Estados Unidos implementó una serie de medidas en contra de algunas compañías de tecnología de origen chino como Huawei, Xiaomi y Tik Tok. Supuestamente, porque espían a ese y otros países del mundo. Sin embargo, la historia demuestra que no son las empresas chinas las que realizan espionaje masivo y que por el contrario, son las empresas estadounidenses las que lo hacen.
Por ejemplo, no hace mucho se conoció públicamente que la compañía de tecnología estadounidense Facebook, fue investigada en los Estados Unidos por haber filtrado la información de más de 50 millones de cuentas a la empresa inglesa Cambridge Analytica, la cual trabajó para la campaña política del ex-presidente Donald Trump. Se cree que Facebook compartió sin autorización la información de sus propios usuarios para venderla a la empresa británica, la cual, a su vez, la utilizó para desarrollar un software destinado a predecir las decisiones de los votantes e influir en ellas.
Para empeorar la situación y de acuerdo con información de la AFP que fue confirmada por diferentes medios, hay indicios de que la firma británica además de haber realizado actividades en los Estados Unidos y en el Reino Unido, habría operado en numerosos países como Kenia, Italia, Sudáfrica, Indonesia y Colombia. Una muestra más de la gravedad de este asunto.
Adicionalmente, WikiLeaks reveló que la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés), en conjunto con las agencias británicas GCHQ y Mi5, realizan un espionaje masivo y sistemático en muchos países del mundo utilizando exploits, virus, troyanos y programas maliciosos. Según Julian Assange, la CIA utiliza para sus propósitos artefactos de la marca Apple. También distintos programas informáticos para automóviles y sistemas operativos como iOS, Android, Windows, MacOS X y Solaris.
Junto a los anteriores casos, también se conoció públicamente que las grandes compañías de tecnología de origen estadounidense como Google, Microsoft y las ya mencionadas Facebook y Apple, pasan de forma sistemática la información privada de sus usuarios a la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (NSA, por sus siglas en inglés). Casos a los que se suma la polémica generada por las aplicaciones WhatsApp e Instagram, que son propiedad de Facebook, al pretender cambiar los términos de uso para apropiarse de los datos de sus usuarios y acceder a su contenido privado.
Esto generó un gran rechazo a nivel internacional ya que, las compañías estadounidenses de tecnología están realizando un espionaje totalmente descarado, arbitrario e ilegal en todos los países del mundo. Un espionaje que, además, se ejerce a modo de chantaje al exigirle a los usuarios aceptar las condiciones y los términos de uso como condición para utilizar los servicios. Lo anterior sin explicarles con claridad los alcances de tales exigencias. A esto se suma el hecho de que estas empresas conforman monopolios y ejercen como actores dominantes del mercado.
Y es que las libertades individuales están siendo vulneradas puesto que, dichas interceptaciones son ilegales teniendo en cuenta que no existe un proceso judicial en contra de la mayoría de las personas espiadas y por tanto, son acciones arbitrarias que constituyen en su conjunto un delito contra la humanidad. El derecho a la privacidad es universal y no debe ser violado por ningún país, empresa o agencia de seguridad. Mucho menos si se trata de organizaciones estatales que, se supone, deben respetar el debido proceso y garantizar la dignidad de las personas.
En cuanto a la competencia desleal, es claro que este tipo de espionaje puede prestarse para que las compañías de los Estados Unidos aventajen a su competencia a lo largo y ancho del mundo. Ese ventajismo puede darse a nivel tecnológico, industrial y/o comercial. Por ejemplo, al realizarse una licitación pública en la que concurse una empresa estadounidense, en un eventual proceso de negociación comercial tipo TLC y/o en el registro de marcas y patentes.
Sin embargo, es la seguridad de las naciones lo que más preocupación genera. Es claro que EE.UU. tiene la capacidad de espiar a todos los países del mundo y de hecho lo hace como lo ha reconocido públicamente en varias ocasiones. Algo que, evidentemente, genera desconfianza y una enorme indignación internacional y que además, pone en peligro al planeta si la información recopilada no es custodiada de forma adecuada o si cae en las manos equivocadas.
En consecuencia, el Estado de Colombia y los demás Estados del mundo, debe determinar si la presencia de compañías de tecnología de origen estadounidense se puede considerar como inversión extranjera o, si por el contrario, son organizaciones dedicadas al espionaje que representan un enorme riesgo. Igualmente, se hace necesario un mayor control y un protocolo de seguridad para los dispositivos y el software procedente de los Estados Unidos así como para el intercambio de información. De hecho, los representantes legales de las compañías involucradas en dichos escándalos, están en mora de dar explicaciones tanto a las autoridades colombianas como a los consumidores de sus productos a nivel nacional e internacional.
El espionaje estadounidense es tan o más grave que el escándalo de la FIFA, el de Pandora Papers y el de Odebrecht juntos. Es un caso impresentable que comprueba la doble moral que impera en los Estados Unidos y el juego sucio de algunos sectores de ese país. Es urgente que la comunidad internacional le ponga freno a los constantes abusos que cometen las agencias de seguridad y las compañías de tecnología estadounidenses ya que están cometiendo un grave delito contra la humanidad al espiar a ciudadanos, empresas y gobiernos.
Por lo anterior, resulta inverosímil que Estados Unidos acuse de espionaje a las compañías de tecnología chinas cuando son las empresas estadounidenses las que, descaradamente, espían al mundo entero. Lo peor es que EE.UU. no se limita a sancionar a la empresas chinas dentro de su propio territorio, sino que pretende que otros países como Colombia, también lo hagan. No hace mucho, se supo que funcionarios de la embajada estadounidense buscaban impedir que el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) realizara un contrato con Huawei. Algo que generó un gran rechazo en todos los organismos de control puesto que, en las licitaciones, las empresas deben concursar en igualdad de condiciones y los contratos se deben adjudicar con transparencia y sin la presión de terceros.
Dicho contrato equivalía aproximadamente a 778 mil millones de pesos y se hizo bajo la licitación pública No. LP-DG-001-2019 con el fin de contratar la prestación de servicios de redes de comunicaciones, videoconferencia, datacenter e internet además de servicios en la nube y de almacenamiento. De acuerdo con el entonces Director de la Entidad, Carlos Mario Estrada, ese fue el contrato más grande que se firmó en el sector TIC durante el año 2019 en todo el continente. No obstante, la embajada de EE.UU. pretendió que se excluyera a la compañía china con el fin de favorecer a sus empresas. Lo anterior, pasando por encima de otras compañías participantes de origen español, sueco y mexicano. Una clara violación a la soberanía que tiene Colombia para contratar libremente y una presión indebida hacia la autonomía del SENA.
No obstante, esta clase de presiones no solo se presentan en Colombia, Estados Unidos también ambiciona que otros países cedan ante sus intereses. Sin embargo, la mayoría se resiste por temas de soberanía y porque consideran inconvenientes las pretensiones estadounidenses. Entre otras cosas, porque la tecnología china es de las más avanzadas del mundo y se puede adquirir a un menor costo y porque el sancionar arbitrariamente a una compañía china, puede acarrear sanciones por parte de la Organización Mundial del Comercio y por el propio Gigante Asiático. Algo que no le conviene a ningún país pues en la práctica, China es ya la primera potencia económica del mundo.
No se le debe castigar a una empresa por ser innovadora, competitiva y rentable. Es paradójico que Estados Unidos sea el país que más habla de capitalismo, de libre mercado y de competitividad y a la vez, sea el primero en recurrir al proteccionismo, al nacionalismo, a las barreras de entrada, al chantaje y a la imposición de sanciones unilaterales cuando sus empresas no pueden contra sus rivales. Las acciones que Estados Unidos ha ejercido en contra de las compañías de tecnología chinas, son totalmente inaceptables desde el punto de vista del comercio internacional y por ello, deben ser rechazadas por la comunidad internacional. Además, porque si hoy es Huawei, Xiaomi y Tik Tok; mañana podrá ser cualquier otra compañía de cualquier otra nacionalidad la que corra con la misma suerte.
Debemos aceptar que las compañías de tecnología de origen chino son más competitivas en términos de tecnología y precio. Y, que, además, estas empresas son pioneras en tecnología 5G la cual aumentará vertiginosamente la velocidad del internet y de la que dependerá el Internet de las Cosas incluyendo a los automóviles autónomos. Negocio que se estima facturará más de 11 mil millones de dólares en el año 2023, un mercado que no se conquistará mediante sanciones e imposiciones como lo pretenden los estadounidenses, sino por medio de la competitividad y específicamente, de la relación precio/calidad que ofrecen las compañías del gigante asiático y de otros orígenes.
Estamos en un momento crucial en el que Colombia deberá invertir su presupuesto en una infraestructura tecnológica que realmente contribuya a su desarrollo y por eso, se hace imprescindible contratar a empresas que cuenten con un verdadero liderazgo tecnológico y de costos. De no hacerlo, nuestro país se estará auto-condenando al atraso y se estará cometiendo un detrimento público sin precedentes. Por lo anterior, es necesario que exista transparencia en los procesos de licitación sin aceptar presiones de ningún tipo por parte de absolutamente nadie. Igualmente, Colombia debe abrirse a nuevos mercados distintos al estadounidense.
Se reitera que por razones de seguridad nacional y por la protección de las empresas y de los ciudadanos, es urgente que el Estado de Colombia y toda la comunidad internacional le pongan freno a los abusos que están cometiendo las compañías de tecnología y las agencias de seguridad de los Estados Unidos. Asimismo, América Latina y el Caribe deben realizar un tratado internacional que establezca un protocolo para la transferencia de datos. Después de todo, las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones representan un sector estratégico de la economía y más que eso, representan el futuro inmediato de muchos países.