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Bogotá, sede de la democracia colombiana. Foto: Juan Carlos Martínez Castro.

En Colombia, el 5% de la población se adueñó de todo. Los demás, reciben un ingreso fijo y la gran mayoría, solo el SMLV o menos o nada. El gobierno y los gremios suelen divulgar sin ninguna vergüenza las cifras del crecimiento económico del país y las utilidades billonarias de algunos sectores como el bancario y el energético. Sin embargo, nunca se atreven a difundir con igual intensidad las cifras de la distribución de la riqueza o de la disminución de la pobreza. Claramente, porque buscan ocultar la enorme inequidad que se presenta en nuestra patria. 

Millones de colombianos están desempleados, además se encuentran endeudados y la gran mayoría se halla entre la espada y la pared debido a los altos precios que pagan por los diferentes productos y por los exorbitantes impuestos que tributan, algo que contrasta con los bajos salarios que perciben y con su precaria calidad de vida. De hecho, una gran cantidad de ciudadanos no tiene servicio de salud, tampoco acceso a la educación, menos aún una vivienda digna y ya ni siquiera se van a poder pensionar. Una dura realidad que se está empezando a evidenciar y que es la principal razón del Paro Nacional. 

Y es que la situación es verdaderamente preocupante, en febrero del 2021 había 3,9 millones de personas desempleadas, pero al día de hoy la cifra puede ser muy superior según la información que acaba de revelar el DANE. De hecho, se están midiendo actividades propias del subempleo como si fueran formales y se está ignorando el impacto de la llegada masiva de ciudadanos venezolanos al mercado laboral colombiano. Además, no se está teniendo en cuenta la enorme dificultad que tienen algunos segmentos de la población para ser contratados como son las personas que superan los 40 años de edad, los profesionales que carecen de experiencia laboral y algunas comunidades excluidas tradicionalmente como son los afros, los indígenas y las colectividades LGBT. 

Una de las causas que ha contribuido al declive de la economía y por la que se están quejando muchos empresarios, es porque toda la inversión extranjera directa que llegó gracias a los Acuerdos de Paz, proceso alcanzado en el anterior gobierno, la está espantando la actual administración por su alta beligerancia. Lo anterior dado que, ningún empresario serio arriesgará su capital en un país cuyo propio presidente, no hace más que promover la guerra. Como efecto, los capitales que llegaron en los últimos años se están yendo a otros lugares, dejando a muchos socios y proveedores nacionales en la bancarrota y a sus colaboradores sin trabajo. 

Por otro lado, la deuda de una familia común es muy alta, tanto como la propia deuda externa que ya equivale al 51.8% del PIB nacional. Solo es ver la situación del colombiano promedio quien se compromete a 10, 20 o 30 años para pagar desde su casa, su vehículo y su educación; hasta su teléfono celular, el mercado mensual y los servicios públicos que consume. Además, los colombianos tenemos que tributar unos impuestos altísimos que no se reinvierten en el país pues son absorbidos por la corrupción que, en cifras conservadoras, se apropia de unos 50 billones de pesos al año más los valores que son enviados a paraísos fiscales y de los cuales se desconoce su monto. 

La situación de Colombia es tan precaria que la inmensa mayoría de colombianos carece de un servicio de salud y quienes lo tienen, así sea bajo el régimen contributivo, se ven obligados a interponer acciones de tutela para que las EPS les atienda oportunamente o les entregue los medicamentos. Prácticamente, el colombiano tiene que mendigar su atención médica aun cuando está pagando por lo que se supone es un derecho ciudadano. 

El acceso a la educación sigue siendo otro privilegio. Son muy pocas las personas que pueden ingresar a la universidad pública. A los demás, les toca en la universidad privada que es sumamente costosa. Tanto así, que deben recurrir a créditos millonarios ante el Icetex y entidades bancarias. El problema es que los egresados no tienen el empleo garantizado, pero sí una deuda impagable que termina hasta en embargos por parte del propio Estado a través de la Cisa. 

Quienes no estudian porque no pueden ingresar ni a la universidad pública ni a la privada o ni siquiera al Sena, terminan vinculándose a instituciones como la Policía Nacional o trabajando en el sector formal o informal por un salario mínimo. Podría parecer algo normal, pero no lo es. Y no lo es porque todos los ciudadanos deberían poder ir a la universidad sin distinción alguna y tener así las mismas oportunidades de crecimiento. Lo peor es que por esta causa, muchas personas terminan en las filas de grupos ilegales y eso es algo que no se puede desconocer. 

El acceso a la vivienda es otra de las dificultades que tienen los colombianos. El precio del metro cuadrado es sumamente alto en las principales ciudades del país y para tener una casa o un apartamento, hay que endeudarse de por vida. Los precios son tan especulativos que es más económico comprar una vivienda en el exterior, que dentro de nuestro propio territorio. Y quienes no pueden adquirir una vivienda, terminan pagando altísimos arriendos o viviendo en barrios subnormales. 

En cuanto a las pensiones, es claro que matemáticamente, el grueso de los trabajadores no se podrá jubilar. Algo absolutamente arbitrario con la población joven del país, más cuando conocemos las utilidades de los fondos de pensiones privados y casos como el de las pensiones millonarias que han obtenido algunos personajes de forma fraudulenta. También, por lo que respecta a los regímenes especiales que privilegian a sectores minoritarios a costa de las mayorías. 

Estas injusticias sociales, la inmensa desigualdad económica, los descarados casos de corrupción, las innumerables necesidades insatisfechas y el deseo de vivir mejor; llevaron a los colombianos a manifestarse por primera vez en la historia a través de un cacerolazo como sucedió el pasado 21 de noviembre de 2019. Fue una especie de Big Bang Social, un acto espontáneo de la más alta dignidad, una expresión genuina de descontento que se originó en la ciudad de Bogotá y que se replicó con gran intensidad en el resto del país. Es claro que Colombia cambió a partir de ese día y que ya nunca volverá a ser igual. 

Es como si los colombianos hubieran hecho un alto en el camino para decir ¡No Más! a las políticas que los tienen sumidos en la miseria. Fue como despertar de una noche de pesadillas o como salir del letargo en el que había caído la sociedad. También fue una expresión de solidaridad y de empatía al entender que todos merecemos vivir dignamente y que todos debemos tener las mismas oportunidades y las mismas garantías. Las marchas, los conciertos y los miles de comentarios en las redes, evidencian el descontento ciudadano con la situación del país y la firme decisión de construir una mejor sociedad. 

Si ahondamos en lo que pretende la ciudadanía, es claro que, como primera medida, anhela fortalecer la democracia. Lo anterior puesto que no es claro si nuestro actual sistema político, defiende la soberanía del pueblo y su derecho a controlar a sus gobernantes. En una democracia decente, un presidente que tenga un nivel de desaprobación del 74% como sucede en nuestro país, renunciaría y convocaría a nuevas elecciones. Como segunda medida, los colombianos aspiran a consolidar la paz pues es la base fundamental para avanzar hacia el desarrollo. Y como tercera medida, los ciudadanos exigen realizar un pacto social en el que se definan unas reglas de juego más justas en el ámbito económico. 

Y es que los colombianos desean un estándar de vida más alto. O sea, que se les garantice como derecho constitucional el acceso a la educación, al sistema de salud y a una vivienda digna. Sin embargo, esta vez quieren ir más allá y poder adquirir con mayor facilidad toda clase de bienes y servicios como serían automóviles, celulares, computadores, electrodomésticos, ropa y calzado. También poder ir de vacaciones, a un parque de diversiones, a un buen restaurante o al cine. Algo que ya sucede en las grandes democracias donde la educación es gratuita como es el caso de Alemania, o en donde la salud también lo es como es el caso de España, o donde pasa lo mismo con el transporte como en Luxemburgo, o donde los productos son accesibles como en Estados Unidos. 

En síntesis, los colombianos exigen que el crecimiento económico del país beneficie al total de la población y que, de ese modo, todos alcancemos un mayor estándar de vida. Una petición que no solo es justa, sino que es totalmente posible, teniendo en cuenta los inmensos recursos que posee nuestra nación. Sin embargo, para lograrlo, se necesita realizar dicho pacto social y definir así nuevas reglas de juego de modo que exista una distribución de la riqueza más equitativa, se garanticen los derechos ciudadanos y se establezca una lucha frontal contra la corrupción. 

No obstante, el aspecto económico no es lo único que está reclamando el conjunto de la población pues esta también desea que el país tenga avances en otros ámbitos y que se modernice en distintos frentes. Por ejemplo, los colombianos están exigiendo unos mayores niveles de justicia, un amplio cuidado de los ecosistemas naturales, mayor protección del patrimonio cultural, una infraestructura más moderna, unos medios de comunicación más plurales y unas fuerzas militares que respeten a la ciudadanía. Igualmente, la población está exigiendo políticas serias contra el racismo, la homofobia, la xenofobia y contra todo tipo de discriminación y exclusión. 

Con semejantes injusticias sociales, con unos niveles desvergonzados de corrupción y con una serie de necesidades insatisfechas, era obvio que la ciudadanía iba a explotar de alguna manera y como mínimo, manifestarse en las calles y mediante otros tipos de expresiones civiles. Por ello, es inaceptable que se pretenda criminalizar la protesta social y que se intente reprimir aún más a la población. Debemos tener claro que protestar es un derecho constitucional que hace parte de la democracia y por tanto, quienes ejercen ese derecho no son criminales y merecen todo el respeto por parte del gobierno, de la fuerza pública, de los medios, de los gremios y del resto de la sociedad. 

Si somos sensatos, la actuación que suele tener la policía en las protestas es bastante deplorable, particularmente, la actuación del Esmad. El uso desmedido de la fuerza, la violación de los derechos humanos y el irrespeto al ciudadano; son acciones antidemocráticas. Ningún miembro de las Fuerzas Militares de Colombia debe olvidar que trabaja para la ciudadanía y no para el gobierno de turno o para un determinado partido político. Tampoco debe olvidar que es la ciudadanía la que le paga su sueldo y es a esta a la que debe respetar y rendirle cuentas las veces que sean necesarias. De hecho, si la policía y el ejército siguen agrediendo a la ciudadanía, esta tiene el derecho constitucional de quitarles el monopolio de las armas para defenderse. 

El papel de los medios tampoco ha sido el mejor respecto al Paro Nacional. Si no fuera por la pandemia, todo el país estaría en las calles. Es una lástima el cubrimiento tan pobre que se ha hecho sobre la protesta social al banalizarla de tal manera que la equiparen con un acto criminal, cuando en realidad es un derecho constitucional. Están tratando a la protesta como si fuera un reporte de daños sin profundizar en las causas y sin exaltar el mérito que tiene la sociedad al manifestarse frente a la injusticia. Por lo anterior, debemos recordar que los medios deben estar en función de la ciudadanía y no de ningún grupo económico o partido político, así como debemos tener claro que el espectro radioeléctrico de Colombia les pertenece a los colombianos y no a los dueños de los medios ni mucho menos al gobierno de turno. 

Por su parte, los gremios deben comprender que no son los dueños del país y que los colombianos que trabajan en sus empresas no son sus esclavos, son ciudadanos con derechos. Si somos sinceros, la difícil situación por la que atraviesa nuestra sociedad se origina en la iniquidad que han generado algunos empresarios que han pretendido apropiarse de los recursos que les pertenecen a todos los colombianos. Además, porque han impulsado reformas tributarias que les exonera del pago de impuestos y porque han influido para que el SMLV sea paupérrimo. Algo lamentable pues han empobrecido al consumidor al impedir que tenga un mayor poder adquisitivo y, por tanto, han impedido que se eleve el consumo y que crezca la economía. 

Nuevos factores 

A la larga lista de factores que originaron el paro nacional que comenzó a finales del 2019, hay que sumarle otra larga lista que ha surgido con el paso del tiempo entre las que está la violación de la soberanía colombiana por parte de Estados Unidos, el préstamo irregular de 370 millones de dólares a la compañía extranjera Avianca, la concentración de poder del ejecutivo, la reanudación de la aspersión aérea con glifosato, la implementación del fracking, la pésima gestión de la pandemia, las horrendas masacres que ocurren todos los días, el resurgimiento del conflicto armado interno y el escalamiento de las tensiones con Venezuela. 

No obstante, es claro que la Reforma Tributaria que actualmente impulsa el uribismo a través del subgobierno de Iván Duque, es el detonante de todo lo anterior pues significa aumentar los impuestos en medio de una pandemia y una crisis económica sin precedentes. Impuestos cuyo recaudo que no será destinado a la inversión social, sino a comprarle aviones de guerra a los Estados Unidos con la clara intención de agredir al hermano pueblo de Venezuela a costa de la miseria de los colombianos. 

Debemos entender que el Paro Nacional que comenzó en el 2019, no ha terminado, sólo había sido pausado por la pandemia, pero se está reanudando con mayor intensidad pese a esta. Asimismo, debemos comprender que, si se continúan ignorando las exigencias de la ciudadanía y criminalizando la protesta social, se desencadenará un estallido social muy fuerte con resultados inciertos. También es claro que la sociedad colombiana cambió a partir del pasado 21 de noviembre y que, desde entonces, se propuso recuperar la democracia, hacer valer sus derechos y alcanzar un mayor estándar de vida. Pero, sobre todo, se propuso elevar su nivel de dignidad y eso es algo irreversible e innegociable. 

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Profesional en Mercadeo & Publicidad. Magíster en Marketing Digital. Bogotá D.C. / Colombia / LATAM

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  1. (continuación 2) 3: que únicamente se adopten políticas de generación de empleo y de crecimiento económico que no sean a costa de desmejorar las condiciones laborales para los empleados (porque las flexibilizaciones laborales, tercerizaciones y restricciones para las negociaciones colectivas por parte de los empleados son otra causa de agobio injusto contra el pueblo raso), 4: que la proporción de subsidios a los servicios públicos vuelva a ser la que era hasta los años 80, y 5: que se eliminen las restricciones y condiciones actuales para el acceso a los necesarios derechos a la salud y a la educación y se les aumente el porcentaje del presupuesto nacional, que puede ser a costa de reducir lo que ganan los congresistas y otros altos cargos del poder público y el presupuesto “de defensa” militar.

  2. (continuación 1) Las soluciones de fondo que entonces más necesita la gente de clase media para abajo y las pymes son 1: que en vez de la ortodoxia ser más bien la heterodoxia la política económica de estado, se “defienda” la producción nacional y se adopten la sustitución de importaciones y los precios de sustentación que los campesinos rasos necesitan, 2: que los impuestos no progresivos (que son los que impiden a la gente de clase media para abajo el mejorar económicamente) sean reemplazados por impuestos progresivos que graven más a las grandes riquezas, al sector financiero y a las rentas de capital más que al sector productivo…

  3. Comparado con los demás países, el manejo de la pandemia en Colombia ha sido más bien regular y la llegada de vacunas está casi igual de limitada en los países casi igual de pobres.

    Por otro lado, es bastante agobio socioeconómico lo que causan a la gente de clase media para abajo las limitaciones existentes a los derechos a la salud, la educación, los servicios públicos y otros derechos socioeconómicos, el que sean mucho más altas de lo soportable las cargas tributarias sobre la gente de estratos 2 a 4 (incluyendo los peajes) y a la vez muy bajas cargas tributarias para los sectores más pudientes, y el que la política socioeconómica de los gobiernos haya sido desde los años 90 el llamado neoliberalismo, que quizás deberíamos llamar más bien “economía no social de mercado”.

  4. Excelente análisis de la grave situación por la que atraviesa el país. El mejor en muchos sentidos: honesto, inteligente, bien informado; con propuestas y recomendaciones sensatas, relevantes, convenientes. Vale la pena releerlos y estudiarlo. Duque debería leerlo con atención. Lo mismo los dirigentes políticos que honestamente quieran comprender las causas de los problemas, y el cause hacia su tratamiento.

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