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El reciente anuncio del subgobierno uribista de Iván Duque donde afirma que le dará “educación superior gratuita” a quienes pertenezcan a los estratos 1, 2 y 3; es un logro de la ciudadanía en el marco del paro nacional. Sin embargo, es claro que se trata de una solución a corto plazo para calmar los ánimos de protesta sin resolver a fondo un problema estructural. Esto pues la gratuidad sólo será por un semestre y sólo cubriría estudios técnicos y tecnológicos, limitándose de ese modo a instituciones de educación superior públicas que sólo pueden ofrecer algunos cupos.

Lo anterior indica que la gran mayoría de personas que quieran realizar un programa académico a nivel técnico o tecnológico, no lo podrán hacer porque no hay una oferta que cubra toda la demanda. Ahora bien, si se pretende que esto sea a través de la educación virtual, hay que tener en cuenta el poco acceso al internet que hay en el país, principalmente en zonas rurales y en sectores deprimidos urbanos. Además, también se debe tener en cuenta el poco acceso que tienen las personas a los dispositivos electrónicos como computadores, tabletas y teléfonos inteligentes debido a su elevado costo, o más precisamente, debido a sus pocos ingresos.

Por otro lado, la educación a nivel profesional y de postgrado sigue siendo un privilegio al limitarse a unos cuantos cupos en algunas universidades públicas. A los demás, les toca endeudarse de por vida a través de créditos bancarios y del Icetex. El problema es que quienes estudian y se gradúan de esa manera, no tienen garantizado un empleo, pero sí una deuda impagable a través de la Cisa. Actualmente, existen muchos egresados que están por fuera del mercado laboral y que requieren ayuda urgente por parte del Estado y del sector privado.

Analicemos la situación a fondo

La tristemente célebre Unidad de Poder Adquisitivo Constante (Upac) dejó en la quiebra a muchos colombianos entre 1972 y 1999. Ese perverso sistema consistía inicialmente en que los intereses de las cuotas de los créditos hipotecarios estarían acordes con la inflación, pero una modificación en 1995 le permitió a las entidades financieras calcularlos según las tasas de interés y más específicamente, de la tasa aplicable a los certificados de depósito a término fijo (DTF). Razón por la cual, los bancos aprovecharon para cobrar sumas exorbitantes en perjuicio de sus propios clientes.

En consecuencia, los consumidores tenían cuotas cada vez más altas pues los intereses se capitalizaban para generar nuevos intereses multiplicando así la deuda inicial. Se estima que cerca de un millón de colombianos fueron víctimas del Upac, donde los bancos se quedaron con aproximadamente 300.000 viviendas de las cuales, unas 70.000 eran de interés social. Para colmo de males, a pesar de que a los usuarios de los créditos les remataban sus casas, estos continuaban con la deuda.

Ni los gobiernos, ni los congresistas, ni los gremios de aquella época hicieron algo para ayudar a los miles de ciudadanos perjudicados. Fue necesaria la intervención del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional que mediante varias sentencias, lograron acabar con semejantes abusos y poner fin a décadas de infamia en las que banqueros, políticos y “empresarios” se enriquecieron a costa de los colombianos más pobres.

Desafortunadamente, el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex) se ha convertido en el nuevo Upac, pues los colombianos de bajos ingresos tienen en riesgo sus viviendas por cometer “el delito de estudiar”. Hasta hace poco, al tercer atraso en el pago de las cuotas, la deuda pasaba automáticamente a oficinas de cobro privadas generando así nuevos intereses, honorarios y embargos en un descarado afán de lucro y sin tener en cuenta la situación particular del egresado. Y como si fuera una especie de “gota a gota”, al intentar abonar dinero para amortiguar la deuda, este era y sigue siendo absorbido por los intereses que también se capitalizan.

De hecho, las firmas de abogados que trabajaban para el Icetex se habían convertido en un negocio muy lucrativo, ya que prácticamente sólo tenían que esperar a que alguien se atrasara en las cuotas para acosarle de forma indiscriminada hasta sacarle el último peso. De forma simultánea, también perjudicaban a los codeudores quienes veían en riesgo el patrimonio que, solidariamente, ofrecieron para respaldar la deuda de un derecho constitucional que no está siendo garantizado por el Estado.

Y aunque por el momento, el paso de las deudas a las oficinas de cobro privadas está suspendido, paradójicamente, el Icetex cedió la totalidad de los créditos en mora a la Central de Inversiones S.A. (Cisa) que es una entidad vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Ello quiere decir que para cobrarle a los egresado del Icetex, se está utilizando la misma oficina de cobro que se usa para recaudar los valores que le adeudan al Estado quienes han cometido desfalcos y otros delitos. En otras palabras, se está equiparando a los egresados que se encuentran desempleados, con los grandes criminales que le han causado daño a Colombia, algo totalmente inaceptable.

De ese modo, el Estado de Colombia, a través de la Cisa, pretende poner entre la espada y la pared a quienes tuvieron la necesidad y a la vez, la mala decisión de solicitar un crédito en el Icetex. Es totalmente impresentable que se acose a los ciudadanos más pobres con las mismas prácticas abusivas que cometieron las oficinas de cobro privadas como es amenazar con embargos mediante llamadas telefónicas, buzones de voz y correos electrónicos. Sin embargo, como se dijo anteriormente, lo más inaceptable es igualar a los ciudadanos más vulnerables con los más corruptos.

Es inadmisible y hasta cobarde que el Estado utilice un puño de hierro para cobrarle a los colombianos más humildes que quisieron estudiar y por ende, aportarle al desarrollo del país y que por distintos motivos no tienen recursos para pagar su deuda; y que a la vez, utilice un guante de seda para tratar a quienes desfalcan a la nación en casos como Agro Ingreso Seguro, Foncolpuertos, Reficar, Hidroituango y el Cartel de la Contratación (entre otros). Guante de seda que también es utilizado a la hora de cobrarles los impuestos a los banqueros, a los grandes industriales y a quienes esconden sus grandes fortunas en paraísos fiscales.

La realidad es que los egresados del Icetex que no logran conseguir empleo están en una difícil coyuntura. El Estado debería mirar con más cautela su situación, especialmente la de quienes financiaron sus carreras bajo la modalidad de crédito Acces. Créditos que, en su mayoría, cubrieron el 50 % del programa académico durante la época de estudio para que el 50 % restante se cancelara después del grado. Sin embargo, las deudas se han triplicado por concepto de intereses y honorarios debido a que los estudiantes no tienen garantizado un ingreso mensual cuando se gradúan.

Así las cosas, no es entendible y desde ningún punto de vista aceptable que se atropelle a los usuarios del Icetex, pues se supone que esos créditos fueron creados para quienes no cuentan con los recursos económicos suficientes para pagar de contado una carrera. Además, se está ignorando el alto desempleo que existe en Colombia pues muchos egresados no logran ubicarse laboralmente por diversos motivos como es tener más de 40 años, no tener experiencia laboral, no tener postgrado o no hablar inglés en un país donde el español es el idioma oficial.

En ese sentido, las exigencias de las empresas para contratar son cada vez más excluyentes e incoherentes ya que siempre parecen tener una excusa para no generar empleo o para no pagar un salario justo. Lamentablemente, Colombia es un país donde el clientelismo ha desplazado a la meritocracia a tal punto que el candidato a una posición que no tenga la recomendación de algún personaje influyente, nunca conseguirá ser contratado por más competencias que posea. Es por ello que lo único seguro que tienen quienes financiaron sus estudios con el Icetex, es una deuda impagable.

Por razones obvias, los egresados del Icetex deberían tener prioridad en las empresas públicas y de economía mixta, especialmente en las empresas que pertenezcan a sectores estratégicos de la economía. También en los nuevos proyectos empresariales que tenga el sector privado. En ese sentido, es importante que se empiece a valorar la meritocracia y a rechazar el clientelismo, el oportunismo y el facilismo que actualmente existe en el ámbito laboral y que tiene sumida a la sociedad colombiana en un círculo de miseria e injusticia.

Es necesario que el sector público y el privado se esfuercen por generar suficientes puestos de trabajo teniendo como prioridad a los egresados del Icetex. No se justifica que a la vez que Colombia tiene tantos recursos, exista tanto desempleo, pobreza y desigualdad. Es claro que muchos empresarios no están realmente comprometidos con la generación de empleo y que sólo pretenden ganar de la renta y del interés y no de una verdadera actividad empresarial. A pesar de esto, sí buscan dádivas del Estado cada vez que pueden, las cuales generalmente les son concedidas con recursos de todos los colombianos.

Es impresentable que mientras sectores económicos como el financiero y el energético ganan billones al año por las utilidades que obtienen con recursos que son de todos los colombianos, los egresados del Icetex estén desempleados, endeudados y con sus sueños frustrados en una clara injusticia social. Por esta razón, muchos compatriotas han preferido irse del país y contribuir al desarrollo de otras naciones, a seguir viviendo entre la espada y la pared. Allá limpiando baños, lavando platos, barriendo calles o cortando el césped se gana mucho más que ejerciendo una profesión en Colombia. Los países desarrollados deben estar muy agradecidos con el Icetex por financiar la educación de sus aseadores.

El progreso de un país depende en gran medida del nivel educativo de su población. Es claro que Colombia está rezagada en ese aspecto al compararla con otros estados latinoamericanos y del resto del mundo que ya han adoptado un modelo de educación democrático. Ya que Colombia es un país irresponsable que concibe a la educación como un negocio y no como un derecho, por lo menos debería facilitar el pago de los créditos del Icetex para que los egresados no se vean en problemas por el simple hecho de estar desempleados.

Es urgente que al igual que en el caso del Upac, el Consejo de Estado y la Corte Constitucional, actúen a favor de los miles de colombianos que están perjudicados por haber estudiado a través del Icetex. Sin embargo, lo más importante sería que las leyes o resoluciones que se expidan cobijen a los actuales deudores que están agobiados por la modalidad de crédito Acces y que son acosados por la Cisa y que, incluso, están reportados en las centrales de riesgo Cifin y Datacrédito. Igualmente, es sensato comprender que la educación tiene que dejar de ser un privilegio de pocos para convertirse en un derecho de todos los ciudadanos.

Colombia debe fijar sus ojos en quienes le apostaron al sistema, creyeron en el país y se esforzaron cinco o más años cursando una carrera universitaria. Sería injusto que aquellos que se dedican a la violencia, a la corrupción y a la burocracia tengan más garantías que quienes han tratado de salir adelante de forma cívica. Todos los colombianos sin excepción deben tener acceso a la educación superior, sólo así lograremos progresar como nación, sólo así habrá verdadera democracia. Mientras una bala sea más barata que un libro y la guerra una de las pocas “fuentes de empleo”, nuestro país difícilmente tendrá un mejor porvenir.

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Profesional en Mercadeo & Publicidad. Magíster en Marketing Digital. Bogotá D.C. / Colombia / LATAM

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