El panorama político de Colombia nos devela que la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía no están cumpliendo con sus funciones y que en vez de esto, se encuentran dedicadas a engavetar los procesos que comprometen a miembros del uribismo así como a hacerle oposición al gobierno nacional. Algo que es muy grave para la democracia.
Para corroborar la anterior afirmación, basta con revisar el reciente actuar de la Procuraduría de Margarita Cabello que sancionó al Ministro de Relaciones Exteriores-Álvaro Leyva Durán, por el caso de los pasaportes. Situación que puede llevar a pensar que, desde la Procuraduría, se buscó sancionar al ministro para que en su ausencia, el Ex-secretario General de la Cancillería-José Antonio Salazar, adjudicara de forma irregular un contrato por aproximadamente 600.000 millones de pesos a la firma Thomas Greg & Sons.
En contraste, la Procuraduría de Cabello nunca hizo mayor cosa en el caso de los setenta mil millones de pesos que se abudineraron a través del MinTIC en el gobierno uribista de Iván Duque. Sin embargo, sí observamos la apertura de un caso que busca investigar a entidades como ProColombia por hacer su trabajo de promoción en escenarios como el Foro Económico Mundial. Situaciones que denotan la politización del ente y su parcialidad.
En cuanto a la Contraloría, vemos a un ente presto a investigar cualquier irregularidad en el contrato de los 40 camiones que trasportarían agua a los municipios apartados de La Guajira, lo que está muy bien. Sin embargo, no vimos ese ente así de presto a la hora de investigar casos como el de Foncolpuertos, Reficar o el de la Sociedad de Activos Espaciales, todos presentados durante el régimen uribista.
No es entendible que, casos como los mencionados, hayan pasado desapercibidos por parte de la Contraloría durante los más de 20 años que duró el uribismo en el poder. ¿Cuánto dinero se perdió a través de Folcolpuestos y Reficar sin que el ente haya hecho mayor cosa?, ¿cuánto se perdió a través de la Sociedad de Activos Especiales y quiénes son los responsables? Esto demuestra que al igual que la Procuraduría, la Contraloría se encuentra politizada y su actuar es totalmente parcializado.
Por otro lado, vemos a una cuestionable Fiscalía que, fue dirigida por un narciso cuyo mayor mérito para llegar allí fue haber sido compañero de estudio del anterior presidente y cuya mayor hazaña, fue archivar el proceso de la Ñeñe-política. En efecto, Francisco Barbosa se dedicó a despilfarrar el presupuesto del ente a través de viajes internacionales, del adecuamiento de su residencia personal y de la auto-asignación de carros blindados. Caso aparte es la impresión de 5500 libros de su autoría a través de la Imprenta Nacional, un claro abuso de poder para satisfacer apetitos personales.
¿Desde cuándo un Fiscal General de la Nación se va de gira internacional con recursos del Estado? ¿Desde cuándo un Fiscal General de la Nación puede disponer dinero público para adecuar su vivienda? ¿Desde cuándo un Fiscal General de la Nación se puede auto-asignar camionetas blindadas para hacer alarde de su cargo? ¿Desde cuándo un Fiscal General de la Nación puede imprimir 5500 libros de su autoría con recursos públicos?
Es así que durante la fiscalía de Barbosa, nunca vimos mayor acción del ente frente a numerosos casos de obras públicas adjudicadas a contratistas privados. Por ejemplo, en los sobre-costos de la reconstrucción del departamento de San Andrés y Providencia a raíz del huracán o en el tema de Hidrohituango o en la Ruta del Sol. De hecho, desde varias orillas del país, también acusan a Barbosa de no haber investigado el caso de la Ñeñe-política, de dilatar el proceso contra Uribe y de inventar un complot contra el proceso de paz.
Si existe un quebrantamiento al orden institucional del país es algo que deberán deliberar los juristas. Sin embargo, podemos interpretar que, en este momento, el uribismo se niega a entregar el poder que ostenta en la Procuraduría, en la Contraloría y en la Fiscalía puesto que, quienes están a cargo de estos entes, fueron nombrados durante y por régimen uribista. Por lo anterior, se puede afirmar que, es el uribismo el que está quebrantando el orden institucional.
La Corte Suprema de Justicia tiene el deber de elegir cuanto antes a la nueva Fiscal General de la Nación. No hay excusa para no hacerlo, más si se tiene en cuenta que, la Presidencia de la República presentó hace aproximadamente cuatro meses, una terna conformada por tres personas intachables e idóneas para el cargo, tiempo más que suficiente para tomar una decisión.
Tampoco se pueden desconocer los oportunos pronunciamientos de la OEA, de la CIDH y de la ONU para que la Corte Suprema de Justicia cumpla su deber y elija cuanto antes a la nueva Fiscal General de la Nación y se evite así un quebrantamiento del orden institucional. Colombia hace parte de dichos organismos multilaterales por lo que el llamamiento que hacen, se debe acatar.
La insistente negativa de la Corte Suprema de Justicia en el sentido de no elegir a la nueva fiscal, también se puede interpretar como una burla a la ciudadanía colombiana y una peligrosa forma de retarla. Igualmente, daría para pensar que está aliada con sectores extremistas que buscan perpetrar un golpe de Estado para que el uribismo vuelva al poder.
Si bien pudo haber sido un error del gobierno nacional convocar a la ciudadanía a las calles para exigir el nombramiento de la nueva fiscal ya que, se supone que para eso están las instituciones, tampoco se puede justificar la inoperancia de los magistrados ni mucho menos acusar al presidente de estar alterando el orden institucional. El Presidente de la República merece respeto al igual que la inmensa mayoría de los colombianos que lo eligieron como Jefe de Estado.
El victimizarse no le servirá a los magistrados que no estén cumpliendo con su deber, esto sólo evidenciará su irresponsabilidad con el país y agravará la situación en la que pierde la democracia y ganan los ultras que buscan desencadenar el caos. En este momento, Colombia requiere de un actuar transparente y oportuno por parte de todos aquellos que integran la Corte Suprema de Justicia.
Cabe anotar que, de acuerdo con algunos juristas, la votación del 22 de febrero daría para que Amelia Pérez sea la nueva Fiscal General de la Nación al obtener 13 votos de 23. Lo anterior conforme a la Ley Estatutaria de Administración de Justicia que indica que, los tribunales en Colombia deben elegir con la mayoría de sus miembros. Es decir, que no se necesitan 16 votos ni habría lugar a la figura de voto en blanco pues un reglamento interno no puede estar por encima de la ley.
También se debe tener en cuenta la reciente Acción de Tutela que ganó el periodista Gonzalo Guillén mediante la cual, una sala de conjueces de la Corte Suprema de Justicia, declaró «impedidos» a siete magistrados para votar en la elección de la nueva fiscal. Lo anterior debido a que, tienen impedimentos legales que ocultaron en las tres votaciones fallidas como es tener parientes trabajando en el ente. Así las cosas, la elección de la nueva fiscal debería darse en la próxima sesión de la alta corte ratificando a Amelia Pérez.
De no ser así, el país deberá contemplar la conformación de unas comisiones avaladas por la ONU cuyas investigaciones sean vinculantes y hagan las veces de lo que hoy no está haciendo la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía. Esta experiencia ya se tuvo en Guatemala en una situación similar a la que hoy se presenta en Colombia con muy buenos resultados en cuanto a la lucha contra la corrupción y el avance de todo tipo de casos.
Por su parte, la ciudadanía también debe ser responsable de sus actuaciones y consciente de los efectos que pueden tener. No estamos en una dictadura del pueblo, esto es una democracia, las vías de hecho no son la solución a la inoperancia de las instituciones, el Estado de Derecho debe prevalecer.