La muy perjudicial ley de modernización de las TIC

 

A propósito de los $70.243 millones de pesos que el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones le entregó a la empresa de papel Unión Temporal Centros Poblados Colombia 2020, por orden de su actual jefe de cartera -movimiento financiero que se considera un desfalco al Estado- vale la pena conocer a fondo otro asunto que también debería preocuparle al país y en el que igualmente se ve involucrada la ministra Karen Cecilia Abudinen Abuchaibe, así como su antecesora Sylvia Constaín:

Con la premisa de “Conectar a todo el país y conectarlo bien”, en una nación en la que el internet tiene una penetración del 61% -lo que representa unos 20 millones de colombianos sin conexión según datos del MinTIC- fue sancionada la Ley de Modernización del Sector de las TIC (Ley TIC 1978 de 2019) con la idea de reducir dicha brecha digital (entre otros asuntos).

Esta ley busca que el Estado tenga un rol más protagónico en cuanto a regulación, promoción y concesiones dentro del sector. De ese modo, se pretende que los operadores de telefonía e internet móvil, los servicios de telefonía e internet domiciliario y los canales de televisión pública y privada; tengan una “regulación actualizada” en lo que se refiere a licencias, inversión, despliegue de infraestructura y desarrollo de tecnologías.

No obstante, esta ley ha generado muchas preocupaciones ya que se cree que está beneficiando a los operadores de servicios de telecomunicaciones privados sobre los públicos a costa de la libertad de expresión e, incluso, poniendo en riesgo la propia seguridad nacional. Igualmente, existe una preocupación por el rol regulatorio que tendrá el Estado pues se puede prestar para censura y/o favorecimientos indebidos.

En términos generales, los puntos más polémicos de la ley son:

1. Extensión del periodo de concesión de los operadores privados

Aunque inicialmente se había propuesto que se pasara de 10 a 30 años, se estableció que el nuevo periodo sería de 20 años.

Antes de esta ley, en Colombia se concedían licencias por 10 años, un plazo que los operadores señalaban como excesivamente corto. Según el MinTIC, la extensión tiene como objetivo «facilitar la implementación de estrategias y garantizar las inversiones en el sector».

Sin embargo, la posición del MinTIC es totalmente cuestionable al igual que la de los operadores privados, ya que el espectro radioeléctrico es patrimonio de los colombianos y por ello, el Estado debe ejercer soberanía sobre el mismo. Conceder licencias por 20 años es totalmente excesivo e inconveniente, más cuando se trata de un sector tan estratégico.

Sin ir más lejos, ello equivale a entregar todo el mar de Colombia o la totalidad de nuestro espacio terrestre o aéreo para que ciertas compañías privadas, ya sean nacionales o extranjeras, exploten económicamente a su antojo dicha concesión por un periodo de tiempo similar. Lo anterior con la absurda excusa de “facilitar la implementación de estrategias y garantizar las inversiones”.

Ligado a lo anterior, algo que preocupa mucho de esta ley es lo siguiente: “Como parte de las contraprestaciones por el uso y aprovechamiento del espectro, la industria podrá hacer uso del modelo de ‘obligaciones de hacer’, es decir, la sustitución del pago en dinero por el despliegue de infraestructura u otro servicio técnico pactado”. De esto se puede deducir que la industria que está compuesta por los operadores de telecomunicaciones, por los operadores de radio y televisión y por las compañías de tecnología, no tendrán que pagarle al Estado colombiano ni un peso por utilizar el espectro radioeléctrico ni por explotar el ecosistema digital. Lo anterior infiere que el país está haciendo un pésimo negocio y más que eso, que se está generando un detrimento público entre otras irregularidades.

Pero lo más grave de todo esto, es que se está poniendo en riesgo la propia seguridad nacional ya que estamos hablando de las telecomunicaciones del país. El que un sector tan estratégico esté bajo el dominio de compañías privadas sin importar si son nacionales o extranjeras, representa una seria amenaza pues se pone en peligro la confidencialidad de los ciudadanos, de las empresas y la del propio Estado.

2. Creación de un fondo único para el sector integrado por el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (FonTIC) y por el Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los Contenidos (FonTV)

En general, este fondo podría ser una oportunidad para que se aprueben desde un mismo Ente administrativo los recursos que se necesitan para la promoción de las TIC y el desarrollo de la televisión y los contenidos. Sin embargo, es necesario que se fijen cuotas porcentuales y rubros mínimos que garanticen la inversión pública que requiere el sector, no solo en cuanto a infraestructura se refiere sino también en cuanto a la producción de contenidos.

Respecto a la forma de recaudar los recursos, no solo se debería cobrar un porcentaje de la pauta publicitaria que se venda, ya que los canales y emisoras reciben ingresos por diversos conceptos. Lo más justo y conveniente es que los canales privados y las emisoras, al igual que los operadores de telecomunicaciones y la compañías de tecnología, paguen por su utilidad final la cual debe ser minuciosamente verificada por distintas auditorías externas y confirmadas por el Estado a través de un Ente regulador.

Por lo anterior, es necesario que la administración de este nuevo fondo esté compuesta por un equipo multidisciplinario que se encargue de asegurar que se recauden los rubros justos, que el presupuesto asignado se invierta eficientemente y que el sector TIC cuente con los recursos necesarios para su funcionamiento.

3. Creación de un Ente regulador convergente en reemplazo de los tres organismos anteriores: (la Agencia Nacional del Espectro, la Agencia Nacional de Televisión y la Comisión de Regulación de Comunicaciones)

La ley plantea la creación de un regulador integrado por dos juntas. La primera, que en teoría sería la Comisión de Regulación de Comunicaciones, se encargará de “promover la competencia en los mercados de las redes y los servicios de telecomunicaciones”. Esta estaría integrada por el Ministro TIC, un comisionado designado por el Presidente, un comisionado elegido por canales regionales de televisión y dos comisionados escogidos por concurso que haría el Departamento Administrativo de la Función Pública.

La segunda junta, llamada Sesión de Comisión de Contenidos Audiovisuales, se enfocaría en los asuntos asociados al pluralismo informativo y a la defensa y el derecho de los televidentes, niños y adolescentes. La propuesta es que tal junta esté conformada por un miembro elegido por los operadores públicos regionales del servicio de televisión, un miembro del sector audiovisual mediante concurso público realizado por el Departamento Administrativo de la Función Pública y un miembro de la sociedad civil elegido igualmente por concurso público.

Este cambio puede representar una ventaja al eliminar el exceso de burocracia, al aumentar la eficiencia de las operaciones y al evitar las discrepancias conceptuales. Sin embargo, es importante que la dirección de este nuevo Ente regulador esté integrada por los distintos actores del sector en su justa proporción, de modo tal que esté representado tanto el sector privado como el público al igual que la ciudadanía en general.

Otra opción podría ser la creación de una Superintendencia que esté adscrita al MinTIC pero que a la vez, mantenga la independencia. Asimismo, dicha función podría delegarse a la Superintendencia de Industria y Comercio, ya que, finalmente, esta cuenta con mayor experiencia y es la encargada de regular muchos de los asuntos relacionados con el sector.

Temas que faltan por analizar

Más allá de los puntos anteriores, no se están debatiendo algunos asuntos que se deben abordar como es la apropiación del espectro radioeléctrico colombiano por parte de un duopolio mediático privado y la necesidad de expedir una Ley de Medios más democrática. Tampoco se está contemplando la necesidad de que lleguen nuevos operadores de servicios de telecomunicaciones convencionales, ni la oportunidad que representan las Alianzas Público-Privadas para desarrollar el sector.

Igualmente, no se está considerando la defensa de las empresas públicas y de capital mixto, como la ETB, ni la importancia de que lleguen nuevos actores disruptivos que generen una evolución del sector. Tampoco se está contemplando que el simple acceso a internet no garantiza el desarrollo del país, y que los altos precios de los servicios y de los dispositivos también representan un impedimento para reducir la brecha digital. Otro asunto que se está ignorando por completo es el papel de las compañías extranjeras de tecnología que explotan el ecosistema digital colombiano.  Asimismo, no se está considerando la ciberseguridad que debe tener el Estado.

Desglosemos los temas a continuación:

1. La apropiación de espectro radioeléctrico colombiano por parte de un duopolio mediático privado y la necesidad de expedir una nueva Ley de Medios más democrática: No es un secreto que los dos únicos canales de televisión con cobertura nacional y todas las emisoras radiales del país están en poder de un duopolio mediático privado conformado por RCN y Caracol. Por lo anterior, ampliar sus licencias a 20 años representa una concentración de poder en manos de unos cuestionables grupos económicos que han sido señalados, entre otras cosas, de polarizar el país, conspirar contra el proceso de paz y enriquecerse de forma descarada al no tener competencia.

Si además tenemos en cuenta que se ha impedido de mil formas que salga al aire el “tercer canal” y que el Canal Uno está en riesgo de ser desfinanciado, entenderemos que se está buscando beneficiar a dicho duopolio privado sobre los demás sectores del país.

Es claro que ni la libertad de prensa, ni la libertad de expresión, ni mucho menos la democracia se encuentran garantizadas en Colombia con la actual distribución del mercado de medios. Por consiguiente, es necesario que salgan al aire nuevos canales de televisión, tanto privados como públicos, y que las frecuencias de las emisoras radiales sean redistribuidas de modo que se garantice la participación de distintos sectores de la sociedad.

Colombia necesita con urgencia redistribuir el mercado de los medios de modo que se asigne de manera proporcional un 33% para medios públicos, un 33% para medios privados y el 34% restante para medios comunitarios. Esto le daría voz a las comunidades que históricamente han sido excluidas por el duopolio privado dominante, y a la vez, se garantizaría una verdadera democracia en la que participen todos los sectores del país.

2. La necesidad de que lleguen nuevos operadores de servicios de telecomunicaciones convencionales: Cuando al país llegaron empresas como Comcel, sus licencias se concedieron por 10 años, tiempo que fue suficiente para que se cometiera una serie de abusos hacia el consumidor y para que su propietario, Carlos Slim, se convirtiera en uno de los hombres más ricos del mundo. El otorgarle una licencia por 20 años a los actuales operadores no garantizará de ningún modo la inversión ni la innovación, ni unas tarifas justas o un servicio óptimo. Por el contrario, se podría repetir lo que ocurrió en los 10 primeros años de la telefonía celular.

Lo más conveniente es que, periódicamente, lleguen nuevos operadores y que las licencias sean menores a las planteadas por el gobierno o inclusive menores a las actuales, pues entre más competencia exista, más se esforzarán las empresas por ofrecer un mejor servicio con tarifas más asequibles hacia el consumidor. Además, pretender extender las licencias para que los actuales operadores exploten indefinidamente la tecnología vigente, no tiene sentido ya que, en poco tiempo, esta será obsoleta.

3. La oportunidad que representan las Alianzas Público-Privadas (APP) para desarrollar el sector: No es necesario otorgar licencias por 20 años y entregar de ese modo la soberanía del espectro radioeléctrico colombiano. Basta con realizar Alianzas Público-Privadas de manera que el Estado y los inversionistas privados trabajen en sinergia, tanto por el desarrollo de Colombia como por las utilidades de las empresas, en un periodo mucho menor el cual se limite al desarrollo de un determinado proyecto.

Por medio de las APP, se podrían fijar objetivos claros de modo que el Estado cumpla con sus obligaciones en cuanto a inversión social y a la vez, las compañías privadas amplíen sus mercados en un perfecto gana-gana que tenga como principal objetivo el desarrollo del país y el beneficio de la ciudadanía.

4. La defensa de las empresas públicas y de capital mixto como la ETB: Es inaudito que la Ley TIC 1978 de 2019, que sancionó el gobierno, no blinde a las empresas como la ETB aun cuando pertenecen a un sector estratégico de la economía. Esta compañía bogotana es un verdadero ejemplo de pujanza y desarrollo tecnológico, pretender que los operadores extranjeros acaparen el mercado y no garantizar la supervivencia de este tipo de empresas, es un error del Ministerio TIC.

5. La importancia de que lleguen nuevos actores disruptivos que generen una evolución del sector: En cuanto a tecnología se refiere, no se deben hacer planes a tan largo plazo (10 años) ni mucho menos a 20 años como lo impone la Ley TIC 1978 de 2019. Lo correcto es que la legislación garantice la llegada de otros actores al mercado que inviertan en nuevas tecnologías y que realicen cambios disruptivos. El Estado no debe hacer énfasis en prolongar la misma tecnología por tantos años con la intención de que los actuales operadores recuperen su inversión, esto sólo ocasionará que el país se atrase y no vaya a la vanguardia internacional.

Por otro lado, la innovación tecnológica no sólo proviene de Google, Facebook, Twitter, Amazon, Microsoft y demás compañías estadounidenses que tienen presencia en el país y que incluso, ya están ofreciendo servicios no contemplados en la Ley TIC 1978 de 2019. Es obvio que, en un futuro inmediato, el sector TIC contará con nuevos actores y el país debe incentivar su llegada eliminando las barreras de entrada y facilitando sus operaciones. Un ejemplo es la apertura que debería tener el Estado colombiano hacia las compañías de tecnología de origen chino como Huawei y Xiaomi, porque además de ofrecer dispositivos de última generación a bajo costo, son pioneras en tecnología 5G.

Adicionalmente, El Estado debe hacer énfasis en el surgimiento de compañías de tecnología de origen nacional y no tanto en la entrega de su espectro radioeléctrico a empresas extranjeras. De hecho, no se está aprovechando el enorme potencial que tiene Bogotá, ya que esta ciudad es conocida en el mundo por su amplio despliegue de infraestructura tecnológica, por su alta innovación, por ser la sede de numerosas compañías de tecnología y por ser el mercado más importante de Colombia y uno de los más relevantes de América Latina.

6. El simple acceso a internet no garantiza el desarrollo del país: Es claro que el actual gobierno colombiano y el MinTIC se equivocan al creer que con sólo extender la cobertura del internet, el país estará desarrollado. Más cuando el método que utilizan es la ampliación de licencias y la prolongación de una misma tecnología de forma indefinida.

Y es que no solo se trata de extender el acceso a internet a lo largo y ancho del país, el Estado también debe garantizar otros derechos de los colombianos como es el acceso al sistema de salud, al de educación y al de trabajo.

7. Los altos precios de los servicios y de los dispositivos: El Estado colombiano se está preocupando más por extender la infraestructura de los operadores privados, que por el acceso real de los ciudadanos a esta clase de servicios. Lo peor es que al existir tan pocos competidores y concederles tantas prerrogativas, los consumidores se verán obligados a pagar sumas exorbitantes por tecnologías que podrían estar obsoletas en los próximos meses.

Otro asunto es el precio de los diferentes dispositivos, es urgente que se regule el tema de manera que no sean tan costosos para el consumidor. No tiene sentido contar con acceso a internet si se carece de un computador, de una tableta o de un teléfono inteligente. Una buena forma sería incentivar la competencia, no grabarlos con el IVA y procurar ensamblarlos o fabricarlos en Colombia.

8. El papel de las compañías extranjeras de tecnología que explotan el ecosistema digital colombiano: Algunas compañías de tecnología de origen estadounidense que llegaron a Colombia como Google, Facebook, Twitter, Amazon y Microsoft, están siendo seriamente cuestionadas porque obtienen grandes utilidades sin generar suficientes puestos de trabajo directo, sin pagarle impuestos al fisco colombiano y sin trasferirle tecnología al país. Además, porque se han apropiado de los datos de sus usuarios e incluso, los han compartido con terceros, incluyendo a las agencias de seguridad de los Estados Unidos. Esto conlleva a preguntarnos si realmente estas compañías se pueden considerar como inversión extrajera o si por el contrario, son unidades de espionaje internacional que se apropian de los datos de los ciudadanos, de las empresas y de los gobiernos.

9. No se está considerando la ciberseguridad que debe tener el Estado colombiano: En concordancia con el punto anterior, los recientes escándalos de espionaje propiciados por las agencias de seguridad y las compañías de tecnología de los Estados Unidos han puesto en riesgo la confidencialidad de personas, empresas y Estados en todo el planeta. Por lo anterior, Colombia debe tomarse muy en serio su defensa en cuanto a seguridad informática se refiere. Tanto los ciudadanos como las empresas y el mismo Estado, deben prever que pueden ser víctimas del espionaje ilegal y de ataques cibernéticos. Lamentablemente, la Ley TIC 1978 de 2019 no contempla un aspecto tan importante como este. De hecho, ni siquiera se ha pensado en realizar un Acuerdo de Transferencia de Datos con otros países.

Conclusión

Ley de Modernización del Sector de las TIC (Ley TIC 1978 de 2019) viola la soberanía colombiana y pone en riesgo la seguridad nacional. Asimismo, es claro que pretende una hegemonía de los medios privados bajo la figura de duopolio, lo que a su vez atenta contra la libre expresión y la democracia. Por si fuera poco, somete al país a un detrimento público, al privilegiar los ingresos de los operadores privados de telecomunicaciones y de algunas empresas extranjeras de tecnología que explotan el ecosistema digital colombiano sin pagar impuestos, sin generar empleo directo y sin ejercer su responsabilidad social.

Adicionalmente, existe el agravante de que dichas compañías de tecnología están realizando espionaje ilegal y apropiándose de los datos de sus usuarios incluyendo ciudadanos, empresas y gobiernos. Sumado a lo anterior, esta ley es inconveniente porque condena al país a un costoso atraso tecnológico ya que extiende por mucho tiempo las tecnologías vigentes e impone barreras de entrada a nuevos competidores.