Durante las más de dos décadas que estuvo en el poder, el régimen uribista nunca generó una política industrial y por el contrario, arruinó a miles de Mipymes que componen aproximadamente el 90% del aparato productivo nacional. Esto no sólo se evidenció en la pésima gestión de la pandemia donde miles de micro, pequeñas y medianas empresas quebraron; sino también con el cierre abrupto de la frontera con Venezuela, segundo socio comercial histórico del país.
Asimismo, el uribismo empobreció a la población a través de reformas tributarias regresivas que le restaron capacidad de consumo al quitarle los impuesto a los más ricos para que la carga tributaria recayera sobre la clase media y baja. Y para empeorar, se evidencia un aumento injustificado de la deuda externa que al cierre del primer trimestre del 2023, llegó a US$187.371 millones de los cuales, US$106.468 millones corresponden a deuda pública y US$80.903 millones a deuda privada y que en su conjunto, representan el 55.3% del PIB.
De hecho, el uribismo se dedicó a vivir de la renta petrolera, de las remesas y de la renta del narcotráfico, pero no de incentivar las actividades empresariales. Tanto así que grandes conglomerados privados obtenían sus ingresos directamente del sector público como lo evidencia el caso del GEA-EPM. En cuanto al TLC firmado con los Estados Unidos, Colombia pasó de ser auto-suficiente a importar alimentos y convirtiendo al país del norte en el mayor destino de sus exportaciones, dejando así de diversificar la economía y por tanto, impidiendo que crezca.
Contemplemos lo siguiente:
En Colombia encontramos productos con precios más altos que en Estados Unidos y Europa. Lo paradójico es que mientras todo está por las nubes y tiende a incrementarse, los salarios son cada vez más estáticos, por lo que pierden capacidad adquisitiva, generando así un desequilibrio en el mercado nacional.
Además, los consumidores colombianos no hemos podido disfrutar realmente de los Tratados de Libre Comercio, pues la desgravación arancelaria es paulatina en la mayoría de los productos y sólo se verá reducida con el paso de los años. Lo que sí se pueden ver son los altos precios del conjunto de la mercancía que se importa, esto a pesar de que los empresarios ya no pagan los mismos impuestos.
Un ejemplo son los automóviles. La camioneta Lexus LX que se consigue en los Estados Unidos desde $92,160 dólares que equivalen a $385’226.956 pesos colombianos (según la TRM de la fecha en que se escribe este artículo $4.179.98 M/L), es vendida en nuestro país a un precio promedio de COP$1.000’000.000. Lo que quiere decir que con lo que se compra una camioneta de estas en Colombia, alcanza para adquirir dos en Estados Unidos y aún sobrarían $229’546.088 pesos colombianos.
La camioneta Chevrolet Tahoe, cuya versión más básica se consigue en los Estados Unidos desde $54.200 dólares que equivalen a $226’554.916 pesos colombianos (según la TRM de la fecha en que se escribe este artículo $4.179,98 M/L), es vendida en nuestro país desde COP$380’120.000. Lo que quiere decir que con lo que se compra una camioneta de estas en Colombia, se puede adquirir una en los Estados Unidos y aún sobrarían $153’565.084 pesos colombianos.
De esta manera, queda demostrado que los estadounidenses adquieren vehículos a precios muy inferiores de lo que se ofrecen en Colombia. De hecho, sin ir más lejos, los carros que se comercializan en nuestro país tienen los precios más altos del continente americano. Lo peor es que los vehículos llegan con un equipamiento muy básico en comparación con los que se ofrecen en el exterior. Por esta razón y por la falta de programas serios de chatarrización, gran parte del parque automotor nacional es precario, contaminante y anticuado.
En la finca raíz también vemos este mismo fenómeno. Los precios de la vivienda están disparados en las principales ciudades del país, tanto así, que hoy en día es más costoso adquirir una casa o un apartamento en Bogotá, Cali, Medellín o Cartagena que en Madrid, Nueva York, Londres o París. La situación es tan crítica que en barrios bogotanos de estrato 5 como San José de Bavaria, hay propiedades que superan el millón de dólares a pesar de que sus calles y alcantarillas están destapadas y de no contar con andenes ni iluminación pública. Mientras que en la Florida- EE. UU; una casa de similares características y con mejores zonas comunes, se puede conseguir desde los $100.000 dólares.
Los precios de la ropa no son la excepción. Aunque ese mercado se ha dinamizado mucho con el ingreso de algunas marcas extranjeras, en Colombia las prendas son comercializadas a precios muy superiores que en Estados Unidos o en Europa y paradójicamente, al promedio que las ofrecen los fabricantes nacionales. De hecho, algunas marcas que son de uso común entre los consumidores estadounidenses y europeos debido a sus bajos precios, en Colombia son consideradas “marcas de lujo” por todo lo contrario. Por su parte, las cadenas de almacenes por departamentos y las grandes superficies, han diversificado en alguna medida la oferta de ropa y de calzado, aunque con precios muy altos si se tiene en cuenta que comercializan marcas propias de baja calidad.
La oferta gastronómica presenta un comportamiento muy similar. En las principales ciudades del país existen restaurantes cuyos platos pueden costar el presupuesto mensual de alimentación de una persona que gana un salario mínimo. Llama la atención que Colombia sea uno de los países del mundo donde ir a un buen restaurante se considere un gasto suntuario y por lo tanto, sea un privilegio de pocos. Por ejemplo, en ciudades como Cartagena, Barranquilla y Santa Marta, los comensales pueden pagar por un plato mal preparado y mal presentado, mucho más de lo que pagarían en un buen restaurante europeo. Lo anterior también responde a la especulación generalizada que, desafortunadamente, existe en la región caribe en perjuicio del turismo.
La gasolina en Colombia es de las más caras del planeta si se compara con el SMLV y eso es innegable. De hecho, se calcula que en Colombia el galón de combustible le cuesta al consumidor entre un 20% y un 40% de su ingreso promedio diario. Por el contrario, en EE.UU. y Corea del Sur que importan petróleo de nuestro país, la gasolina se vende a un precio mucho menor, el cual baja a la par de la cotización internacional. Es absurdo que mientras más producimos petróleo y más baja de precio en los mercados internacionales, más cara sea la gasolina y que las únicas que ganen sean las empresas extractivas y distribuidoras que se enriquecen de forma descarada con nuestros recursos.
Otro ejemplo lo constituyen los celulares. Mientras que en EE.UU., un iPhone de última generación se consigue desde los $1.000 dólares que equivalen al cambio de hoy a $4’179.980 pesos colombianos (según la TRM de la fecha en que se escribe este artículo $4.179,98 M/L), las últimas versiones de ese aparato son comercializadas en Colombia a más de $10’000.000 de pesos, más del el doble de lo que paga un consumidor estadounidense o europeo por el mismo dispositivo. Lo peor es que hay consumidores que lo financian a uno o dos años y de ese modo, terminan pagando sumas absurdas.
Los ejemplos son innumerables y se presentan en todos los sectores y con todos los productos que se comercializan en el país. Desde bienes de consumo como ropa, calzado, productos alimenticios, productos deportivos, teléfonos inteligentes y toda clase de electrodomésticos; hasta servicios bancarios, de educación, salud y transporte. También en los bienes industriales. Todos cuentan con un elevado sobre-costo, un alto impuesto y un gran nivel especulativo en su precio final.
Lo anterior ha ocasionado que la economía colombiana no crezca en los porcentajes esperados y que incluso, baje el nivel de consumo a lo que se suma una inflación incontrolada. Como consecuencia, los consumidores se ven obligados a financiar casi todos los productos que desean o necesitan y como efecto de ello, terminan pagando de forma exponencial el precio inicial. Un modelo económico que, claramente, tiene como principal beneficiario al sistema financiero y a los grandes monopolios privados.
Si bien es cierto que la importación de un producto le transfiere al mismo un costo adicional por distintos conceptos logísticos e impositivos, en Colombia dichos valores se han incrementado de forma tan especulativa que están afectando la calidad de vida de la población. Y aunque es obvio que los grandes exportadores también ganan con el alto precio que experimenta el dólar, ello no beneficia en absoluto a los trabajadores colombianos ya que estos escasamente reciben el SMLV que se establece cada año. A diferencia de esta situación, en otros países y en algunas empresas, a mayores ventas-mayores ingresos para todos y viceversa. Como ejemplo están las diferentes compañías japonesas y más recientemente, la estadounidense Apple.
La Superintendencia de Industria y Comercio tiene el deber de impedir que los grandes importadores y distribuidores especulen con los precios, más si se trata de productos de la canasta familiar. Del mismo modo, debe procurar que los electrodomésticos, celulares y automóviles (entre otros productos) bajen de precio pues es una promesa básica de los TLC. De nada sirven los acuerdos comerciales con otros países si no generan precios más cómodos para los consumidores.
Por otro lado, es urgente que el Banco de la República rebaje las tasas de interés para estimular el consumo. Asimismo, debe implementar acciones para bajar el precio del dólar ya que las ganancias de las exportaciones sólo benefician a una pequeña minoría, mientras que el aumento incontrolado de los precios de los productos y de la deuda externa, perjudica a la inmensa mayoría de los colombianos.
Por su parte, la Superintendencia Financiera debe trabajar para que las entidades que vigila disminuyan las tarifas de sus servicios. También, para que dejen de lucrarse de forma tan descarada a costa de los colombianos ya que son las organizaciones que más se enriquecen bajo este inequitativo sistema que esclaviza al consumidor, le resta calidad de vida al ciudadano y genera inequidad social.
En cuanto al fisco, este se debería enfocar en las personas verdaderamente ricas y en la utilidad final de las distintas actividades empresariales. Pero sobre todo, se debería castigar con mayor ahínco las diferentes formas de evasión de impuestos así como perseguir el contrabando y las inmensas fortunas que se esconden en los paraísos fiscales. Asimismo, es necesario eliminar por completo la burocracia parasitaria que representan las Cajas de Compensación, organizaciones billonarias que se enriquecen tanto del sector público como del privado. Esto evitaría futuras reformas tributarias que sólo perjudican al consumidor.
Si comparamos el ingreso promedio de un colombiano (1SMLV) que equivale a COP$1’300.606 (incluyendo al auxilio de transporte) con lo que gana un estadounidense que trabaje apenas 8 horas al día a tan sólo 10 dólares c/u, encontraremos una diferencia de COP$8’731.346 mensuales que reciben de más los trabajadores de Estados Unidos (según la TRM de la fecha en que se escribe este artículo $4.179,98 M/L). Ahora, si confrontamos ese ingreso con lo que paga cada consumidor por los productos e impuestos en su respectivo país, entenderemos que los colombianos nos encontramos en una situación de total desventaja y sumamente injusta por no calificarla de otra manera.
Con semejantes precios e impuestos que pagamos los colombianos, deberíamos tener mejores aeropuertos, puertos marítimos, autopistas, hospitales, colegios, universidades, parques, casas, automóviles, electrodomésticos que EE.UU. y Europa. También una mejor infraestructura de telecomunicaciones y en sí, un mayor estándar de vida. Pero infortunadamente, lo único que evidenciamos es una corrupción generalizada. Siendo consecuentes con el mercado y teniendo una justa proporción entre lo que se trabaja, lo que se gana, lo que se gasta y lo que se tributa; un ciudadano colombiano debería recibir un salario superior o por lo menos a la par que cualquier ciudadano estadounidense o europeo, pero de forma irracional, sucede todo lo contrario.
Es absurdo que algunos “empresarios” se quejen de que la economía no crezca cuando no están realmente comprometidos con la generación de empleo y cuando los pocos puestos de trabajo que producen, los remuneran con bajos salarios. No obstante, es aún más absurdo que pretendan vender sus productos a los precios más altos de la región. Desconocen que al pagar mejores salarios, los consumidores tendrán mayor poder adquisitivo y por lo tanto, se generará un mayor consumo, mucho más si dejan de acaparar y de especular. Lo peor es que existen muchos personajes a los que ni siquiera se les puede llamar empresarios ya que se dedican a vivir de la renta y del interés o del erario, más no del esfuerzo personal o del hacer empresa.
Esto es en lo que más se diferencia la economía de Estados Unidos de la colombiana, pues mientras el empresario estadounidense trata de vender al menor precio posible para lograr utilidades por volumen, el empresario colombiano trata de vender al mayor precio que pueda así sean pocas unidades. De igual forma, el empresario estadounidense se esfuerza por pagarle buenos salarios a sus trabajadores para que tengan mayor poder adquisitivo, mientras que el empresario colombiano se restringe al SMLV y hace lo posible para no pagar ni siquiera las prestaciones sociales.
En el caso de Europa, la mayoría de los países de ese continente le garantizan a sus ciudadanos el derecho a la salud, a la educación y a la vivienda. Ello no quiere decir que dichos derechos sean gratuitos pues en realidad son financiados por el conjunto de la población a través de los impuestos. Sin embargo, al contar con tales garantías, los ciudadanos europeos tienen una calidad de vida muy superior a la del colombiano promedio, lo que a la vez les ayuda a tener un mayor poder adquisitivo para adquirir todo tipo de bienes y servicios.
Colombia debe adaptar de manera estratégica tanto el modelo estadounidense como el europeo. Es decir, que los diferentes bienes y servicios estén al alcance de los consumidores, que además todos los trabajadores cuenten con buenos salarios y que al conjunto de la población se le garantice el derecho a la salud, a la educación y a la vivienda. Asimismo, el fisco colombiano debe procurar que los más ricos tributen más y los más pobres menos, nunca al revés. Igualmente, se debe fortalecer a la muy golpeada clase media que está abandonada a su suerte. Sólo así alcanzaremos el estándar de vida que tanto anhelamos como sociedad.
Por último, es importante destacar la extraordinaria gestión del gobierno del presidente Gustavo Petro que adelantó una Reforma Tributaria de carácter progresivo para que por primera vez, el 1% de las personas naturales y jurídicas más ricas del país, paguen los impuesto que les corresponde y que de esa manera, el fisco no recaiga sobre la clase media y baja como solía suceder. Asimismo, hay que recalcar el hecho de que la inversión extranjera haya aumentado, que la inflación haya disminuido y que la gran industria colombiana se esté reactivando.
De esta manera, los impuestos recaudados a las actividades empresariales aportarán al presupuesto nacional para invertir en áreas como la educación, la salud y la vivienda. Asimismo, la disminución de la inflación hará que los diferentes productos sean más asequibles. Estos factores tendrán efecto a mediano y largo plazo ocasionando que el consumidor tenga mayor poder adquisitivo, lo que le dará un mayor estándar de vida y aportará al crecimiento económico.