El 02 de mayo de 1972 se impuso en Colombia una figura neoliberal que enriqueció al sector financiero y a los grandes empresarios a costa de la miseria del pueblo colombiano. A 50 años de tal infamia, merece la pena analizar lo siguiente:
La tristemente célebre Unidad de Poder Adquisitivo Constante (Upac) dejó en la quiebra a muchos colombianos entre 1972 y 1999. Ese perverso sistema consistía, inicialmente, en que los intereses de las cuotas de los créditos hipotecarios estarían acordes con la inflación, pero una modificación en 1995 le permitió a las entidades financieras calcularlos según las tasas de interés y más específicamente, de la tasa aplicable a los certificados de depósito a término fijo (DTF). Razón por la cual, los bancos aprovecharon para cobrar sumas exorbitantes en perjuicio de sus propios clientes.
En consecuencia, los consumidores tenían cuotas cada vez más altas pues los intereses se capitalizaban para generar nuevos intereses multiplicando así la deuda inicial. Se estima que cerca de un millón de colombianos fueron víctimas del Upac y que los bancos se quedaron con aproximadamente 300.000 viviendas, de las cuales, unas 70.000 eran de interés social. Para colmo de males, a pesar de que a los usuarios de los créditos les remataban sus casas, estos continuaban con la deuda.
Ni los gobiernos, ni los congresistas, ni los gremios de aquella época hicieron algo para ayudar a los miles de ciudadanos perjudicados. Fue necesaria la intervención del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional, que mediante varias sentencias lograron acabar con semejantes abusos y poner fin a décadas de infamia en las que banqueros, políticos y “empresarios” se enriquecieron a costa de los colombianos más pobres.
Desafortunadamente, el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex) se ha convertido en el nuevo Upac, pues los colombianos de bajos ingresos tienen en riesgo sus viviendas por cometer “el delito de estudiar”. Hasta hace poco, al tercer atraso en el pago de las cuotas, la deuda pasaba automáticamente a oficinas de cobro privadas generando así nuevos intereses, honorarios y embargos en un descarado afán de lucro y sin tener en cuenta la situación particular del egresado. Y como si fuera una especie de “gota a gota”, al intentar abonar dinero para amortiguar la deuda, este era y sigue siendo absorbido por los intereses que también se capitalizan.
De hecho, las firmas privadas de abogados que trabajaban para el Icetex se habían convertido en un negocio muy lucrativo. Lo anterior ya que sólo tenían que esperar a que alguien se atrasara en las cuotas para acosarle de forma indiscriminada hasta sacarle el último peso. De forma simultánea, también perjudicaban a los codeudores quienes veían en riesgo el patrimonio que, solidariamente, ofrecieron para respaldar la deuda de un derecho constitucional que no está siendo garantizado por el Estado.
Y aunque por el momento el paso de las deudas a las oficinas de cobro privadas está suspendido, paradójicamente el Icetex cedió la totalidad de los créditos en mora a la Central de Inversiones S.A. (Cisa) que es una entidad vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Ello quiere decir que para cobrarle a los egresados del Icetex, se está utilizando la misma oficina de cobro que se usa para recaudar los valores que le adeudan al Estado quienes han cometido desfalcos y otros delitos. En otras palabras, se está equiparando a los universitarios egresados que se encuentran desempleados, con los grandes criminales que le han desfalcado al país, algo totalmente inaceptable.
De ese modo, el Estado de Colombia, a través de la Cisa, pretende poner entre la espada y la pared a quienes tuvieron la necesidad y a la vez, la mala decisión de solicitar un crédito en el Icetex. Es totalmente impresentable que se acose a los ciudadanos más pobres con las mismas prácticas abusivas que cometieron las oficinas de cobro privadas como es el amenazar con embargos mediante llamadas telefónicas, buzones de voz y correos electrónicos. Sin embargo, como se dijo anteriormente, lo más impresentable es igualar a los ciudadanos más vulnerables con los más corruptos.
No podemos aceptar que el Estado utilice un puño de hierro para cobrarle a los colombianos más humildes que quisieron estudiar y por ende, aportarle al desarrollo del país y que por distintos motivos no tienen recursos para pagar su deuda; y que a la vez, utilice un guante de seda para tratar a quienes desfalcan a la nación en casos como el de Reficar, Hidroituango, Foncolpuertos, Agro Ingreso Seguro, el Cartel de la Contratación y del MinTIC-Centros poblados donde se abudinearon $70.243 millones de pesos. Guante de seda que también es utilizado a la hora de cobrarle los impuestos a los banqueros, a los grandes industriales y a quienes esconden sus fortunas en paraísos fiscales.
La realidad es que los egresados del Icetex que no logran conseguir empleo, están en una difícil coyuntura. El Estado debería mirar con más cautela su situación, especialmente la de quienes financiaron sus carreras bajo la modalidad de crédito Acces. Créditos que, en su mayoría, cubrieron el 50% del programa académico durante la época de estudio para que el 50% restante, se cancele después del grado. Sin embargo, las deudas se han multiplicado por concepto de intereses y honorarios debido a que los estudiantes no tienen garantizado un ingreso mensual cuando se gradúan.
No es entendible y desde ningún punto de vista aceptable que se atropelle a los usuarios del Icetex, se supone que esos créditos fueron creados para quienes no cuentan con los recursos económicos suficientes para pagar de contado una carrera universitaria. Además, se está ignorando el alto desempleo que existe en Colombia pues muchos egresados no logran ubicarse laboralmente por diversos motivos como es tener más de 40 años, no tener experiencia laboral, no tener postgrado o no hablar inglés. Pero sobre todo, por el evidente aumento del desempleo y por el quiebre de la economía nacional en el actual gobierno.
En ese sentido, las exigencias de las empresas para contratar son cada vez más excluyentes e incoherentes ya que siempre parecen tener una excusa para no generar empleo o para no pagar un salario justo. Lamentablemente, Colombia es un país donde el clientelismo ha desplazado a la meritocracia a tal punto que, el candidato a una posición que no tenga la recomendación de algún personaje influyente, nunca conseguirá ser contratado por más competencias que posea. Es por ello que lo único seguro que tienen quienes financiaron sus estudios con el Icetex, es una deuda impagable.
Es necesario que tanto el sector público como el privado, se esfuercen por generar suficientes puestos de trabajo teniendo como prioridad a los egresados del Icetex. No se justifica que a la vez que Colombia tiene tantos recursos; exista tanto desempleo, pobreza y desigualdad. Es claro que muchos empresarios no están realmente comprometidos con la generación de empleo y que sólo pretenden ganar de la renta y del interés más no del hacer empresa. A pesar de esto, sí buscan dádivas del Estado cada vez que pueden, las cuales generalmente les son concedidas con recursos de todos los colombianos.
Y es que los egresados del Icetex deberían tener prioridad en las empresas públicas y de economía mixta, especialmente en las empresas que pertenezcan a sectores estratégicos de la economía. También en los nuevos proyectos empresariales que tenga el sector privado. En ese sentido, es importante que se empiece a valorar la meritocracia y a rechazar el clientelismo y la burocracia que actualmente existe en el ámbito laboral y que tiene sumida a la sociedad colombiana en un círculo de miseria e injusticia.
Es inaceptable que mientras sectores económicos como el financiero y el minero-energético ganan billones al año por las utilidades que obtienen con recursos que son de todos los colombianos, los egresados del Icetex estén desempleados, endeudados y con sus sueños frustrados en una clara injusticia social. Por esta razón, muchos compatriotas han preferido irse del país y contribuir al desarrollo de otras naciones, a seguir viviendo entre la espada y la pared. Allá limpiando baños, lavando platos, barriendo calles o cortando el césped, se gana mucho más que ejerciendo una profesión en Colombia. Los países desarrollados deben estar muy agradecidos con el Icetex por financiar la educación de sus aseadores.
El progreso de un país depende en gran medida del nivel educativo de su población. Es claro que Colombia está rezagada en ese aspecto al compararla con otros estados latinoamericanos y del resto del mundo que ya han adoptado un modelo de educación democrático. Ya que Colombia es un país irresponsable que concibe a la educación como un negocio y no como un derecho, por lo menos debería facilitar el pago de los créditos del Icetex para que los egresados no se vean en problemas por el simple hecho de estar desempleados.
Es urgente que al igual que en el caso del Upac, el Consejo de Estado y la Corte Constitucional, actúen a favor de los miles de colombianos que están perjudicados por haber financiado sus estudios por medio del Icetex. Asimismo, es importante que las leyes o resoluciones que se expidan, cobijen a quienes son acosados por la Cisa y se encuentran reportados en las centrales de riesgo Cifin y Datacrédito. Solucionar los problemas de este grupo poblacional es sumamente importante por cuestión de justicia social y por evitar un eminente éxodo de cerebros fugados.
Colombia debe fijar sus ojos en quienes creyeron en el país y se endeudaron de por vida para estudiar una carrera universitaria o un postgrado. Sería injusto que aquellos que se dedican a la violencia, a la corrupción y a la burocracia; tengan más garantías que quienes han tratado de salir adelante de forma cívica. Mientras una bala sea más barata que un libro y la guerra una de las pocas “fuentes de empleo”, nuestro país difícilmente tendrá un mejor porvenir. La educación tiene que dejar de ser un privilegio de pocos, para convertirse en un derecho ciudadano. Sólo así progresaremos como sociedad, sólo así habrá una verdadera democracia.