Ingresa o regístrate acá para seguir este blog.
Esperanza es una mujer joven, de 26 años, que se ganaba la vida preparando pan en Tunja. Un día del año pasado Esperanza llegó en la madrugada al servicio de urgencias de un centro de salud con fuertes dolores abdominales y sangrado vaginal. Carlos Contreras, el médico que se encontraba de turno ese día interrogó a Esperanza sobre las causas de su enfermedad. Después de unos minutos ella le confesó que estaba en estado de embarazo y que la noche anterior había ingerido unas tabletas de misoprostol, un medicamento indicado por la Organización Mundial de la Salud para la interrupción voluntaria del embarazo, sin supervisión médica.
El doctor Contreras, violando todas las reglas de confidencialidad que le impone el secreto profesional (acá pueden ver una entrada anterior sobre el tema) decide llamar al CAI más cercano para denunciar penalmente a Esperanza. Después de una hora, los agentes Martínez y Camacho llegan al hospital y el médico Contreras les muestra dos bolsas de residuos médicos: una con el feto y otra con las pastillas de misoprostol que encontró en la vagina de Esperanza.
Después de ser estabilizada por los médicos, los agentes se llevan custodiada a Esperanza al hospital departamental. Ahí, vigilada siempre por la Policía, termina su recuperación. Aplicando la figura de la flagrancia Esperanza fue enviada a un centro carcelario mientras el proceso penal avanzaba.
En la primera audiencia ante el juez Esperanza niega los cargos pero en una segunda audiencia la Fiscalía presenta un acuerdo donde por aceptar el delito de aborto iba a beneficiarse de una rebaja correspondiente a la mitad de la pena. El juez confirma el acuerdo pero la Procuraduría presenta una apelación diciendo que la rebaja debía ser menor pues se presentó en la segunda audiencia. El Tribunal que conoce de la apelación le da la razón a la Procuraduría y ordena que se haga un nuevo acuerdo con una rebaja de máximo una tercera parte de la pena. Finalmente la Fiscalía presenta un acuerdo donde se contempla solo un beneficio de una doceava parte de la condena.
La Fiscalía, entre otros testimonios, usa el de Humberto -compañero de Esperanza- para probar el delito que ella cometió. En el testimonio Humberto dice que no vive con Esperanza pues tiene un tumor que le impide trabajar y mantenerla a ella y al hijo de 10 años que tienen juntos. Además de decir que no sabía nada sobre el embarazo de Esperanza, Humberto afirma que la noche de los hechos él la llevo a la clínica pero que inmediatamente sufrió un ataque de epilepsia que lo dejo inconsciente por lo que solo se enteró del aborto la mañana siguiente.
Finalmente Esperanza es condenada a un año y dos meses de prisión y se le otorga el “beneficio” de una rebaja de un mes de condena. Actualmente cumple su pena en su casa pues el juez le otorgó la casa por cárcel.
Colombia insiste en perseguir a mujeres solas, consumidas por el miedo y que sin ninguna atención médica y psicológica tienen que tomar decisiones trascendentales sobre su cuerpo y su futuro. Pero bueno, por lo menos en este caso todo el peso de la ley cayó sobre una delincuente.
Primera Coletilla: Juan Manuel Santos, sin ninguna vergüenza, elogió la tolerancia y transparencia del Procurador Ordóñez en su ceremonia de posesión (acá pueden ver el texto completo del discurso). Los políticos son naturalmente descarados, pero en esta oportunidad se rompieron todos los registros.
Segunda Coletilla: En las próximas semanas Santos tendrá que reemplazar a dos miembros de la Junta Directiva del Banco de la República. Desde su creación en 1923 solo una mujer (María Mercedes Cuellar) ha integrado dicha junta. Estoy convencido de que Santos podría fácilmente presentar a dos mujeres, ojalá se acuerde de brillantes economistas como Ana María Ibáñez, Cecilia López o Catalina Crane para el puesto.
Nota: Imágen tomada de http://www.unter.org.ar/node/11918.
(Visited 2.106 times, 1 visits today)
