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Esta semana, el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Comercio, publicó para comentarios un decreto que busca imponer un arancel plano del 40 % a importaciones del sector confecciones. Esto, buscando proteger uno de los eslabones de la cadena de prendas y moda, que desde campaña, el Presidente Petro prometió revitalizar y que según él, ha sido desindustrializado gracias a la apertura económica de los 90s. Con seguridad, organizaciones gremiales como la Cámara de las Confecciones y Afines recibieron con agrado la noticia, pues llevan pidiendo la protección de su eslabón por años. Para la muestra, un ejemplo de cómo el Gobierno no es ajeno como aparenta serlo, pero sí selectivo ante el cabildeo de los privados.

Hoy en día se paga un arancel efectivo entre 15 % y 30 %, sin embargo, con la aplicación de la medida quedaría un arancel plano de 40 % para toda importación. No es cierto que esto provoque un pleito con la Organización Mundial del Comercio (OMC), dado que el arancel consolidado -arancel negociado o arancel tope- es del 40%. También es mentira que esta medida aplique a todos los países que exportan hacia Colombia. El arancel aplica a los países con quienes no se comparte un TLC. Sin embargo, esto invitaría a tiendas de países como España y Estados Unidos (claves en el sector moda) a reorganizar su cadena de suministro para poder seguir importando con arancel preferencial.

La protección del sector confecciones, así como la protección de cualquier sector por medio de aranceles, es una medida de política comercial que si bien beneficia a la industria nacional, perjudica primordialmente a los consumidores. Cualquier economista demostraría esto fácilmente con un análisis de excedentes pero algo que se escapa del análisis microeconómico, es la realidad a la que se enfrenta el país.

Una política de incrementos arancelarios con el precio del dólar, alcanzando su máximo histórico -como todos los días- a más de 5 mil pesos, es un tiro directo a los importadores de prendas de bajo costo y por tanto, a su demanda principal, hogares de ingresos medios y bajos. Valga la pena aclarar que el mayor exportador de prendas hacia Colombia, es China (importaciones de USD $61 mil millones) y que con este país no se comparte un TLC.

Ahora bien, el arancel no representa un incremento necesariamente alto, si el arancel promedio pagado es del 30 % -es decir un aumento final del 10%-, entonces ¿qué le hace pensar al Gobierno que esto fomentaría el desarrollo del sector confecciones? ¿Bajo que estudios y/o argumentos está esa subida del 10 % de más?

Si el Gobierno percibe una suerte de competencia desleal en el sector confecciones, los tratados de libre comercio y la regulación de la economía internacional a cargo de la OMC, ofrecen medidas que perfectamente se pueden poner en práctica para proteger a la industria nacional de lo que se asemeja a las prácticas restrictivas a la competencia. Las salvaguardias, los derechos compensatorios y las medidas antidumping son medidas ideales con las cuales el Gobierno podría diseñar una política comercial agresiva pero justa y lógica, amparada en los pilares del libre comercio.

Sin embargo, parece ser que el interés del Gobierno es hacer concesiones a gremios que han buscado por años la protección de su sector, organizaciones como la ya mencionada Cámara de Confecciones. Ojalá lo que vaticinan los medios de comunicación y algunos analistas económicos no sea cierto y que esta medida comercial no sea el inicio de una ráfaga arancelaria y por ende, una ‘argentinización’ de la economía colombiana. Aunque el Presidente Petro se haga el ciego, es evidente ante los ojos de cualquiera que la peor manera de fomentar la competitividad es eliminando la competencia.

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Profesional en Gobierno y Relaciones Internacionales con énfasis en Gerencia Pública de la Universidad Externado de Colombia. Interés en economía, consultoría, administración pública, desarrollo económico y sector privado.

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