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Foto: Paula Vargas / www.kienyke.com – Sin Autor.
La espantosa noticia sobre la grabación de la violación de una mujer inconsciente en Caldas y publicada en Facebook, pone por enésima vez el dedo en la llaga de la violencia contra la mujer en el país, herida que se ensancha con vigor ante la absoluta incapacidad de algunos y la indignación de muchos.
La brutalidad de la agresión, para nada excepcional desafortunadamente, muestra una ausencia de parámetros morales y éticos que en gran medida surgen de la falta de una robusta estructura de educación sexual en nuestro país. Para no entrar en lugares comunes y obviedades quiero brevemente explicar cómo las autoridades, con la notoria participación de la Procuraduría General de la Nación, han obstaculizado la creación de una cátedra de derechos sexuales y reproductivos que apunta a resolver en algo esta falla estructural del sistema educativo colombiano.
Tras seleccionar y revisar una tutela de una mujer que no recibió de manera oportuna un aborto legal y seguro, la Corte Constitucional en el 2009 le ordenó al Ministerio de Salud, al Ministerio de Educación, a la Procuraduría y a la Defensoría del Pueblo poner en marcha y “promover campañas masivas de promoción de los derechos sexuales y reproductivos que contribuyan a asegurar a las mujeres en todo el territorio nacional el libre y efectivo goce de estos derechos”.
Pues bien, aprovechando la absoluta pasividad de las otras instituciones involucradas, el Procurador se convirtió desde ese momento en un ‘palo en la rueda’ para la implementación de ese mandato judicial de obligatorio cumplimiento. Ordóñez y sus funcionarios señalaron escandalizados que la orden de la Corte no era otra cosa que le promoción de una cátedra del aborto que no podía ser de obligatorio cumplimiento.
Tuvieron que pasar dos años para que nuevamente la Corte Constitucional, en otra acción de tutela, ordenara al Procurador rectificar que las campañas no se trataban de la promoción discriminada del aborto, sino de cátedras integrales alrededor de los derechos sexuales y reproductivos de los ciudadanos. Ante esta nueva decisión judicial el Procurador, apelando a su ya público espíritu leguleyo, advirtió que cumpliría con el desarrollo de las campañas pero con objeciones alrededor de “la libertad para no ser molestado por razón de las convicciones o creencias propias, ni compelido a actuar en contra de ellas”.
Se habla por estos días sobre las desbordadas facultades constitucionales y legales que recaen sobre la Procuraduría para disciplinar a funcionarios públicos. Sin embargo, el político no es el único escenario en el que los abusos del Procurador relucen y es bueno recordar cómo los atropellos de este funcionario llegan al extremo de negar el derecho a recibir una educación sexual laica e integral. El Procurador no grabó el video, pero sin duda su empeño por que los ciudadanos y ciudadanas no gocen de ese derecho -junto a la desidia de las otras entidades responsables- ayudó a que los jóvenes involucrados en los hechos ignoraran abiertamente lo que implica una sexualidad que dignifique a la mujer.
@SantiagoPardoR.
