Llama la atención que el Alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, haya esperado tres años para revertir una decisión que jamás debió haber tomado: reducir la tarifa del sistema TransMilenio en horas valle.

Petro, supuestamente motivado por el deseo de incrementar la demanda del sistema durante el período de tiempo con menor afluencia de pasajeros, fundamentalmente de ocho y treinta de la mañana a cuatro y treinta de la tarde, de lunes a viernes, redujo en trescientos pesos ($300) el costo del pasaje, cuyo precio máximo hubiera sido fijado en mil setecientos pesos ($1.700), mediante el Decreto Distrital 356 de julio de 2012, desconociendo, con ello, los principios de autosostenibilidad y costeabilidad tarifarios, contenidos en el Artículo 10 del Decreto Distrital 831 de marzo de 1999, y que, hasta entonces, habían servido para prevenir eficazmente cualquier modificación que hubiera podido poner en riesgo las finanzas de la entidad.

Sin embargo, tal medida no produjo los resultados que el Alcalde esperaba y, en cambio, ayudó a acrecentar significativamente un déficit financiero que, en lo que va corrido del año, según cifras oficiales, asciende a más de trescientos cuarenta mil millones de pesos ($ 340.000.000.000), lo que equivale al presupuesto asignado al Sector Gobierno, Seguridad, y Convivencia este año.

Por otra parte, dicho descuento seguramente haya sido aprovechado, en su gran mayoría, por usuarios de estrato medio y estrato alto, quienes no solamente se han acostumbrado utilizar el sistema a esta hora del día, por motivos de comodidad y economía, sino que además han estado siempre en la capacidad de pagar el pasaje.

Lamentablemente, tres años tuvieron que pasar, para que el Alcalde cayera en cuenta de su garrafal error y decidiera volver al esquema tarifario inicialmente contemplado con el fin de reducir un escandaloso déficit que el año pasado fue de seiscientos cuarenta y cuatro mil millones de pesos ($644.000.000.000) en total.

Si tal es el propósito, el Alcalde debería considerar también la implantación de medidas más efectivas contra la evasión cuyos costos, según los cálculos más conservadores, están en el orden de los cuarenta y dos mil millones de pesos ($42.000.000.000) al año, cifra que supera ampliamente el presupuesto de la Secretaria Distrital de la Mujer, por ejemplo.

Valdría la pena, igualmente, revisar las condiciones pactadas con los operadores privados cuyos contratos vencerán prontamente y cuyos costos operativos aumentan al ritmo de la demanda de pasajeros del sistema, la inflación, el índice de precios al productor, y la tasa de cambio.

En conclusión, menos improvisación más gerencia, menos populismo más responsabilidad.

Twitter: @AJARAMORENO.