en cuenta los inmensos recursos que posee nuestra nación. Sin embargo, para lograrlo se necesita realizar dicho pacto social y definir así nuevas reglas de juego de modo que exista una distribución de la riqueza más equitativa, se garanticen los derechos ciudadanos y se establezca una lucha frontal contra la corrupción.

No obstante, el aspecto económico no es lo único que está reclamando el conjunto de la población pues esta también desea que el país tenga avances en otros ámbitos y que se modernice en distintos frentes. Por ejemplo, los colombianos están exigiendo unos mayores niveles de justicia, un amplio cuidado de los ecosistemas naturales, mayor protección del patrimonio cultural, una infraestructura más moderna, unos medios de comunicación más plurales y unas fuerzas militares que respeten los derechos humanos. Igualmente, la población está exigiendo políticas serias contra el racismo, la homofobia, la xenofobia y contra todo tipo de discriminación y exclusión.

Con semejantes injusticias sociales, con unos niveles desvergonzados de corrupción y con una serie de necesidades insatisfechas, era obvio que la ciudadanía iba a explotar de alguna manera y como mínimo, manifestarse en las calles y mediante otros tipos de expresiones civiles. Por ello, es inaceptable que se pretenda criminalizar la protesta social y que se intente reprimir aún más a la población. Debemos tener claro que protestar es un derecho constitucional que hace parte de la democracia y por tanto, quienes ejercen ese derecho no son criminales y merecen todo el respeto por parte del gobierno, de la fuerza pública, de los medios, de los gremios y del resto de la sociedad.

Si somos sensatos, la actuación de la policía en las protestas que se realizaron al final del año pasado, fue bastante deplorable, particularmente, la actuación del Esmad. El uso desmedido de la fuerza, la violación de los derechos humanos y el irrespeto al ciudadano; son acciones injustificables. Ningún miembro de las Fuerzas Militares de Colombia debe olvidar que trabaja para la ciudadanía y no para el Gobierno de turno o para un determinado partido político. Tampoco debe olvidar que es la ciudadanía la que le paga su sueldo y es a esta a la que debe respetar y rendirle cuentas las veces que sean necesarias.

El papel de los medios tampoco ha sido el mejor, no solo en lo que respecta al Paro Nacional sino en su historia reciente. Es inaceptable que el espectro radioeléctrico colombiano esté dominado por un duopolio económico privado que abusa de su posición para manipular a su antojo a la población. Por lo anterior, Colombia necesita expedir una ley de medios que garantice la democracia de modo que quienes han sido invisibilizados a lo largo de los años, tengan voz. En la actual distribución del mercado, los medios solo representan los intereses de ciertos grupos económicos privados y no los de un país tan diverso como el nuestro.

Por su parte, los gremios deben comprender que no son los dueños del país y que los colombianos que trabajan en sus empresas no son sus esclavos, son ciudadanos con derechos. Si somos sinceros, la difícil situación por la que atraviesa nuestra sociedad se origina en la iniquidad que han generado algunos empresarios que han pretendido apropiarse de los recursos que le pertenecen a todos los colombianos. Además, porque han impulsado reformas tributarias que les exonera del pago de impuestos y porque han influido para que el SMLV sea paupérrimo. Algo lamentable pues han empobrecido al consumidor al impedir que tenga un mayor poder adquisitivo y por tanto, han impedido que se eleve el consumo y que crezca la economía.

Nuevos factores

A la larga lista de factores que originaron el paro nacional que comenzó a finales del 2019, hay que sumarle otra larga lista que ha surgido en lo corrido del 2020. Entre estos, encontramos: la violación de la soberanía colombiana por parte de militares estadounidenses, el préstamo irregular de 370 millones de dólares a la compañía Avianca, la concentración de poder por parte del ejecutivo, las más de 46 masacres en lo que va del año, el perfilamiento de usuarios de redes sociales, la reforma laboral impuesta a través del decreto 1174, la hipoteca inversa, la pésima gestión de la pandemia, la reanudación de la aspersión aérea con glifosato, la implementación del fracking, el resurgimiento del conflicto armado interno y el escalamiento de las tensiones con Venezuela.

Debemos entender que el Paro Nacional que comenzó en el 2019, no ha terminado, sólo ha sido pausado por la pandemia, pero pronto se reanudará. Asimismo, debemos comprender que si se continúan ignorando las exigencias de la ciudadanía y criminalizando la protesta social, se desencadenará un estallido social muy fuerte con resultados inciertos. También es claro que la sociedad colombiana cambió a partir del pasado 21 de noviembre y que desde entonces, se propuso recuperar la democracia, hacer valer sus derechos y alcanzar un mayor estándar de vida.

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Profesional en Mercadeo & Publicidad. Magíster en Marketing Digital. Bogotá D.C. / Colombia / LATAM

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  • Bogotá

    Los políticos estadounidenses también deben respetar la democracia colombiana

    Mediante el anterior mensaje difundido a través de un tweet, la embajada de los Estados Unidos en Colombia le ha solicitado a los políticos, y particularmente al partido de gobierno, no inmiscuirse en las elecciones presidenciales que se realizarán este 03 de noviembre de 2020. Algo en lo que todos deberíamos estar de acuerdo ya que siempre debe primar el respeto hacia los procesos democráticos de otras naciones. Sin embargo, ¿ese respeto no debería ser mutuo? Es decir, ¿Estados Unidos no debería respetar de igual manera los procesos democráticos de Colombia y de los demás países de América Latina? ¿Acaso se están sobreponiendo las elecciones estadounidenses sobre las de otras naciones del continente? Sin duda, son preguntas difíciles de contestar, pero dadas las circunstancias deberíamos intentar responderlas. En teoría, los procesos democráticos de todos los países deben ser respetados por parte de las demás naciones del mundo. Es un principio básico de la convivencia internacional. Obviamente que también se debe garantizar el derecho a opinar sobre un determinado tema como pueden ser las elecciones de otro país, pues la libertad de expresión es parte esencial de la democracia. Tal vez el problema empieza cuando se traspasa la barrera de la libre expresión para inmiscuirse de manera directa o indirecta en los procesos democráticos de otro país con la intención de obtener beneficios particulares y/o réditos políticos. Barrera que suelen traspasar sin ninguna vergüenza los gobiernos, los políticos, las empresas y hasta personajes de farándula. Lamentablemente, este es un fenómeno propio de la globalización que utilizan las diferentes corrientes políticas para influir en las elecciones. Desde las élites que conforman la ultraderecha internacional que aprovechan casos como el de Venezuela para sembrar miedo con falsas premisas como el “castrochavismo”, hasta movimientos retardatarios que se autodenominan de centro o alternativos, pero que en realidad son élites conservadoras que impiden el cambio. Asimismo, vemos a los pueblos de nuestros países luchando por sus derechos bajo lo que conocemos como fuerzas progresistas. Paulatinamente, la humanidad ha entendido que todo lo que suceda en un determinado país terminará afectando al resto del mundo. Situación que ha sido propiciada por las relaciones internacionales, por las migraciones, por las actividades comerciales, por los medios de comunicación, por las redes sociales y hasta por la actual pandemia. De esta manera, tanto los problemas como las soluciones se han hecho globales. No obstante, siempre debe primar el respeto hacia la soberanía de los demás países. Uno de los ejes de esta coyuntura se evidencia en que los movimientos hegemónicos de ultraderecha se están radicalizando para no perder el poder que siempre han ostentado. Por eso, vemos a unos partidos políticos en decadencia desesperados por no perder las elecciones. Inclusive, al punto de traspasar las fronteras de su propio país afectando los procesos electorales de otras naciones. Una muestra más de que el poder no lo tiene la ciudadanía sino las élites, lo que es muy grave para la democracia. El caso más reciente y al que hace alusión la embajada de los Estados Unidos en Colombia involucra al partido de gobierno. El cual, ha generado una enorme polémica por, presuntamente, haber realizado actividades proselitistas a favor de un candidato a la presidencia de los Estados Unidos tanto en territorio colombiano como en territorio estadounidense. Actividades en las que, incluso, se presume la participación directa del actual embajador colombiano. Un caso que ha sido ampliamente difundido por la prensa y socializado por senadores de ambas naciones. De hecho, el pasado 24 de octubre los congresistas demócratas Gregory Meeks y Rubén Gallego manifestaron en una columna de opinión su rechazo a que varios políticos colombianos, que a su vez son miembros del partido de gobierno, estén abusando de su rol para influir en las elecciones estadounidenses. Una situación sin precedentes en las relaciones bilaterales entre Colombia y Estados Unidos y que denota la gravedad de que el partido de gobierno que preside Colombia ostente el poder desde hace tanto tiempo con la complacencia de los gobiernos de otros países, incluyendo el de los Estados Unidos. Si profundizamos en el tema, entenderemos que este caso es muy grave para la democracia ya que los políticos colombianos no fueron elegidos para realizar actividades proselitistas a favor de candidatos extranjeros ni para interferir en los procesos electorales extranjeros. Asimismo, sería muy grave que el actual embajador colombiano esté ejerciendo un descarado proselitismo a favor de un candidato estadounidense ya que esas no son sus funciones. Además, porque esto se puede interpretar como una interferencia directa del gobierno colombiano en las elecciones estadounidenses. No obstante, el problema es de doble vía ya que el propio presidente de los Estados Unidos y actual candidato a la reelección ha utilizado la estrategia del "castrochavismo" con la intención de captar el voto latino en estados como el de la Florida. De esa manera, ha asociado sin ningún fundamento a su contrincante con el socialismo mediante imágenes descontextualizadas de archivo con personajes como Nicolás Maduro. Asimismo, lo ha señalado de ser socialista por las opiniones que en el pasado manifestó a su favor el también candidato a la presidencia de Colombia Gustavo Petro, quien respondió al señalamiento y quien recibió una nueva respuesta atizando el asunto:     En otras palabras, la campaña reeleccionista del actual presidente de los Estados Unidos también se está inmiscuyendo en los procesos democráticos internos de Colombia al descalificar de forma irresponsable a un candidato presidencial como lo es Gustavo Petro. Del mismo modo, esa campaña está irrespetando a la justicia colombiana al felicitar al señor Uribe y calificarlo como “héroe” cuando salió de su detención domiciliaria en la cual estuvo por, presuntamente, haber cometido una serie de delitos de los cuáles aún no ha sido eximido. "Felicitaciones al expresidente Álvaro Uribe, un héroe, un exgalardonado con la Medalla Presidencial de la Libertad y un aliado de nuestro País en la lucha contra el CASTRO-CHAVISMO. ¡Siempre estaré con nuestros amigos colombianos!", escribió Trump en su cuenta de Twitter: Otro caso que también valdría la pena recordar es el del senador estadounidense Marco Rubio, quien tuvo el descaro de viajar a la frontera colombo-venezolana para hacer política a costa del tema venezolano. Situación que afecta gravemente al hermano país, pero que también afecta a Colombia. Sin embargo, al populista de Rubio no le importó utilizar el sufrimiento de nuestras gentes para ganar votos en los Estados Unidos mediante un espectáculo deplorable. Además de lo anterior, hay casos que ya se pasan del oportunismo político al fanatismo como es la afirmación que hizo el congresista republicano Mario Díaz Balart a una emisora colombiana donde dijo que el expresidente Álvaro Uribe Vélez es como Abraham Lincoln, pero al estilo colombiano. Claramente, esa afirmación irrespeta tanto a los Estados Unidos como a Colombia al comparar a un personaje histórico como lo fue Lincoln con un personaje tan cuestionable como lo es el señor Uribe. Entonces, a la vez que la embajada estadounidense le solicita a los políticos de ultraderecha de Colombia no interferir en sus elecciones, permite que los políticos de ultraderecha de Estados Unidos interfirieran en los procesos democráticos colombianos. Asimismo, observamos que aunque la embajada estadounidense resalta la relación bipartidista que existe con Colombia, ha centrado esa relación en el partido de gobierno colombiano dejando a un lado a la oposición y a la ciudadanía. Algo que tiene como resultado el abuso de poder dentro de Colombia y la interferencia en las elecciones presidenciales estadounidenses. Es importante que en Estados Unidos se entienda que no está bien apoyar desmedidamente los intereses del partido de gobierno colombiano el cual además de ser extremista, está generando unos niveles de violencia, de corrupción y de pobreza nunca antes vistos. Además, no está bien ignorar a la oposición ni a la ciudadanía colombiana que está desamparada y que carece de garantías democráticas. Del mismo modo, en Estados Unidos deben comprender que quienes realizan lobby político en estados como el de la Florida, no representan al total de los colombianos, sólo a unas élites que buscan su propio beneficio. También sería bueno que los políticos de los Estados Unidos dejen de utilizar el tema de Venezuela para ganar adeptos ya que esa es una práctica propia de los populistas. Asimismo, deberían limitar sus campañas al territorio estadounidense sin inmiscuirse en los asuntos internos de países como Colombia. Del mismo modo, tanto el gobierno estadounidense como sus políticos y su embajada, deben dejar de usar los visados como herramienta de manipulación política, más cuando diversos organismos internacionales tienen sede en ese país. De hecho, los procesos de visado hacia los Estados Unidos deben ser modificados con el fin de que sean más democráticos e incluyentes. Estados Unidos es una gran nación, pero debe recuperar sus valores democráticos. Los estadounidenses necesitan volver a las aulas de clase para recordar que no son dueños del mundo y que deben respetar la cultura, el idioma y la soberanía de los demás países. Asimismo, deben entender que la democracia no consiste en satisfacer a toda costa los intereses de las élites, sino en buscar el beneficio de las mayorías. De igual forma, deben entender que la democracia no consiste en que todos piensen igual o sean iguales, sino en valorar y defender la diversidad y en realizar acuerdos en medio de las diferencias. Independientemente de quien gane las elecciones en los Estados Unidos, es claro que ese país deberá trabajar por optimizar su democracia. Esto incluye desde modificar el lenguaje violento de los partidos, hasta elevar el nivel ético de los medios. Asimismo, es claro que Estados Unidos deberá revisar su relación con Colombia de modo tal que se deje de priorizar la relación con el partido de gobierno, para también interactuar con la oposición y la ciudadanía.  

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