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Como balance de fin de año quiero proponer un ejercicio estadístico, que no necesariamente defiende la calidad de algunos tribunales constitucionales pero que si arrojas cifras interesantes sobre la participación de las mujeres en las altas cortes. 

El nuevo constitucionalismo latinoamericano puede empezar en 1988 con la nueva constitución brasileña. A partir de ese momento todo la región vivió cambios constitucionales importantes. En Colombia (1991), Paraguay (1992), Ecuador (1998 y 2008), Perú (1993), Venezuela (1999) y Bolivia (2009) se vivieron procesos constituyentes que reflejaron, con múltiples origines e intensidad,  una preocupación por reconocer la diversidad de la región y una ampliación en la protección de los derechos fundamentales. (Acá pueden ver el maravilloso texto de Rodrigo Uprimny de donde tomo la idea).

Los jueces constitucionales son parte importante de este nuevo constitucionalismo, principalmente por su responsabilidad de proteger las nuevas cartas de derechos y por su activismo para producir cambios sociales y políticos importantes. Sin embargo, si se revisan las composiciones históricas de algunos de esos tribunales, se encontrará  desafortunadamente que en Colombia se le ha otorgado a las mujeres un rol miserable en esta justicia.

En Colombia -desde la creación de la Corte Constitucional en 1991- solo dos mujeres, de 30 abogados, han ocupado el cargo de magistradas titulares, lo que arroja una participación irrisoria del 6.7% (muy similar a la participación actual en el Supremo Tribunal Federal de Brasil). En cambio, en Venezuela -en la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia creada en 1999-  tres de sus siete magistrados son mujeres. En Bolivia -en el Tribunal Constitucional Plurinacional creada en el 2009- cuatro de sus 7 magistrados son mujeres (mientras otros dos son indígenas aimaras).

Por supuesto, esto no es un indicador que sirva para calificar la independencia de un Tribunal. Por ejemplo, la presidenta del Tribunal Supremo de Venezuela ha sido acusado muchas veces de ser muy poco independiente frente al poder chavista (acá pueden ver una de las denuncias). Sin embargo, estas cifras si permiten entender que los movimientos constitucionales en otros países le han dado un valor más importante a la participación judicial de la mujer que el que se le ha dado en Colombia. 

Este ejercicio se puede realizar con otras minorías (afrocolombianos e indígenas por ejemplo) y los resultados serían igual de lamentables. La solución no necesariamente pasa por un cambio de diseño institucional. Se puede discutir si una ley de cuotas en las altas cortes puede ayudar a mejorar esta situación pero sin duda el principal remedio que puede tener este problema es la voluntad política de quienes participan en el proceso. 

Al comparar estas cifras surgen algunas preguntas ¿Por qué no pensar en una terna de mujeres para la Corte Constitucional? ¿Por qué no pensar en una terna de abogados afrocolombianos o indígenas para la misma Corte? Ojalá que en los años venideros podamos disfrutar de procesos de esta naturaleza. Sin duda una justicia constitucional más plural garantizará que las grandes transformaciones que el nuevo constitucionalismo le ha traído a las democracias latinoamericanas perduren muchos años nuevos más. 


Nota: foto de las cuatro abogadas que han sido magistradas de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos en toda su historia. De izquierda a derecha: Sandra Dar O’Connor (retirada), Sonia Sotomayor, Ruth Bader Ginsburg y Elena Kagan. Foto tomada de la cuenta personal de tumblr. de Sandra Dar O’Connor. 

Coletilla: un feliz año para todas y todos, muchas gracias por acompañarme en este espacio. Motivo vacaciones, espero compartir con ustedes mis reflexiones a partir de la segunda semana de enero.

Twitter: @SantiagoPardoR.  

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Abogado (2007) y magíster (2010) en Derecho de la Universidad de los Andes con un MSc in Law, Anthropology and Society (2011) de The London School of Economics and Political Science. Trabajo actualmente en Women’s Link Worldwide y soy profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes.

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