Diez días han pasado desde que Nicolás Maduro, Presidente de la República de Venezuela, decretara el estado de excepción en seis municipios del Estado limítrofe de Táchira junto al cierre indefinido de la frontera con Colombia, debido al intento de asesinato que supuestamente habrían sufrido dos miembros de la Guardia Nacional Bolivariana, por parte de delincuentes colombianos.

Desde entonces, no ha parado de intensificarse el proceso de deportación y expulsión de miles de compatriotas, quienes bajo acusaciones temerarias de paramilitarismo han sido víctimas de violentos desalojos y humillantes vejámenes, a pesar de que el Artículo 337 de la Constitución Bolivariana, irónicamente el mismo que faculta al Presidente Maduro a decretar los estados de excepción, garantice claramente el derecho al debido proceso, y los demás derechos humanos intangibles; y a que Venezuela, por haber ratificado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, esté igualmente comprometida a no llevar a cabo ninguna expulsión de extranjeros sin que haya una orden judicial de por medio.

Por si fuera poco, las constantes declaraciones, totalmente fuera de tono, del Presidente Maduro y sus subalternos, han conseguido exacerbar los ánimos de la gran mayoría y preocupar a más de una persona sensata por las posibles consecuencias que esta situación pueda acarrear en el corto plazo.

Pero, parafraseando al Presidente Maduro, ¿cuándo fue que se nos pudrió la frontera? ¿Estará el Presidente venezolano diciendo la verdad? ¿Qué motivos puede haber detrás de esta acción premeditada y violatoria de toda ley?

En efecto, la frontera entre Colombia y Venezuela, se nos pudrió y desde hace tiempo. Históricamente, la falta de control y de aplicación de estrategias de seguridad conjuntas han permitido que los flujos de personas y de mercancías crearan formas de intercambio y de integración que, a estas alturas, están por encima de la soberanía de ambos países.

Y aunque el contrabando haya sido siempre una de las principales actividades ilegales en la zona, es evidente que gracias a los subsidios introducidos por el gobierno bolivariano, durante los últimos diecisiete años, el interés por traer gasolina barata para venderla cara se ha disparado; y que igualmente, la devaluación escandalosa del bolívar frente al peso ha favorecido el incremento desproporcionado del consumo de algunos productos venezolanos.

No obstante, ¿por qué decide Maduro actuar hasta ahora? ¿Por qué de esa manera?

Todo parece indicar que ante el creciente descontento popular sería prácticamente imposible asegurar la mayoría en las elecciones parlamentarias de Diciembre próximo, situación que probablemente facilitaría un proceso de transición al interior del país, y de ahí que Maduro haya tenido que recurrir al fantasma del enemigo extranjero. También, viene cogiendo fuerza el rumor de que altos mandos militares venezolanos, cercanos al Presidente, estarían involucrados posiblemente en actividades de narcotráfico.

Sea como fuere, el Gobierno de Colombia, respetuoso del derecho internacional, debe exigir cuánto antes al Gobierno de Venezuela, sin vacilaciones, que cese la expulsión masiva de connacionales y que haga las deportaciones respetando el debido proceso y la dignidad de las personas a pesar del estado de excepción actualmente en vigor.

Del mismo modo, hay que elevar la queja correspondiente ante todas las instancias internacionales competentes con el fin de sentar un precedente y de que se tomen las medidas necesarias en procura de proteger a la población civil, que en últimas, resulta siendo la más afectada.

No pude ser posible que en pleno siglo XXI tengamos que seguir soportando las gracias de mandatarios que reclaman una soberanía divina en detrimento de la propia soberanía humana.

Twitter: @AJARAMORENO.