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El propietario de Facebook en una de sus visitas a Bogotá D.C. /Foto: Presidencia de la República.
Muchas compañías de tecnología de talla mundial han identificado el enorme potencial que tiene Colombia en el sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y por ello, han decidido abrir oficinas en Bogotá D.C. que es considerada la “Silicon Valley de América Latina”. De esa manera, no sólo buscan aumentar su participación en el mercado interno, sino coordinar desde esta ciudad sus operaciones en países cercanos.
Esto evidencia que el Ministerio TIC de Colombia ha hecho bien su trabajo en el sentido de aumentar la cobertura del internet a nivel nacional mediante inversiones estatales y alianzas público-privadas. De hecho, Bogotá, Cundinamarca y otras partes del país cuentan con una amplia cobertura de fibra óptica además de redes 4G y de importantes avances en servicios satelitales junto a numerosos pilotos de tecnología 5G. De esa manera, se ha creado un ecosistema digital que es ideal tanto para el sector privado como para el público.
No obstante, así como debemos reconocer los avances que tuvo el país en cuanto al enriquecimiento que se le dio a su ecosistema digital, también debemos reconocer la lamentable “burocratización” y “politización” del Ministerio TIC y las consecuencias que esto ha tenido para el desarrollo de Colombia. Un ejemplo es el hecho de que en los últimos años, esta cartera no ha sido dirigida por expertos en el sector sino por politiqueros afines al gobierno de turno. Otro ejemplo es el freno que se le ha dado a la implementación de la tecnología 5G como consecuencia de la imposición de barreras de entrada a compañías de tecnología de origen chino como Huawei, todo para favorecer los intereses de Estados Unidos.
¿Cuáles son los siguientes pasos?
Además de reformar el Ministerio TIC y de dar apertura a empresas de diversos orígenes, los colombianos debemos tener claro que el acceso a internet y a un computador no garantiza el desarrollo del país ni que nuestra población salga de la pobreza, tan solo es un servicio básico que se debe considerar como un derecho. Algo que preocupa mucho es que la inversión que el Estado ha realizado en el sector TIC, se desperdicie al no estar en sinergia con estrategias que vayan encaminadas a la inclusión de todos los ciudadanos en cuanto educación, salud, empleo… y que dichas inversiones terminen beneficiando exclusivamente a ciertas empresas del sector privado.
Sería inaceptable que después de tanto tiempo, esfuerzo y de la asignación de semejantes presupuestos; los únicos que hayan ganado sean los proveedores de dispositivos tecnológicos, los proveedores del servicio de internet y las grandes empresas de tecnología que vieron la oportunidad de aumentar sus ingresos en la actual coyuntura. De ser así, estamos ante un detrimento público sin precedentes.
De hecho, una de las controversias que existe respecto al sector TIC es ocasionada porque las compañías de tecnología de origen estadounidense que han abierto oficinas en Colombia como Facebook, Google, Twitter, Microsoft, IBM, Apple y Amazon; no generan suficientes puestos de trabajo de forma directa y se limitan a contratar una pequeña nómina que está compuesta parcialmente, por personal extranjero. Algo que contrasta con las exorbitantes utilidades que obtienen y con los pocos impuestos que tributan.
Por lo anterior, el Estado y la ciudadanía colombiana debe preguntarse cuánto dinero público se ha invertido en el Sector TIC versus los beneficios que ha recibido la población. Es hora de hacer un paralelo entre lo que ganan las empresas de tecnología de origen estadounidense que tienen operaciones en Colombia, versus los puestos de trabajo directo que generan y los impuestos que pagan. Igualmente, se debería conocer cómo ejercen su responsabilidad social y ecológica.
Otro tema a investigar es la forma en que dichas compañías están utilizando la infraestructura creada por el Estado y por ende, financiada por todos los colombianos. No se debe permitir que unas empresas extranjeras exploten el ecosistema digital colombiano y ejerzan como actores dominantes del mercado a la vez que se apropian masivamente de los datos de los ciudadanos, de las empresas y hasta la del propio gobierno. Por ello, es urgente establecer leyes que protejan a los colombianos de esos abusos y realizar un acuerdo internacional para el tratamiento y la transferencia de datos. Así se crearía un estándar en el flujo de información; lo que generaría más confianza entre usuarios, empresas y gobiernos.
Muchos expertos consideran que Colombia está experimentando una nueva clase de saqueo por parte de las compañías de tecnología de origen estadounidense, pues están explotando nuestro ecosistema digital y apropiándose de nuestra información para obtener ganancias que no se reinvierten en el país. Por lo anterior, es urgente que el Estado implemente una serie de medidas para contrarrestar tal fenómeno y para garantizar la soberanía y la seguridad de la nación. Asimismo, es necesario establecer unas tasas impositivas proporcionales a las inmensas ganancias que esas empresas consiguen a costa de los colombianos.
En cuanto a la responsabilidad social y ecológica que deben ejercer tanto las compañías de tecnología como los operadores de telecomunicaciones, es muy poco lo que se conoce al respecto. Por ello, estas empresas deberían esforzarse por cumplir su obligación capacitando a su personal tanto en Colombia como en el exterior, otorgando becas universitarias a la población, estimulando el “emprendimiento” a nivel nacional, implementando distintos programas sociales, incentivando la creación de empresas incipientes, fundando centros de I+D y dotando de tecnología a las poblaciones más apartadas.
Por su parte, el Estado no sólo tiene el deber de generar conectividad de forma equitativa en todo el territorio nacional sino el de tener presencia de manera que se garanticen los derechos a la educación, a la salud y al empleo (entre otros). Igualmente, es deber del Estado defender la privacidad de su población y la confidencialidad de sus empresas al igual que proteger su propio aparato estatal. Es una irresponsabilidad del Estado no ejercer soberanía respecto al tratamiento de datos y frente a la implementación de la tecnología 5G. Claramente, es un asunto de interés nacional que debe ser observado por los organismos de control y la ciudadanía.
Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones representan un sector estratégico de la economía del cual depende el desarrollo inmediato y futuro de todo el país. Por lo anterior, urge que el Ministerio TIC sea dirigido por expertos del sector y que el Estado ofrezca una apertura a las compañías de tecnología chinas y de otros orígenes con el fin de modernizar el ecosistema digital, atraer inversión extranjera y generar emprendimiento.
