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Ésta semana se fijó el salario mínimo en Colombia en $1.117.000 en un proceso de negociación atípico, considerando que fue concertado sin discusiones exhaustivas entre Gobierno, gremios y trabajadores. El aumento fraterno -como lo llama el expresidente Uribe- del 10,07% es el último coletazo de populismo que se permite un gobierno impopular e irrelevante en la discusión pública como el de Iván Duque y un partido agonizante como el Centro Democrático de cara al 2022. Sin embargo, más allá de las grandes preguntas económicas concernientes al efecto del aumento del salario en el desempleo, la discusión debe girar en torno a quién realmente le llega éste monto si contamos con una informalidad del 48% a nivel nacional y 46,7% en las ciudades capitales. El desbalance entre capitales y más entre regiones en su estructura empresarial, vocación y capacidad productiva debe abrir el debate del salario mínimo regional para así aterrizar la posibilidad de formalizar empleados en lugares distintos a las 10 principales capitales del país.
Las regiones tienen dinámicas económicas distintas, jamás va a ser posible asemejar la cultura del trabajo, la vocación productiva y económica de departamentos como el Valle del Cauca y regiones como la Costa Caribe. Sin mencionar que los costos de vida y de poder adquisitivo son distintos, de ahí la necesidad del debate en torno a la posibilidad de implementar un salario mínimo diferenciado por regiones.
Naturalmente, el salario se fija con base en la productividad y la inflación. De ésta manera, el aumento mínimo tuvo que haber sido del 6,4% sin contar el factor populista. Si regionalizamos la productividad, Bogotá tuvo una productividad del 8,12% mientras que departamentos como el Magdalena y el César fue del 3,8% en promedio (diferencia de casi 5 puntos).
Pero si vamos más allá de lo estrictamente técnico, el salario mínimo regional es el instrumento más concreto que hay sobre la mesa para descentralizar las oportunidades. Una compañía que busque el abaratamiento de mano de obra podría pensar en relocalizarse de Bogotá a departamentos como el Chocó, Caquetá y Magdalena e incluso con el sobrante podría iniciar procesos de formación de talento humano para educar a las personas en las actividades requeridas. Sería un incentivo inmediato para que plantas productivas se reorganicen en las regiones y departamentos económicamente aislados y olvidados del país. Sin mencionar la cantidad de gente que sería posible formalizar, seguramente para una microempresa localizada en el César sería posible formalizar a sus empleados considerando que con el salario mínimo regional se diseñe una serie de incentivos para la formalización laboral. Sin duda una solución al problema estructural que tenemos en Colombia de la informalidad.
En conclusión, con la discusión en torno al aumento del salario mínimo se develan los candidatos populistas y demagogos como Echeverry y Oscar Ivan Zuluaga que extrañamente habiendo sido ambos Ministros de Hacienda propusieron un aumento del 11% con el argumento de ‘solidarizarse’ con los trabajadores. Ni mencionar a Gustavo Petro que sugería un aumento del 18% -un absoluto descaro-.
Sin duda, para las próximas elecciones deberá estar sobre la mesa la posibilidad de fijar un salario mínimo diferenciado por departamentos o incluso por regiones y ciudades capitales. Un tema prioritario en la agenda de reactivación económica y sobre todo en lo concerniente a una impopular pero necesaria reforma laboral. Habrá que ver de qué manera se desenvuelve el populismo el próximo año, sin embargo, no debemos quitar el ojo sobre los que realmente tienen ideas de país como la referente al salario mínimo regional.
