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Alba Lucía Rodríguez, mujer campesina de Abejorral, esperó 16 años por el momento en el que finalmente el Estado colombiano, en la voz de la Ministra de Justicia, le pidiera disculpas por la infamia a la que fue sometida. 
En 1996, después de ser abusada sexualmente por un hombre en Medellín, Alba Lucía quedó en embarazo. Carcomida por el miedo y el estigma calló su situación durante 9 meses frente a su familia. Alba dio a luz en las peores circunstancias posibles: al no tener asistencia de ninguna clase, ella misma debió recibir el parto con sus propias manos y su hijo recién nacido murió poco después.
Al acercarse por la atención médica integral, a la que tienen derecho todas las mujeres colombianas dentro de las garantías para la protección de sus derechos sexuales y reproductivos, Alba Lucía se encontró con el médico Jairo Gómez Adarme quien no tuvo ningún reparo en acusarla falsamente  de estrangular a su hijo recién nacido contra toda evidencia material y científica.  
El doctor Gómez, decidió denunciar penalmente a Alba Lucía. No solo terminó incurriendo en el delito de falsa denuncia por las mentiras de su acusación sino que violó el secreto profesional que la medicina le impone; un médico no puede compartir información médica sobre su paciente con terceros. 
A pesar de la falsedad de la denuncia y la violación al secreto profesional un juez  condenó Alba Lucía a pagar 42 años de cárcel por el delito de infanticidio. Tras un largo litigio de 12 años, y acompañada siempre por la fiel y acuciosa asesoría legal de la Red Colombiana de Mujeres por los Derechos Sexuales y Reproductivos, la Corte Suprema de Justicia le puso fin a semejante atropello y en su sentencia, además de declarar la inocencia tardía de Alba, ordenó las disculpas públicas que encabezó por estos días la Ministra. 
Sin duda que es loable la acción de la justicia, pero fue a todas luces inoportuna y demorada. Es de destacar también el nuevo discurso de reparación simbólica que está empezando a ocupar un lugar en la justicia colombiana (recomiendo revisar algunos fallos del Consejo de Estado que desarrollan el concepto de reparación integral) pero la cruda realidad nos muestra que entre los consultorios y juzgados de Colombia persisten historias como las de Alba Lucía. 
En noviembre del 2011, una mujer se acercó a un centro de salud de Medellín en pésimas condiciones de salud. Ante las preguntas, la mujer le confesó al médico que la atendió que había decidido interrumpir su embarazo. Inmediatamente, y de nuevo, violando todas las garantías del secreto profesional, el médico denunció a la mujer por el delito de aborto.  
En agosto del 2012, el Juzgado Tercero Penal de Medellín la condenó, tras confirmar un preacuerdo donde, por aceptar el crimen, la mujer recibió algunos beneficios legales, como la casa por cárcel; se tendrá que esperar unos buenos años para ver si un juez remedia en algo el atropello de ser sometida a un juicio penal por una denuncia ilegal. 
Lamentablemente, los paralelos entre las dos historias son vergonzosos. Dos mujeres son sometidas a persecuciones judiciales por denuncias de médicos que, violando las reglas elementales del secreto profesional y el juramente hipocrático, llevan los casos a la justicia penal. Esa misma justicia omite decretar la ilegalidad de la denuncia y termina imponiendo condenas.
Además de ser un abuso judicial, estas historias revelan el tipo de obstáculos que las mujeres colombianas tienen que superar para recibir una atención médica integral. ¿Cuántas mujeres no se acercan a un médico por miedo a la denuncia? Los peligros para la salud y la vida son evidentes. 
Muchas mujeres como Alba Lucía recorren el país buscando la protección de sus derechos sexuales y reproductivos (que incluyen el derecho a un parto seguro o a un aborto digno) pero se siguen encontrando con personas que, protegidos por una toga o una bata, les imponen un destino injusto e indeseado, estrangulando su futuro. 
Nota: Foto del acto público de disculpas para Alba Lucía Rodríguez realizado el 16 de noviembre de este año en Abejorral, Antioquia. Tomado de: http://www.minjusticia.gov.co.
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Abogado (2007) y magíster (2010) en Derecho de la Universidad de los Andes con un MSc in Law, Anthropology and Society (2011) de The London School of Economics and Political Science. Trabajo actualmente en Women’s Link Worldwide y soy profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes.

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