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“Quedamos fríos” afirmó Camilo Sánchez, presidente de ANDESCO, tras el anuncio del Presidente de intervenir la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG).  Y no es para menos, luego de más de treinta años de existencia de esta institución encargada desde 1994 de regular el sector energético en Colombia, el Gobierno Nacional decidió intervenirla de manera equivoca bajo el argumento de un abuso de las tarifas del servicio de energía, atentando contra las reglas de juego del sector y contra la independencia de una de las agencias regulatorias más importantes del país.

Los apagones que caracterizaron el inicio de la década de los 90s y el gobierno de César Gaviria en Colombia, fueron la alarma que encendió la luz de los constituyentes del 91 y del Gobierno Nacional para la creación de la CREG como institución técnica -bajo ningún motivo política- encargada de regular el sector energético en Colombia y más específicamente, de establecer las tarifas y rangos de precios de la energía en el país. Esta institución ha sido la que le ha permitido a Colombia tener un mercado energético competitivo con la entrada de distintos generadores, transmisores y operadores del servicio, ver empresas como ISA Y EPM acrecentarse e incluso ser ejemplo para la región y, obviamente, evitar de manera definitiva los apagones.

Mucho más allá de eso, la existencia de la CREG en el sector energético, de la CRA en agua potable y saneamiento básico y, en general, de todas las agencias de regulación de distintos sectores demuestra de manera fehaciente uno de los consensos más importantes de las sociedades capitalistas modernas: La capacidad de tener órganos independientes de los ciclos políticos con autoridad de tomar y ejecutar decisiones técnicas.

El Gobierno Petro, impulsado por los desafortunados trámites legislativos del Gobierno de Iván Duque, intervino la CREG buscando establecer ‘un precio que garantice el derecho universal’. Sin embargo, las consecuencias de fijar el precio frívolamente y no con base en las metodologías sofisticadas y técnicas que utilizan las agencias de regulación, son catastróficas para el mercado energético y para cualquier mercado.

Naturalmente, las agencias regulatorias en busca de estabilizar un mercado como el energético, en áreas en donde la infraestructura y la cultura de pago es paupérrima, permiten un precio elevado a la compañía prestadora de servicios por un lapso de 4 a 5 años. Lo anterior, con el propósito de que la empresa invierta y a futuro baje los costos de operación y así, permitir mayor entrada de compañías al mercado y prestar un servicio a un precio más bajo.

En el caso de la costa caribe en donde los precios son elevados y la infraestructura, legado de Electricaribe está en pésima condición, empresas operadoras como EPM han hecho inversiones considerables para lograr bajar el precio -aproximadamente, 10 billones de pesos-.  La fijación de estos precios de manera técnica y con base en los costos de operación del mercado establecidos por la CREG, han permitido en las últimas décadas la transición a un mercado de energía más competitivo en el país.

La alerta de intervención a los mercados rompe las reglas de juego establecidas hace más de treinta años y, económicamente, fijar el precio de la manera que supone Petro, igualaría el precio a los costos de operación; por tanto las compañías de energía no tendrían incentivos para operar y esto llevaría a un mercado sin operadores naturales -como funcionaba antes de los 90s-.

Pero, ¿deben entonces las familias soportar el precio excesivo de la energía? Por supuesto que no. Y si la intención del Gobierno es corregir esto de manera correcta sin interrumpir el funcionamiento de los mercados y de las reglas de juego, debe compensar los precios altos con una subvención a la oferta (empresas) o a la demanda (hogares).  Es un gasto necesario para poder garantizar el orden mientras se abaratan los costos en el mediano plazo.

Sin embargo, esta medida no da titulares ni da aplausos políticos al Presidente, es una medida correcta pero que no le daría la sensación de red carpet al Gobierno de Petro. Un ataque a las reglas de juego de las instituciones disfrazado de populismo y victoria temprana.

Esta intervención no solo sienta un precedente al mercado energético de Colombia sino también al país entero. ¿Qué sigue, intervenir el Banco de la República porque al Gobierno no le placen las tasas de interés? En efecto, la intervención a la CREG es un paso en esa dirección.

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Profesional en Gobierno y Relaciones Internacionales con énfasis en Gerencia Pública de la Universidad Externado de Colombia. Interés en economía, consultoría, administración pública, desarrollo económico y sector privado.

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