Por la dignidad del pueblo colombiano

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Bogotá D.C, sede de la democracia colombiana. Foto: Juan Carlos Martínez Castro. Archivo El Tiempo.

En Colombia, el 5% de la población se adueñó de todo. Los demás, reciben un ingreso fijo y la gran mayoría, sólo el SMLV o menos o nada. Normalmente, el gobierno y los gremios suelen divulgar sin ninguna vergüenza las cifras del crecimiento económico del país y las utilidades billonarias de algunos sectores como el bancario y el extractivista. Sin embargo, nunca se atreven a difundir con igual intensidad las cifras de la distribución de la riqueza o de la disminución de la pobreza. Claramente, porque buscan ocultar la enorme inequidad que se presenta en nuestra patria.

Millones de colombianos están desempleados, además se encuentran endeudados y la gran mayoría se halla entre la espada y la pared debido a los altos precios que pagan por los diferentes productos y por los exorbitantes impuestos que tributan, algo que contrasta con los bajos salarios que perciben y con su precaria calidad de vida. De hecho, muchos ciudadanos no tienen servicio de salud, tampoco acceso a la educación, menos aún una vivienda digna y ya ni siquiera se van a poder pensionar. Una dura realidad que fue la principal razón del surgimiento del Paro Nacional como se le conoce al estallido social.

Y es que la situación es verdaderamente preocupante. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) acaba de entregar su informe sobre Colombia donde indica que la transferencia de recursos públicos sólo llega al 15% de las familias vulnerables, esto quiere decir que el 85% de los colombianos que necesitan ayuda por parte del Estado, se encuentran en total abandono. Asimismo, la OCDE reveló que sólo la mitad de los adultos mayores con edad de pensionarse, están recibiendo algún tipo de mesada. Cifras que contrastan con el 2.7% del PIB que se destina a subsidiar al 5% de las personas naturales y jurídicas con mayores ingresos.

Por su parte, la Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo (Fedesarrollo) a través de un informe reciente, afirma que el 53% de los hogares colombianos pertenecen a los estratos 1 y 2 y sólo ganan hasta 1 SMLV. Y, que de ese ingreso, están destinando entre un 40% y un 42% a su alimentación. Adicionalmente, Fedesarrollo indica que el aumento del 10% del SMLV que se hizo a principio del año, perdió valor por la desmesurada inflación al punto que al día de hoy, apenas equivale a un 1.4%. Palabras más, palabras menos, esto quiere decir que la mitad de la población colombiana, está aguantando hambre.

De hecho, el supuesto crecimiento económico del 10,6% que tuvo Colombia en el año 2021 y del que tanto alardea Iván Duque, es totalmente falso. Lo anterior puesto que, se está comparando al año 2021 con el 2020 cuando en este último, la economía estuvo cerrada a causa de la pandemia. Por ello, es obvio que al comparar al 2021 con el 2020, da una cifra muy alta, pero irreal. En este caso, la forma correcta de calcular el crecimiento económico, es comparar al 2021 con el 2019 donde sí estuvo abierta la economía y ello nos arroja un resultado de apenas 2.8%.

Y si analizamos la gestión de la pandemia, tenemos que recordar que en marzo del 2020, el gobierno declaró la Emergencia Económica Nacional a través de la cual, dispuso de más de 17.5 billones de pesos. Presupuesto que no fue destinado a fortalecer el sistema de salud, ni a estimular a las mipymes ni a socorrer a las familias confinadas. Presupuesto que se le entregó en su totalidad a los banqueros. Es decir, en el momento en el que los colombianos más necesitaban hacer uso de sus recursos, el uribismo se los regaló a los más ricos del país. Algo que ocasionó el quiebre de las micro, pequeñas y medianas empresas que representan más del 90% del aparato productivo nacional. Asimismo, se acabó con la clase media, se incrementó el desempleo y aumentó la pobreza extrema.

Para colmo del males, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) que es un organismo dependiente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), acaba de realizar su informe de la región en el cual destaca que la economía venezolana crecerá más que la colombiana en este año 2022, una prueba más del pésimo desempeño económico del régimen uribista que ya lleva décadas en el poder. Asimismo, es de público conocimiento que los Estados Unidos están restableciendo sus relaciones con Venezuela, algo que denota el error que cometió Colombia al dañar su mercado natural con el que era su segundo socio comercial.

El desastroso manejo de la economía por parte del actual gobierno, generó un verdadero éxodo de colombianos que buscan la manera de subsistir y ayudar a sus familias desde el exterior. Es así que en el año 2021, el país tuvo más ingresos por concepto de remesas que por inversión extranjera directa. Se calcula que en todo el 2021, ingresaron al país más de US$8.597,24 millones de dólares en remesas frente a los US$7.164,5 millones de dólares que ingresaron por inversión extranjera directa. Esto demuestra que en los últimos 4 años no hubo confianza inversionista y que al pueblo colombiano le tocó huir al exterior para sobrevivir.

La situación de Colombia es tan precaria que la inmensa mayoría de los colombianos carece de un servicio de salud y quienes lo tienen, así sea bajo el régimen contributivo, se ven obligados a interponer acciones de tutela para que las Entidades Promotoras de Salud (EPS) les atienda oportunamente o les entregue los medicamentos. Prácticamente, el colombiano tiene que mendigar su atención médica aunque esté pagando por lo que se supone, es un derecho ciudadano.

El acceso a la educación sigue siendo otro privilegio. Son muy pocas las personas que pueden ingresar a la universidad pública. A los demás, les toca en la universidad privada que es sumamente costosa. Tanto así, que deben recurrir a créditos millonarios ante el ICETEX y entidades financieras. El problema es que los egresados no tienen el empleo garantizado, pero sí una deuda impagable que termina hasta en embargos por parte del propio Estado a través de la CISA. Lo anterior, debido a que los estudiantes deben dejar su vivienda como garantía del crédito. Esto ha ocasionado que la inmensa mayoría de los colombianos, prefiera no estudiar.

Y quienes no estudian porque no pueden ingresar ni a la universidad pública ni a la privada o ni siquiera al SENA, terminan vinculándose a instituciones como la Policía Nacional o trabajando en el sector informal por un salario mínimo. Lo peor es que, por esta causa, muchas personas también se enlistan en las filas de grupos ilegales y eso es algo que no se puede desconocer. En Colombia hay muy pocas oportunidades, ocasionando que los ejércitos irregulares sean las únicas “opciones laborales”. Podría parecer algo normal, pero no lo es. Y no lo es porque todos los ciudadanos deberían poder ir a la universidad sin distinción alguna y así tener los mismos derechos.

El acceso a la vivienda es otra de las dificultades que tienen los colombianos. El precio del metro cuadrado es sumamente alto en las principales ciudades del país y para tener una casa o un apartamento, hay que endeudarse de por vida. Los precios son tan especulativos que es más económico comprar una vivienda en el exterior, que dentro de nuestro propio territorio. Y quienes no pueden adquirir una vivienda, terminan pagando altísimos arriendos o viviendo en barrios subnormales. Situación que se agrava debido al círculo marginal que se crea y al clasismo que ocasiona. De hecho, la estratificación es una forma de exclusión que debería abolirse.

En cuanto a las pensiones, a parte de lo dicho por la OCDE, es claro que bajo el actual sistema, el grueso de los ciudadanos no se podrá jubilar. Algo absolutamente arbitrario con la población del país, más cuando conocemos las utilidades de los fondos privados de pensiones y casos como el de las “pensiones millonarias” que han obtenido algunos personajes de forma fraudulenta. También, por lo que respecta a los regímenes especiales que privilegian a sectores minoritarios a costa de las mayorías. En una sociedad verdaderamente democrática, todos debemos tener las mismas garantías.

Toda esta injusticia social, las innumerables necesidades insatisfechas y el deseo de vivir mejor, llevaron a los colombianos a manifestarse por primera vez en la historia a través de un “cacerolazo” como sucedió el pasado 21 de noviembre de 2019. Fue una especie de “Big Bang Social”, un acto espontáneo de la más alta nobleza, una expresión genuina de descontento que se originó en la ciudad de Bogotá y que se replicó con gran intensidad en el resto del país. Es claro que Colombia cambió a partir de ese día y que ya nunca volverá a ser igual.

Es como si los colombianos hubieran hecho un alto en el camino para decir ¡No Más! a las políticas que los tienen sumidos en la miseria. Fue como despertar de una horrible noche de pesadillas o como salir del letargo en el que había caído la sociedad. También fue una expresión de solidaridad y de empatía al entender que todos merecemos vivir dignamente sin ninguna distinción. Las marchas, los conciertos y los miles de comentarios en las redes, evidencian el descontento ciudadano con la actual situación del país y la firme decisión de construir una mejor sociedad a través de un verdadero cambio.

Y es que los colombianos desean un mayor estándar de vida. O sea, que se les garantice como derecho constitucional el acceso al sistema de salud, a la educación y a una vivienda digna. Sin embargo, esta vez quieren ir más allá y poder adquirir con mayor facilidad toda clase de bienes como serían automóviles, muebles, celulares, computadores, electrodomésticos, ropa y calzado. También poder ir de vacaciones, a un parque de diversiones, a un buen restaurante o al cine. Algo que ya sucede en las grandes democracias donde la educación es gratuita como en Alemania, o en donde la salud también lo es como en España, o donde pasa lo mismo con el transporte como en Luxemburgo, o donde los productos son asequibles como en los Estados Unidos.

En síntesis, los colombianos exigen que el crecimiento económico del país beneficie al total de la población y que, de ese modo, todos vivamos mejor. Una petición justa y totalmente posible teniendo en cuenta los inmensos recursos que posee nuestra nación. Sin embargo, para lograrlo, se necesita realizar un Pacto Histórico y definir así nuevas reglas de juego de modo que exista una distribución de la riqueza más equitativa, se garanticen los derechos ciudadanos y se establezca una lucha frontal contra la corrupción.

No obstante, el aspecto económico no es lo único que está reclamando el conjunto de la población puesto que, también desea que el país avance en otros ámbitos. Por ejemplo, los colombianos exigen un mayor nivel de justicia, un amplio cuidado de los ecosistemas naturales, una superior protección del patrimonio cultural, una infraestructura más moderna, unos medios de comunicación más plurales y unas fuerzas militares que respeten los derechos humanos y protejan la soberanía. Igualmente, la población está exigiendo políticas serias contra el racismo, la homofobia, la xenofobia y contra todo tipo de discriminación y exclusión.

Con semejante panorama, era obvio que la ciudadanía iba a explotar de alguna manera y como mínimo, manifestarse en las calles y mediante otros tipos de expresiones civiles. Por ello, es inaceptable que se haya criminalizado la protesta social y reprimido aún más a la población. Debemos tener claro que protestar es un derecho constitucional que hace parte de la democracia y por tanto, quienes ejercen ese derecho no son ningunos vándalos y merecen todo el respeto por parte del gobierno, de los gremios, de la fuerza pública, de los medios y del resto de la sociedad.

Si somos sensatos, la actuación que suele tener la policía en las protestas es bastante deplorable, particularmente, la actuación del Esmad. El uso desmedido de la fuerza, la violación de los derechos humanos y el irrespeto al ciudadano; son acciones antidemocráticas. Ningún miembro de las Fuerzas Militares de Colombia debe olvidar que trabaja para la ciudadanía y no para el gobierno de turno, o para gobiernos extranjeros, o para empresarios, o para partidos políticos. Tampoco debe olvidar que es la ciudadanía la que le paga su sueldo y es a esta a la que debe respetar, defender y obedecer. 

El papel de los medios tampoco ha sido el mejor. Fue deplorable el cubrimiento que hicieron sobre la protesta social al banalizarla de tal manera, que la equipararon con un acto criminal. Los medios no analizaron a profundidad las causas del estallido social e ignoraron el mérito de la ciudadanía al manifestarse contra la injusticia que le agobia. En consecuencia, los medios no están cumpliendo con su función social y parecen estar en contra de la propia democracia para favorecer intereses particulares. Por ello, vale la pena recordar que el espectro radioeléctrico de Colombia, le pertenece al pueblo colombiano.

Por su parte, los gremios deben comprender que no son los dueños del país y que las personas que trabajan en sus empresas no son esclavos, son ciudadanos con derechos. Si somos sensatos, la difícil situación por la que atraviesa nuestra sociedad, se origina porque algunos “empresarios” se creen dueños de Colombia a tal punto que, han pretendido apropiarse de los recursos que le pertenecen a todos los ciudadanos. Además, porque han impulsado reformas tributarias que les exonera del pago de impuestos y porque han influido para que el SMLV sea paupérrimo. Algo lamentable puesto que, han empobrecido al consumidor al impedir que tenga un mayor poder adquisitivo y por tanto, han impedido que se eleve el consumo y crezca la economía.

Debemos tener presente que el pueblo colombiano está respetando las reglas de juego y le está apostando a una transformación pacífica del país, pero que su paciencia tiene límites. Es claro que la sociedad colombiana cambió a partir del pasado 21 de noviembre del 2019 y que desde entonces, se propuso restablecer la democracia, ejercer soberanía, recuperar sus derechos y alcanzar un mayor estándar de vida. Pero, sobre todo, se propuso hacer valer su dignidad.