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Generalmente, en econometría se le llama ‘cambio estructural’ a aquellos eventos que rompen de manera determinada la tendencia de comportamiento de los datos. En Colombia, la Constitución de 1991 y la Ley 100 son en definitiva un cambio estructural en el comportamiento de la prestación del servicio de salud. Esto gracias a los considerables avances y el efecto positivo y significativo que ha tenido la evolución del sistema. Progresos que se ven amenazados por la Reforma a la Salud que hoy hace curso en el Congreso de la República.

Volviendo a la econometría y la programación, un comando común en su aplicación referencia a ‘clear all’ -comando común en R, STATA y Python-, que sirve para borrar de facto cualquier avance y retornar al punto cero. Pues bien, en la Reforma a la Salud, el Gobierno Nacional pretende, contra todo pronóstico y evidencia, oprimir el botón rojo, correr el comando ‘clear all’ y retornar el Sistema a su punto de partida de hace treinta años, previo a la Ley 100 de 1993.

En cuestión de treinta años, Colombia logró crear y consolidar un sistema con cobertura universal en salud, incluyendo a toda la población en condiciones de igualdad con la creación del Plan Obligatorio en Salud (POS) y su evolución al Plan de Beneficios en Salud (PBS) que permite y ofrece de la misma manera para todos los ciudadanos los medicamentos y tratamientos. Muy diferente por ejemplo al Sistema de Pensiones cuyo problema principal es la baja cobertura y la excesiva concentración de beneficios.

Quizás el dato que con seguridad deberá relucir en el debate de la Reforma, es el referente a la disminución del gasto de bolsillo -lo que pagamos por consultas, procedimientos y medicamentos- gracias a la existencia de las EPS. Antes de la Ley 100, el gasto de bolsillo era de 53 %, hoy por hoy es del 15 %. Un comportamiento idéntico al de cualquier país de la OCDE y suficientemente inferior frente a pares regionales como Argentina, México y Brasil.

Si buscásemos una comparación prudente del Sistema de Salud y cómo éste ha evolucionado en los últimos treinta años, se podrían escribir numerosas páginas que respalden con evidencia los avances en cobertura gracias a la mezcla de participación de actores públicos y privados, sobre todo de las EPS. Observándose desde un punto de vista teórico y de mercado, el sistema de salud funciona como uno donde los oferentes son las EPS encargadas de la administración y prestación del servicio. Así, los ciudadanos se permiten escoger cuál presta un mejor servicio y éstas compiten. El problema ha sido que éste mercado ha sido poco competitivo y el número de EPS no es más de diez para un país de cincuenta millones de habitantes.

Sería obtuso ignorar las deficiencias que hoy sufre el sistema en materia de calidad y prestación del servicio, que son de carácter multicausal pero a priori se puede presumir que una de las principales causas es la baja oferta de especialistas médicos en las regiones, la corrupción y lo poco competitivo que es el sistema de EPS. También el dicho clásico de los salubristas colombianos: ‘En Colombia, no hay sistema de salud sino de enfermedad’ haciendo alusión al bajo activismo que tenemos en materia de prevención patológica.

Ahora, el Gobierno Nacional, usando como línea base y comparación, presenta los datos de la pandemia -absolutamente deshonesto- en los considerandos de la Reforma a la Salud y del Plan Nacional de Desarrollo (PND). Argumentando que el sistema es deficiente con datos que no son la realidad del día a día del sistema, y que por ende el Estado debe tener un rol preponderante en la articulación y prestación del servicio. Le preguntaron al Presidente de la ADRES que si no le preocupaba que el régimen político administrara la salud y respondió de manera olímpica: Arreglen el régimen político. Ok.

Petro y Corcho, buscan eliminar las EPS de manera directa quitando su función más importante que es aquella referida al aseguramiento y dejándolas como una decoración al sistema pero salen a medios decir que no se eliminará la figura y que seguirán siendo vigentes y trascendentes en la prestación del servicio. Sin embargo, lo que pretenden es oprimir el botón rojo ‘clear all’ sin consideración alguna, y así retornar al sistema de hace treinta años en donde el servicio se prestaba según ubicación geográfica y a cargo principalmente del Estado.

Exactamente el mismo sistema de hace treinta años con menores cambios en donde el gasto de bolsillo era del 53 % y la cobertura no superaba el 30 %. En esa entonces el derecho a la salud no era un derecho, era un privilegio de algunos cuantos. Esto cambió considerablemente gracias a la ley 100 de 1993 y sí a la participación de privados en la prestación del servicio.

El sistema no es perfecto, está lejos de serlo. Pero pensar que la salud no es un tema en donde Colombia haya mejorado en los últimos treinta años gracias a la evolución normativa y la inclusión del sector privado es un absurdo. El sistema es referencia de clase mundial frente a países como Estados Unidos en donde la garantía de igualdad y equidad es inexistente. Estamos en manos del Congreso de la República que si supera su ambición política y pone primero las necesidades del país, no aprobará ésta reforma, deteniendo de manera determinada el dedo del Gobierno Nacional de oprimir el botón rojo ‘clear all’.

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Profesional en Gobierno y Relaciones Internacionales con énfasis en Gerencia Pública de la Universidad Externado de Colombia. Interés en economía, consultoría, administración pública, desarrollo económico y sector privado.

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