Tras una investigación de dos años, adelantada por la San Francisco Electronic Crimes Task Force, que incluye, entre otros, a agentes del Servicio Secreto, fue capturado en Tailandia Maksym Kovalchuk, quien se declaró culpable de los delitos de tráfico de bienes falsificados y realización de transacciones financieras derivadas de actividades ilegales. En la conducción de la investigación colaboraron, adicionalmente, autoridades de Tailandia, Ucrania, Canada y Lituania.
El acusado, que será sentenciado el 13 de febrero próximo por el Juez de Distrito James Ware (del Distrito Federal de San José), se declaró culpable de distribuir software ilegal a través de Internet entre los años 2000 y 2003. El Fiscal Federal Kevin V. Ryan declaró que «…este caso demuestra la resolución de esta oficina y de su Unidad Contra el Hacking y la Piratería (CHIPs Unit) de combatir el robo de la propiedad intelectual de nuestra nación, bien se trate de amenazas dentro de Estados Unidos o en el exterior. También sirve como ejemplo para demostrar a quienes, en el exterior, se quieren lucrar mediante el robo de nuestra propiedad intelectual , de que el Departamento de Justicia buscará vigorosamente su extradición hacia los Estados Unidos para alcanzar justicia».
El acusado vendía el software pirata a través de eBay y numerosos sitios de Internet, tales como cdservice.org, bigcds.net y gold-cds.com. Usando alias falsos como «Patricia Brekles» y «Kevin McGuigan» se comunicaba con sus compradores, mediante aplicaciones web de correo electrónico e, incluso, de correo remoto, mediante las que pretendía dificultar su efectiva identificación.
Este es uno de los primeros casos de piratería de propiedad intelectual que resulta en la extradición efectiva del culpable, según política que fuera definida por la entonces Attorney General Janet Reno. Es de esperar que los países de nuestra región firmen tratados tanto con Estados Unidos como con otros estados mediante los cuales den vida a esta figura, que sería inmensamente útil en el caso colombiano, teniendo en cuenta que ya la piratería, al igual que en el exterior, está siendo usada por organizaciones ilegales muy poderosas como una fuente de financiación; adicionalmente, es de esperar que en casos futuros de piratería en nuestro país las autoridades busquen encuadrar las actividades de los delincuentes en delitos que sí permitan la extradición.
Cada vez más se cierra el cerco sobre los piratas. A este respecto, vale la pena parafrasear a la fiscal Reno: ¡may there be no safe harbors for pirates!
Nota del Departamento de Justicia acá.
Carlos S. Álvarez
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