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Iván Duque y Karen Abudinen. Foto: Presidencia de la República.

Colombia no debe olvidar el desfalco de $70.243 millones de pesos que se realizó a través del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC).

De hecho, Colombia no debe olvidar que cuando se perpetró dicho desfalco, la jefe de cartera era Karen Cecilia Abudinen Abuchaibe, quien además hace parte del Clan Char y del uribismo.

Asimismo, Colombia no debe olvidar ese desfalco porque el propio subpresidente Iván Duque defendió a la señora Abudinen hasta el último momento, aún con toda la evidencia que había en su contra. Igualmente, porque en ese caso se han visto involucrados desde congresistas hasta el ex-embajador de Colombia en los Estados Unidos, Francisco Santos Calderón.

Pero sobre todo, Colombia no debe olvidar ese desfalco porque además que se están robando el presupuesto nacional de forma descarada, también están dejando sin internet a las zonas rurales, impidiendo así el desarrollo del país. ¿Ese es el Silicon Valley al que se refería Duque?

Empecemos por entender que este desfalco no es el único que se habrá presentado en el periodo de Duque. Con seguridad iremos conociendo otros tantos y bajo numerosas cuantías. Sólo hay que esperar a que entre el siguiente gobierno para que empiecen a salir a flote los casos de corrupción. Por el momento, el régimen uribista tiene a su favor a la Fiscalía, a la Procuraduría y a la Contraloría.

Y es que no estamos hablando de cualquier monto, se robaron $70.243 millones de pesos mediante el anticipo que recibió la empresa de papel “Centros Poblados” al ganar una licitación pública de forma fraudulenta. Es decir, se trata de una verdadera empresa criminal que se creó para defraudar al Estado y que presuntamente, estaría compuesta por ministros, congresistas, contratistas y hasta pastores evangélicos.

Lo peor es que la cifra que se perdió se puede incrementar ya que “Centros Poblados Colombia 2020” ha manifestado en varias ocasiones que planea adelantar acciones judiciales contra el Estado por incumplimiento de contrato en cuantías que sobrepasan los $3 billones de pesos. Es decir, el lío no sólo son los $70.243 millones de pesos del adelanto sino los $1.07 billones de la licitación y los más de $3 billones que pretendía obtener la firma Centros Poblados Colombia 2020.

Los colombianos podríamos estar tranquilos si nuestro país no tuviera una crisis institucional como la actual y si los Entes de control no se encontraran bajo el dominio del uribismo. El problema es el evidente vínculo de dicha empresa criminal con el establecimiento, de allí que no se garantice transparencia y que por el contrario, exista el riesgo de perder mucho más que el adelanto inicial.

Por otro lado, el país debe saber que están en juego $100.000 millones de pesos que recibió la compañía Claro Colombia a través de otro anticipo al también haber sido elegida ganadora del concurso licitatorio. El problema es que esta empresa no ha entregado el trabajo al ritmo que se comprometió, que el dinero del adelanto salió del país y que este rubro no se justificaba pues esta compañía cuenta con una vasta infraestructura a lo largo y ancho del territorio nacional. 

Sin embargo, no se puede comparar de ningún modo a una compañía como Claro Colombia con una empresa de papel como Centro Poblados Colombia 2020. Mientras que el problema con Claro radica en la celeridad operativa, el problema con Centros Poblados consiste en un evidente acto de corrupción. Aún así, es importante que el Estado verifique el avance de las obras por parte de la multinacional mexicana. 

De igual forma, hay intereses oscuros que buscan quitarle a la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB) el contrató que se le cedió por $1.07 billones de pesos para instalar internet en algunas zonas rurales del país. Es inconcebible que se pretenda algo así cuando la ETB es una compañía seria, con suficiente experiencia y capacidad operativa. Más si se tiene en cuenta que básicamente, la ETB es una empresa pública de la cual dependen el mismo presupuesto nacional.

Un capítulo aparte es la presunta participación de congresistas que buscaban satisfacer intereses particulares al pretender que el contrato se cediera a firmas distintas a las que participaron en la licitación. Esto es inaceptable ya que existen unas reglas claras en los procesos licitatorios y adjudicar a dedo un contrato de tal magnitud, no sería más que corrupción. Claramente, estos congresistas deberán responder ante la justicia por sus actuaciones. 

No obstante, es aún más inaceptable que el ex-embajador de Colombia en los Estados Unidos-Francisco Santos Calderón quien es miembro del uribismo y además fue Vicepresidente de la República, se haya prestado para realizar tráfico de influencias a favor de una empresa estadounidense y en perjuicio de las empresas colombianas. 

En efecto, las investigaciones han demostrado que siendo embajador de Colombia en los Estados Unidos, Francisco Santos Calderón intentó persuadir a la ex-ministra Abudinen para que el contrato que le quitaron a Centros Poblados se lo entregaran a la empresa estadounidense Hughes Corporation. Es decir, Pachito pretendía influir para que una empresa gringa se quedara con un contrato de $1.07 billones de pesos burlando así el proceso de licitación y pasando por encima de empresas colombianas como la ETB. 

Aunque en Estados Unidos esta práctica corrupta se conoce como “lobby”, en Colombia es un grave delito que se llama tráfico de influencias. Por tanto, es una canallada que siendo ex vicepresidente y en calidad de embajador, Pachito haya intentado beneficiar a una empresa extranjera sobre una empresa colombiana. ¿El señor Francisco Santos Calderón trabaja para los intereses de Colombia o para los intereses de los Estados Unidos?

Así las cosas, Pachito también deberá responder ante la justicia por este grave hecho. Por consiguiente, los colombianos debemos tener en cuenta este tipo de actuaciones ya que un personaje que trabaja por los intereses de los Estados Unidos, no debe ser funcionario del Estado de Colombia y mucho menos nos debe representar en el exterior.  

Todo esto nos lleva a entender que la renuncia de la señora Abudinen no es suficiente. Es necesario que el Estado recupere ese presupuesto perdido y que se castigue de forma ejemplar a los funcionarios y contratistas corruptos. Es imperativo que a todos los involucrados en este caso se les inhabilite para ejercer cargos públicos, se les impida contratar con el Estado y se les realice extinción de dominio.

Por otro lado, es inaceptable que el subpresidente haya nombrado a la Carmen Ligia Valderrama al frente del MinTIC pues desde el Viceministerio de Transporte no hizo más que atacar al sector. Sólo basta con recordar las sanciones que pretendió imponer contra plataformas tecnológicas como Uber y Rappi. Además, al igual que su antecesora, la señora Valderrama no es experta en el sector sino una abogada que llegó al cargo de forma burocrática.

Colombia deberá seguir al tanto de lo que suceda con este caso, pues, claramente, demuestra la manera como los corruptos se apropian de los recursos públicos. Más que una renuncia y la apertura de cientos de procesos, el país necesita que se recuperen los recursos, que se castigue ejemplarmente a los involucrados y que el subgobierno uribista de Duque asuma su responsabilidad política.     

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