Este 7 de agosto, al igual que sucedió en la gesta emancipadora, es continuación y consecuencia de lo que se conmemora en la reciente fecha del 20 de julio. Son fechas que debemos aprovechar para reflexionar sobre nuestra nacionalidad y el efecto de nuestras acciones en la vida del país. Se dice que quien no conoce la historia está condenado a repetirla, para no olvidarla existe una simbología que nos recuerda tanto nuestra historia, como nuestra nacionalidad. Pero, esa simbología y su significado últimamente parece ser pasada por alto por las altas dignidades del estado, en sus diferentes poderes, casi como si no conocieran la historia, o si no sirviera conocerla.
Desatender la simbología e incluso actuar en contra de ella y lo que representa cada fecha, cada recinto, cada institución, cada cargo, muestra una afrenta a nuestra nacionalidad y un imperdonable desconocimiento de nuestra historia, de su importancia y de los hechos que la componen. Esa historia no puede tener partes que debamos recordar y otras que no, según conveniencia y mucho menos en la conmemoración de fechas históricas especiales; desconocerlo y actuar en contrario a lo que cada fecha amerita, es minar las mismas estructuras de nuestra nacionalidad, es un lujo que las cabezas de nuestros poderes nacionales no se pueden dar, en especial en estos momentos aciagos de la nación.
¿Qué representaba el 20 de julio? el grito de la independencia ¿pero independencia de que? no solo la Independencia de una potencia extranjera, era liberarse de quienes ejercían el poder en ese momento, de forma abusiva y llena de privilegios, de los cuales los ciudadanos del común, los criollos, los colombianos, no podían disfrutar, principalmente de las excesivas cargas tributarias impuestas, las cuales no se reinvertían en favor de quienes la aportaban, sino que literalmente se las llevaban los gobernantes del momento, para sus externas potencias, y seguramente para su usufructo personal muchas de ellas. Que puede ser más inoportuno y lacerante simbológicamente en esa conmemoración, que presentar ese día una nueva carga tributaria a la ya pesada existente, la presentación de una Reforma Tributaria, que un nuevo nombre de «Proyecto de Inversión Social» no le rebaja su significado y menos su atentado a la simbología de la fecha. Eso unido a, lo ya expresado en la pasada entrega del blog, tener en uno de los balcones del congreso uno de los símbolos de la libertad al revés, hizo de los actos de dos de los poderes estatales, con asistencia de la cabeza del tercero, una afrenta a nuestra nacionalidad y a todos los colombianos, el pueblo soberano que representan.
Sí, en medio de la celebración de la independencia, el Congreso de la Republica sesionó oficialmente en uno de sus actos más solemnes en frente de la bandera al revés, la misma bandera que llevaban con orgullo quienes nos dieron la libertad y ofrendaban su vida por ella para mantenerla erguida, ondeante y como inspiración para sus gestas. En el Congreso de la Republica conmemoraron esa fecha con ella al revés, una afrenta a nuestra simbología y a nuestra historia que simbológicamente se puede interpretar como la forma en que ese congreso, hoy en día, entiende su representación del pueblo colombiano, esa bandera al revés en su sesión solemne simboliza como está haciendo las cosas el congreso para el pueblo colombiano.
En resumen, simbológicamente hablando, el pasado 20 de julio en el recinto del Congreso de la República se conmemoró más a nuestros enemigos que a los colombianos y su nacionalidad.
El turno ahora, en sucesión histórica y cronológica, es para la conmemoración de la Batalla de Boyacá, la cual selló esa independencia, por lo menos en la parte terrestre. ¿Qué nos espera en cuanto a simbología para ese 7 de agosto? en que nuestra nacionalidad debe llegar a su máxima expresión patria, el día del
Sabiendo ya que celebramos, esperamos que los actos que se hagan este 2021 vayan acordes a lo que se conmemora y no al revés como se hizo el 20 de julio. Entre esas celebraciones, a través de la vida republicana de nuestro país han surgido tradiciones, una de ellas es que cada 4 años se posesiona un nuevo presidente, con par excepciones en que se modificó la constitución para hacerlo, esa posesión incluye un acto simbológico de la mayor importancia institucional nacional, la posesión del presidente de la república, elegido por voto popular, por mandato de la mayoría de los colombianos; quien fue elegido y se posesiona, jura respetar y cumplir con la Constitución Nacional.
Desafortunadamente, este acto de juramento de cumplir y hacer cumplir la Constitución Nacional, nuestra máxima expresión legal y guía del actuar institucional y ciudadano en nuestro país, solo se hace cada cuatro años, lo que hace que en el intermedio quienes ocupan ese honroso y único cargo y quienes actúan en su nombre tienden a olvidarlo en tan largo periodo, tomando decisiones y sus consecuentes acciones, algunas veces en contra vía de lo que juraron respetar y hacer cumplir, perjudicando normalmente a los ciudadanos que les confiaron tamaña responsabilidad y afectando la misma institucionalidad, independiente de la ética y honor de hacerlo, por no decir de las consecuencias legales que habría de tener, pero que a pesar de ser un país de leguleyos, los más elegantes llaman santanderista, nunca tiene las consecuencias que debiera.
Las situaciones fuera de lo común, artificiales o fortuitas, hacen que entre más graves sean para el normal devenir nacional, mayor tendencia tengan de ser la disculpa perfecta para decisiones y acciones en contra de lo establecido. Tan pronto aparecen situaciones que ameriten o consideren que requieran acciones de emergencia, se tiende a olvidar, o encontrar esa excusa perfecta para no cumplir “exactamente” con la Constitución Nacional, ese incumplimiento curiosamente afecta siempre y más profundamente al pueblo, que es quien eligió el gobernante con la esperanza que le garantizara sus derechos y siempre buscar su bienestar.
Es así como en los inicios de la pandemia, el gobierno emitió múltiples decretos de emergencia, a sabiendas que iban en contra de nuestra constitución, como bien lo declaró en varias ocasiones la corte encargada. Posteriormente, con motivo de los desórdenes, vandalismos y hechos delincuenciales, el grado de permisividad de estos actos a todas luces se constituyó en una omisión del cumplimiento de esa constitución, en que los tres poderes del estado dejaron de cumplirla en cuanto a garantizar la vida, la seguridad, la salud, la libre movilidad y tantos derechos, de los cuales juraron ser garantes, sin entrar a establecer la responsabilidad de los actos violentos, no cabe duda que los diferentes poderes omitieron cumplir la constitución, desde el mismo momento en que no se tomaron las medidas para evitarlos, controlarlos y evitar que se repitieran una, y otra, y otra, y otra … vez.
Sin alargarme en los hechos evidentes, o de necesaria reflexión, en los cuales ese cumplimiento de la Constitución Nacional ha estado más que cuestionado desde el momento en que un 7 de agosto hace tres años se juró honrar, respetar y hacer respetar la constitución nacional, se debería aprovechar este 7 de Agosto, en una reivindicación con nuestra historia y con sus símbolos, para hacer una renovación de votos matrimoniales con el cargo que se ostenta, una renovación de ese juramento de cumplir y hacer cumplir la Constitución Nacional, que si Dios todavía no lo ha demandado, ya lo hará, la patria lo está pidiendo a gritos.
La respetuosa invitación, o sugerencia, al señor Presidente de la Republica @IvanDuque en este próximo 7 de Agosto, en renovación de los votos constitucionales, volver a pronunciar solemnemente las palabras ordenadas en el artículo 192 de la carta magna «Juro a Dios y prometo al pueblo cumplir fielmente la Constitución y las leyes de Colombia», que se haga en un lugar donde se encuentre la bandera izada al derecho y aprovechar para hacer un desagravio a nuestro símbolo patrio. Aún más, que acto tan significativo sería que los presidentes de los tres poderes nacionales en esa ceremonia renovaran sus votos, con el fin de emprender el último año del ejecutivo con una energía renovada en busca de mejorar en algo la atribulada vida de los colombianos, haciendo cumplir los derechos de los colombianos a la vida, a la salud, a la seguridad, a la movilidad, el cumplimiento y respeto a todos sus derechos y deberes en busca del progreso y bienestar de todos los colombianos.