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El Ex-fiscal Néstor Humberto Martínez Neira y el Presidente Iván Duque. Foto: Claudia Rubio / EL TIEMPO.

Las guerras unen a los pueblos y la paz los divide, una paradoja en la historia de la humanidad que se evidencia en Colombia. Y es una paradoja porque un país que ha sufrido por décadas los estragos de un conflicto armado interno, debería buscar la paz a toda costa y proponerse tener un mejor porvenir.

Sin embargo, el acuerdo de paz que firmó el Estado colombiano con la insurgencia en el gobierno del ex presidente Santos, ha sido objeto de toda clase de ataques que no sólo pretenden volverlo trizas como lo anunció en su momento un famoso extremista de ultraderecha, sino que buscan que la guerra continúe a cualquier precio sin importar la suerte que pueda tener el país.

Un ejemplo fue el plebiscito por la paz que intentaba refrendar los acuerdos. En el cual, lamentablemente, el ‘No’ se impuso sobre el ‘Sí’, denotando la inconsciencia de la ciudadanía colombiana respecto a su propia historia y su realidad. Se prefirió la guerra en vez de la paz y la muerte por encima de la vida. Se optó porque nos matemos entre hermanos en vez de trabajar juntos por el progreso del país. 

No obstante, esta situación fue propiciada por los enemigos del proceso mediante todo tipo de engaños como se ha demostrado a lo largo del tiempo. Muchos realmente se creyeron el cuento de que nos volveríamos como Venezuela, de que se le entregaría el país a la guerrilla, de que habría impunidad, de que se impondría el comunismo y toda clase de mentiras e infamias. 

Términos absurdos como el “castrochavismo” fueron replicados sin descanso por los medios para manipular a la población ignorante. Tal como hoy se pretende decir que la sociedad está polarizada cuando en realidad hay una radicalización de la extrema derecha y una estrategia de las élites conservadoras, para engañar a la población mediante falsas posturas de centro e impedir así los cambios que el país necesita.

La guerra es un negocio, un negocio macabro del cual se benefician unos pocos en perjuicio de las mayorías. Quienes por décadas han ostentado el poder no quieren perderlo. Quienes disfrutan de lujos a costa de la miseria ajena no quieren dejar sus privilegios. Quienes han cometido toda clase de delitos para ostentar tal poder y disfrutar tales lujos no quieren responder por sus actos. Esos son los enemigos de la paz, esos son los verdaderos enemigos de Colombia.

Lo que no habíamos divisado con claridad es que en el exterior también hay oscuros intereses que pretenden que Colombia continúe en guerra. Esto hasta que el diario El Espectador publicó una importante investigación titulada Los audios de la DEA y la Fiscalía que le negaron a la JEP sobre el caso “Santrich”, la cual generó un debate en el Congreso de la República sobre las actuaciones de la fiscalía colombiana y las agencias de seguridad extranjeras:

(Acta 29) Sesión del 26 de Noviembre de 2020 (parte 1)

(Acta 29) Sesión del 26 de Noviembre de 2020 (parte2)

Allí se puso en evidencia que la agencia antidrogas estadounidense DEA, en conjunto con la Fiscalía General de la Nación, ejecutó una operación ilegal para realizar una falsa acusación de narcotráfico contra los ex negociadores Jesús Santrich e Iván Márquez y contra el también ex negociador y ex vicepresidente Óscar Naranjo con el fin de extraditarlos y así acabar con los acuerdos de paz.

Es obvio que la captura por narcotráfico y posterior extradición de los ex negociadores habría generado el resurgimiento de la guerra. Algo que sería interpretado como una traición del Estado por parte de los miembros de la insurgencia, a la vez que hubiera des-legitimado los acuerdos ante el país y ante la comunidad internacional. Claramente, este asunto es muy grave.

Por fortuna, aunque la operación ilegal de la DEA y de la Fiscalía General de la Nación afectó parcialmente los acuerdos de paz, no logró destruirlos. Lamentablemente, sí ocasionó el fortalecimiento de las disidencias cuando Jesús Santrich e Iván Márquez decidieron volver a su condición de insurgentes al carecer de las garantías que les había prometido el Estado.

No obstante, tanto Jesús Santrich como Iván Márquez también traicionaron los acuerdos de paz al volver a las armas, algo que no tiene justificación. Pese a esto, el desenlace de este caso debe crear una opción para que se reincorporaren de nuevo a la vida civil. Esta es una oportunidad para que las disidencias se desarmen y se reincorporen a la sociedad colombiana de forma definitiva. 

Es indiscutible que se ha violado la soberanía de Colombia, que se ha puesto en grave riesgo la seguridad nacional y que además, se ha traicionado a la patria. Y se ha violado la soberanía puesto que la DEA no debe actuar por cuenta propia en territorio colombiano y sin los debidos permisos de las autoridades de este país. Se ha puesto en grave riesgo la seguridad nacional puesto que se pretendió que Colombia entrara de nuevo en guerra y se ha traicionado a la patria por el cuestionable proceder del ex Fiscal General de la Nación.

Estados Unidos pretende posar como un país aliado y amigo de Colombia, pero sus actuaciones no corresponden a sus manifiestas intenciones. Lo que hizo EE.UU. a través de la DEA, no lo hace un país aliado o amigo. Pretender que Colombia entre de nuevo en guerra no es algo que haga un país aliado o amigo. Conspirar contra la paz del pueblo colombiano no es algo que haga un país aliado o amigo. ¿Con esos amigos, para qué enemigos?

Resulta deplorable la exaltación que el gobierno de EE.UU. le hizo al ex Fiscal General de la Nación a través de su embajada en Colombia, justo después de renunciar a su cargo por este asunto:

 

Sin embargo, Iván Duque también debe dar explicaciones sobre lo sucedido y no sólo al país, sino a toda la comunidad internacional. No es posible que las agencias estadounidenses violen la soberanía colombiana y atenten contra los acuerdos de paz en complicidad con la propia fiscalía, sin que el gobierno se entere y sin que esto tenga consecuencias. Existe una responsabilidad política que se debe asumir y por la cual más de un funcionario debe poner a disposición su cargo.

Otro asunto a analizar es la postulación de Néstor Humberto Martínez Neira como próximo embajador en España. Claramente, el ex fiscal no debe ser nombrado en ese cargo y, por el contrario, debe ser investigado por sus cuestionables actuaciones. Las relaciones internacionales de Colombia no deben estar a cargo de este tipo de personajes y las embajadas no deben ser utilizadas para evadir la ley o como premios burocráticos a quienes perjudican al país.

Este tema deja muchas preguntas que se deberán responder por el bien de Colombia:

¿Quién controla las actuaciones irregulares de la embajada estadounidense en territorio colombiano? ¿Qué otras operaciones están realizando las agencias estadounidenses de forma ilegal en Colombia? ¿Hubo un acuerdo entre el gobierno de Donald Trump y el de Iván Duque para destruir los acuerdos de paz? ¿Existió un acuerdo entre el Partido Republicano y el Centro Democrático para que el uribismo hiciera campaña a favor de Trump en territorio estadounidense? ¿Se pretendió menoscabar la democracia estadounidense y la colombiana para mantener la hegemonía de los republicanos y de los uribistas?

Son preguntas difíciles de contestar, pero que esperamos las responda el gobierno demócrata de Joe Biden. Si EE.UU. realmente quiere ser considerado como un país amigo y aliado de Colombia, entonces deberá empezar por no conspirar contra los acuerdos de paz y por respetar la soberanía colombiana.

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Asimismo, deberían limitar sus campañas al territorio estadounidense sin inmiscuirse en los asuntos internos de países como Colombia. Del mismo modo, tanto el gobierno estadounidense como sus políticos y su embajada, deben dejar de usar los visados como herramienta de manipulación política, más cuando diversos organismos internacionales tienen sede en ese país. De hecho, los procesos de visado hacia los Estados Unidos deben ser modificados con el fin de que sean más democráticos e incluyentes. Estados Unidos es una gran nación, pero debe recuperar sus valores democráticos. Los estadounidenses necesitan volver a las aulas de clase para recordar que no son dueños del mundo y que deben respetar la cultura, el idioma y la soberanía de los demás países. Asimismo, deben entender que la democracia no consiste en satisfacer a toda costa los intereses de las élites, sino en buscar el beneficio de las mayorías. De igual forma, deben entender que la democracia no consiste en que todos piensen igual o sean iguales, sino en valorar y defender la diversidad y en realizar acuerdos en medio de las diferencias. Independientemente de quien gane las elecciones en los Estados Unidos, es claro que ese país deberá trabajar por optimizar su democracia. Esto incluye desde modificar el lenguaje violento de los partidos, hasta elevar el nivel ético de los medios. Asimismo, es claro que Estados Unidos deberá revisar su relación con Colombia de modo tal que se deje de priorizar la relación con el partido de gobierno, para también interactuar con la oposición y la ciudadanía.  

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