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Los hechos son tozudos. Juan Manuel Santos, al mejor estilo de Mitt Romney, parece tener enormes dificultades para otorgarle responsabilidades públicas a las mujeres. La mesa de negociación con las Farc es el último escenario dónde ellas brillan por su evidente ausencia. 

De lo 10 negociadores principales, entre bando y bando, ninguno es mujer y el premio de consolación se lo llevan dos mujeres -Lucía Jaramillo Ayerbe y Elena Ambrosi- que figuran como parte del equipo de apoyo de la mesa negociadora del gobierno. Por los lados de las Farc el ejemplo no es el mejor, cosa “sorprendente”. Ninguna mujer hace parte del equipo negociador, ni principal ni de apoyo, a menos que se cuente a la acuciosa lazarilla de Jesús Santrich.
Algunas voceras del feminismo, con toda la razón, han señalado la contradicción que representa no incluir a las mujeres en una mesa de negociación cuándo ellas han sido uno de los principales botines en una guerra abiertamente misógina. Pero la inminencia del proceso y la terquedad de los hombres que lo dirigen, hacen que sea muy probable que la conformación de la mesa no cambie, por lo que el centro de la discusión se debe mover a otro eje. 
En mi opinión, lo que el movimiento feminista puede hacer es moverse dentro de las esferas del poder nacional para llevar propuestas concretas de enfoque de género a la mesa y no quedarse discutiendo sobre la evidente conveniencia de abrirles espacios a las mujeres en los salones de La Habana. En esta entrada quiero comenzar por sugerir una bastante concreta: la titularidad de la tierra de las mujeres.
Un estupendo informe de la profesora Donny Meertens realiza un juicioso recuento de los problemas que han afrontado las mujeres en Colombia frente a la propiedad rural. En 1988 -con la expedición de la Ley 30– se reconocen legalmente los derechos de propiedad de las mujeres; se establece la obligación de expedir títulos de propiedad a nombre de la pareja, sin importar su estado civil. 
Sin embargo, el papel lo aguanta todo en Colombia. La realidad señala, como lo demuestra la profesora Meertens, que los documentos o títulos que acreditan la posesión o la propiedad en Colombia siguen estando, en su gran mayoría, en manos de los hombres por la absoluta ausencia del Estado.  
Esto, además de la enorme inequidad que representa, plantea un problema real que a diario vive la mujer rural: ¿cómo acreditar los derechos sobre la tierra si el título lo tiene un hombre que está desparecido, murió en la guerra o simplemente no se le viene en gana reconocer la propiedad colectiva? Aunque la Ley de Víctimas  incorpora cinco artículos específicos para los procesos de restitución de tierras de las mujeres, el reto de aplicación es mayúsculo y en la mesa se pueden discutir opciones concretas para solucionar este problema, especialmente en las zonas de influencia de las Farc.

Sería oportuno llevar este tipo de necesidades a la mesa -más aún cuando el primer tema a discutir es desarrollo agrario- y ofrecerles a los negociadores oportunidades concretas de introducir un enfoque de género a las discusiones. Esto garantiza no solo un mayor control social por parte del movimiento feminista en la negociación, sino que sería un ejemplo claro de que entre hombres caben el enfoque de género y sus reivindicaciones.

Nota: foto de archivo de El Tiempo.

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Abogado (2007) y magíster (2010) en Derecho de la Universidad de los Andes con un MSc in Law, Anthropology and Society (2011) de The London School of Economics and Political Science. Trabajo actualmente en Women’s Link Worldwide y soy profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes.

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