La ética es un concepto de cada vez menos uso en la vida colombiana, en especial en la política e incluso hasta en la justicia. Para muchos, lo que no este descrito como violatorio de una ley lo consideran que se puede hacer, entrando la justificación de conveniencia partidista o grupal a respaldar o rechazar hechos, más por afinidad o supuesta ideología, que por respeto a esa ética y valores que a muchos nos enseñaron desde casa.
En muchos procesos legislativos y judiciales la forma de respetar esa ética es a través de los llamados impedimentos, que son la posibilidad de decir, me abstengo de participar en este debate o decisión porque tengo intereses personales, o familiares, o funcionales, de cargos presentes o anteriores que he desempeñado, o mi familia, por lo cual esas decisiones podrían ser orientadas a la conveniencia personal, o por lo menos deja inquietudes en el ambiente, viciando de por lo menos duda el proceso, o de legalidad si se comprueba posteriormente la inhabilidad.
Como muchas cosas en nuestro país estos impedimentos, ligados íntimamente a la ética, los usan o interpretan, según conveniencia, como herramientas políticas. Para declararse impedidos o para no hacerlo, y si se les reclama aducen que le están exigiendo ese impedimento para sacarlo de la decisión o atacar a quien se declara impedido, por demorar el debate para su trámite, muchas veces desconociendo objetivamente las razones de los mismos, que debe ser la única materia de la discusión objetiva y honesta en la aprobación o no de un impedimento, parte de esa misma ética.
La falta de ética, normalmente está unida a la percepción popular de deshonestidad o perdida de legitimidad de funcionarios, e incluso instituciones cuando muchos de sus miembros no la tienen en cuenta en sus decisiones, por mucho que defiendan que ninguna ley lo prohíbe. Por eso, el refrán popular “hecha la ley hecha la trampa”, la cual por lo menos es una violación a la ética, creando ambientes enrarecidos de organismos, de los cuales la más grave afectación se da a instituciones como el Congreso de la República.
Es que, donde se hacen las leyes, hacer esguince a uno de sus productos no tiene ninguna presentación, ni excusa, ya que sus miembros conocen mejor que nadie la obligatoriedad de cumplir y exigir la ley; que además, conocen el espíritu con que fue creada, lo cual limita cualquier interpretación que se permita de la misma, en contra de lo escrito y de la filosofía con que se creó.
La ética debe ser aplicada en todas las decisiones de instituciones como el Congreso, incluso cuando hayan dudas o diferentes interpretaciones de la ley entre sus miembros, o aún más mientras sus miembros estén pendientes de decisiones judiciales que puede afectar no solo su tranquilidad personal, sino el desarrollo de sus funciones o, aún peor, que potencialmente puedan aprovechar cargos a desempeñar en el congreso, para evadir la ley o protegerse de posibles procesos externos. También debe ser tenido en cuenta para elegirlos, interna o externamente, para representarlos, si tienen asuntos pendientes por resolver, por impedimentos actuales, o previendo sanamente que los puede llegar a tener, para eso hay para elegir entre varios y habrán quienes no tengan impedimentos actuales, ni potenciales, éticamente elegibles.
Pero todas las ramas del poder deben tener actuaciones éticas y usar sensatamente sus impedimentos. El ejecutivo que presenta ternas al Congreso o a la Corte Suprema de justicia, debe declararse impedido si en el organismo para el cual debe presentar la terna se están decidiendo asuntos o procesos que lo involucren, o a un familiar, en especial en primer grado de consanguinidad; esto muestra su honestidad y ética, incluso si sus partidarios se lo exigen por ser derecho de su cargo. La responsabilidad ante el país es mayor y si va contra la ética pone en juego su legitimidad y la del cargo para el cual propone la terna.
Así mismo, el judicial con la oportunidad de sus fallos, si deja que funcionarios desempeñen cargos de relevancia nacional, para declarar ilegal su nombramiento cuando ya ha terminado de ejercer las funciones o si por ellas fue elegido para dirigir su organización. Tiene que haber algún método, como medidas cautelares, de protección de ese organismo o de los colombianos, para evitar que ocupe un cargo para el cual corra peligro de ser destituido después de ejercerlo, dejando en algunos casos en el limbo legal sus actuaciones o recargando posteriormente la justicia, causado por una decisión tardía.
Es de elemental lógica, pero también ética, que en la cabeza de las comisiones no pueden quedar elegidos por arreglos partidistas cabezas que tengan líos judiciales, o su familia, a manejar importantes proyectos que ya se sabe que se van a seguir en esa comisión, por su naturaleza, o para adueñarse de una como la Comisión de Acusaciones alguien que tuviera pendientes asuntos con la justicia, así se piense que va a salir libre, en especial si a quien podría juzgar es a su jefe político. De tantos miembros no sería ético que escogieran preciso a quien esté en estas condiciones.
Tampoco es lógico, ni ético, escoger de presidentes de las cámaras a personas que tienen en duda su misma elección, no es honesto, no es lógico, no es responsable con sus electores y hacerlo contribuye a una perdida de credibilidad, de legalidad de los procesos que dirige, e incluso de legitimidad de su cámara, del congreso y de las leyes que ahí se expidan.
Esa ética e impedimentos deben ser personales y de partido, que tienen comité de ética. Para un partido dejar que uno de sus miembros no comunique sus impedimentos y avalar con sus acciones que actúe impedido, debe ir contra la ética no solo del impedido, también del partido, en especial si logra la aprobación de una de sus propuestas apoyado por miembros de su partido, que tienen intereses personales o familiares determinantes en la decisión.
Estos impedimentos deben ser decididos antes de cualquier presentación de argumentos de un debate de una reforma, ya que con esos argumentos es precisamente con los que se debe evitar que participe, es ahí donde están las inhabilidades y mal hacen algunos al reclamar que vayan rápidamente a debate para oír argumentos, que incluyan los intereses que lo inhabilitan.
En el caso de la reforma a la Salud y conociendo la procedencia e intereses de muchos congresistas, se esperaban muchos impedimentos, algunos de ellos, aunque avisados por otros congresistas y actores externos, no se han dado; sin embargo, ya van en unos 70 impedimentos y se esperan alrededor de 30 más y eso que según entiendo se han declarado impedimentos con artículos y no con toda la reforma. En el tema de salud debe haber artículos definitivos para el proyecto que deben dejar impedido para todo el proceso. La verdad la línea es demasiado delgada en algo tan transversal como la salud, que alguien esté impedido para unos pocos artículos y no a toda la reforma, que afecta la ética con que se trate todo el proyecto. Ejemplo ¿si quien dirige el debate está impedido para aprobar apartes de la reforma, cómo va a participar en su aprobación total o parcial?
Terminando este semestre y legislatura, los impedimentos son cada vez más importantes, sus miembros no se pueden enfrascar en que se declaran impedidos para perder tiempo en el debate, o para excluirse de un debate en el que no está de acuerdo con su partido, o quiere favorecer a otro, o acusar de impedimento a quien no lo tiene para restar su voto. Los impedimentos deben ser reales para cumplir su función ética y el tiempo que se requiera para analizar su veracidad y justificación en su aprobación debe usarse. Si el tiempo no da para pasar el proyecto, no se pasa, pero proyectos de esta importancia no son asuntos menores, si es necesario dejarlo para el segundo semestre o para el próximo año se dejan, pero no se puede correr a aprobar un cambio de vida de los colombianos por parte de congresistas impedidos o a pupitrazo sin ética, para beneficio de unos pocos vivos.
La ética va íntimamente ligada a la justicia legislativa. Desde hace tres siglos Montesquieu había dicho “una cosa no es justa por ser ley, debe ser ley por ser justa”, es difícil encontrar una ley que sea justa si en su aprobación se violó la ética, si se hizo con actores decisorios impedidos. Es obvio que, si eso sucede, hubo intereses personales o grupales incluidos en sus decisiones y eso es injusto con quienes no tenían esos intereses particulares, que van a afectar en desigualdad de condiciones con una ley que debía ser justa y equitativa para todos.
A todos los cuestionamientos sobre la conveniencia de las reformas, por ningún motivo se le pueden sumar acciones con evidentes fallas éticas, en las cuales los impedimentos no pueden ser ignorados ni usados como herramientas políticas, en lugar de manifestaciones honestas y oportunas de responsabilidad y ética, que produzcan leyes justas y convenientes para todos.