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La semana pasada se cumplieron 40 años de una de las decisiones judiciales con mayores repercusiones judiciales, políticas y económicas en el continente: Roe v. Wade. Esta sentencia de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos (acá pueden ver en inglés un detallado resumen de la sentencia y las grabaciones de las audiencias orales en la Corte Suprema de Justicia) protege desde 1973 la decisión de abortar de las mujeres estadounidense como parte del derecho a la privacidad de la catorceava enmienda (acá pueden ver el texto en inglés de la enmienda).
Roe v. Wade reconoció la total autonomía de la mujer sobre su embarazo durante el primer trimestre de gestación pero definió que se podían imponer algunas restricciones a nivel estatal en el segundo y tercer trimestre. La Corte consideró que los Estados tenían un interés legítimo en proteger la vida prenatal y la vida de la mujer y que ese interés iba aumentando en la medida en que la gestación avanzara.
Roe v. Wade no se puede comparar con la sentencia de la Corte Constitucional que despenalizó el aborto en tres casos (acá pueden consultar una copia digital y un resumen de la sentencia). La sentencia en Estados Unidos otorga más libertades pero no garantiza el acceso a servicios seguros para quienes no tienen los recursos necesarios. Por el contrario, en Colombia, la Corte reconoció desde el 2006 la garantía de acceder a servicios pero de manera restringida a los tres casos despenalizados.
Sin embargo, la implementación de las dos sentencias comparte un dilema similar: tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica, sin importar lo que digan las Cortes y las normas, tener un aborto seguro pasa primero por tener los recursos necesarios para acceder a los servicios médicos adecuados.
En Estados Unidos, por ejemplo, cualquier negociación para reformar el sistema de salud pasa por limitar la financiación del gobierno federal a los servicios de aborto (acá pueden leer una explicación sobre esos límites en la reforma de salud de Obama) y cada vez más Estados aplican normas para restringir el aborto legal, incluso en el primer trimestre (acá pueden ver un ejemplo de esos intentos). Esto afecto sobre todo a las mujeres que, como las latinas o las afroamericanas, pertenecen a minorías étnicas o raciales.
En Colombia, a pesar de que la teoría de la Corte es muy buena y garantiza el acceso a los servicios necesarios para un aborto seguro, la realidad es otra. Por ejemplo, cualquier intento por garantizar un acceso gratuito o de menor costo a medicamentos seguros para las interrupciones voluntarias del embarazo se enfrenta a demandas judiciales (acá pueden leer un resumen de la sentencia del Consejo de Estado que resuelve negativamente una de esas demandas), amenazas de la Procuraduría o al rechazo de los funcionarios públicos encargadas de implementar las ordenes de la Corte.
Ojalá en unos años, cuándo se conmemoren los 40 años la decisión de la Corte Constitucional, la realidad sea más alentadora que la que se vive en Estados Unidos o de la que enfrentan ahora las mujeres colombianas. Por ahora seguimos las huellas dejadas por otros.
Nota: Foto de Norma McCorvey quien, usando el seudónimo de Jane Roe, demandó en 1973 una ley del Estado de Texas que prohibía el aborto excepto en casos donde la vida de la mujer estaba en riesgo. Esa demanda terminó con el fallo histórico que está cumpliendo 40 años. Tomada de: http://www.pbs.org/wnet/supremecourt/rights/landmark_roe.html.
