La Ley Orgánica de Comunicación del Ecuador aprobada en junio de 2013, distribuye equitativamente el mercado en 33 % para medios públicos, 33 % para medios privados y 34 % para medios comunitarios.

Esta ley hace parte de una tendencia latinoamericana que empezó en Argentina y que tarde o temprano se expandirá por todos los países de la región e, inclusive, del mundo entero. Colombia no estará ajena a ese cambio e inevitablemente tendrá que afrontar el debate para expedir una legislación más adecuada a los nuevos tiempos y ajustada a la democracia participativa que tanto reclama la ciudadanía.

Con dicha ley se garantizaría el derecho a expresar y difundir el pensamiento y las opiniones, el de informar y recibir información veraz e imparcial y el de fundar medios masivos de comunicación tal como lo consagra la Constitución de Colombia en su artículo 20. Igualmente, se garantizaría la no censura y la responsabilidad social así como el derecho a la rectificación en condiciones de equidad y justicia.

En Colombia, el mercado de los medios está dominado por grandes grupos económicos privados que a su vez, son propietarios de los dos únicos canales de televisión con cobertura nacional y de la totalidad de las emisoras radiales del país. Además, por distintos motivos que no son claros, no ha salido al aire el tan anunciado tercer canal a lo que también habría que añadir que los dos diarios con mayor circulación, pertenecen a poderosos empresarios así como la mayoría de las revistas de opinión.

Por lo anterior, es difícil creer que en Colombia exista libertad de prensa o libertad de expresión ya que los medios de comunicación representan en un alto porcentaje los intereses de estos grupos económicos privados y no los de un país tan diverso. Es urgente que se debata tanto en el Congreso de la República como en todos los sectores de la sociedad, esta necesaria ley con el fin de democratizar los medios y ejercer de manera efectiva un derecho tan fundamental para los colombianos.

Algunas personas aún no entienden el peligro que representa para la democracia el que los medios estén concentrados en tan pocas manos, independientemente del sector al que pertenezcan. Más que el cuarto poder, los medios de comunicación tienen la potestad de entrar en la mente de las personas e influir en su comportamiento afectando tendencias que van desde los productos que consumen, hasta su opinión política y económica. Es tan grande su influencia que una marca paga millones por un comercial de pocos segundos porque a la vez, dicha pauta genera mucho más dinero en ventas.

Esto lo saben quienes están detrás de los medios y por eso hacen cualquier cosa con tal de tenerlos en su poder. El problema es que todo tiende a ir mucho más allá del ámbito comercial implicando directamente el tema político e inclusive, llegando a poner en riesgo la propia seguridad nacional. Como consecuencia, algunos personajes han sacado provecho de su acceso a los medios para manipular a su antojo a la población, cometiendo de ese modo un claro abuso en la utilización del espectro radioeléctrico colombiano y de los medios impresos así como sus respectivas versiones en formato digital.

Debemos tener claro que la libertad de prensa no consiste en que un periodista diga de forma irresponsable y sin ninguna ética lo que le convenga a un determinado grupo económico, partido político o medio. Todo lo contrario, los periodistas deben trabajar para la ciudadanía y no para los entes de poder y por ello, deben ser independientes e incluso, declararse impedidos cuando su imparcialidad frente a un tema sea evidente. Al respecto, un ex-presidente del Ecuador afirmó: “desde que se inventó la imprenta, la libertad de prensa es la voluntad del dueño de la imprenta”. Realidad o no según sea el caso particular de cada país, lo cierto es que la ciudadanía colombiana necesita más espacios de opinión en los medios y más que eso, empoderarse de los mismos.

Un argumento muy utilizado para definir la libertad de expresión es la analogía que existe entre el libre mercado y el mercado de las ideas, esta consiste en poner las ideas a competir en una supuesta igualdad de condiciones para que sean las personas quienes seleccionen las que más les convenga. Sin embargo, cuando unas ideas tienen mayor difusión que otras, no hay ninguna igualdad y se termina imponiendo la que más se publique así falte a la verdad. Por consiguiente, debemos procurar que la libertad de expresión no sea un privilegio para quien tenga poder y dinero sino un derecho de todos los ciudadanos.

Es allí donde entra la importancia de esta trascendental ley de medios en la cual, el mercado se divide de forma equitativa entre todos los sectores de la sociedad y de esa manera, se asegura la igualdad y la libertad de expresión como derecho fundamental. Un mercado equilibrado donde el sector privado tenga el 33%, el público otro 33% y los medios comunitarios el 34% restante; garantizaría la democracia y por tanto, empezaría a propiciar la la libertad de prensa y la libertad de expresión que tanto reclama la ciudadanía. 

Por efecto, aunque el sector privado podría seguir funcionando normalmente con sus actuales medios, tendría que competir con el sector público y con el sector comunitario en igualdad de condiciones. Esto quiere decir que cada sector tendría la misma cantidad de canales televisivos, emisoras radiales y medios impresos. En cuanto a la financiación, los sectores privado y público se sostendrían por sí mismos y a la vez, sostendrían al sector comunitario a través de una entidad designada para tal fin.

Dentro del 34% que le correspondería a los medios comunitarios están entre otras: las comunidades indígenas, las comunidades afro-colombianas, las comunidades religiosas, las comunidades LGTBIQ+, las universidades, las organizaciones no gubernamentales, los corregimientos, los municipios, las veredas, la prensa alternativa y todos los demás sectores de la sociedad que hasta el momento no han tenido voz y por tanto, han sido invisibilizados debido a la actual distribución del mercado.

En cuanto a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), es clave promover la inclusión digital de manera que todos los colombianos sin excepción, participen en la construcción de un mejor país. Sin embargo, debemos tener en cuenta que tener acceso a un computador y al internet, no garantiza la libertad de prensa ni mucho menos la libertad de expresión. Para eso también se requiere tener acceso a los medios masivos como es la televisión, la radio y los impresos. Un acceso que no limite a los ciudadanos a ser simples espectadores o consumidores, sino que les permita interactuar con el resto del país.