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El 22 de febrero se llevó a cabo un plantón patriótico en la Plaza de Bolívar en defensa de la democracia, específicamente de la separación de poderes, en respaldo de la autonomía de la Corte Suprema de Justicia en la elección del Fiscal General de la Nación, a su saber y entender, en los tiempos que requiera y sin presiones externas.
La manifestación, caracterizada por su orientación nacional, comenzó con el himno nacional, como es ya tradicional en las actividades de los veteranos. Durante el evento, se pronunciaron discursos dirigidos a los objetivos e intenciones de la actividad. Se destacó la importancia de que la democracia colombiana se apoye en la fortaleza e independencia de los tres poderes del Estado, que todavía existen en Colombia. Se enfatizó en la necesidad de que cada poder cumpla con su rol y responsabilidades, sin que ninguno prevalezca sobre los demás, rechazando cualquier tipo de intromisión o presión de un poder sobre otro.
La gran mayoría de los discursos durante el patriótico plantón se centraron en resaltar el protagonismo de la Corte Suprema de Justicia y sus decisiones, así como su relevancia en la vida nacional y la preservación de nuestra democracia; claro está, con una o dos excepciones, de personas que no entienden que cada cosa tiene su momento y su lugar y consideran que cada espacio debe ser usado para lo mismo, intentando desvirtuar ligeramente la idea general del evento, que afortunadamente se mantuvo; como fue, el de mostrar la importancia de la decisión de la Corte Suprema de justicia y del poder judicial como ente independiente y autónomo, fundamental para garantizar la democracia.
El país siente un gran alivio al saber que cuenta con una reserva moral de principios, valores y un sentido patriótico nacional, donde las instituciones son respaldadas. La mayoría de sus miembros comprenden el difícil momento que atraviesa la nación y están dispuestos a defender la institucionalidad desde un enfoque pacífico pero firme. Estos individuos, los veteranos, que han servido durante muchos años y han dedicado sus vidas a las instituciones, la seguridad y la soberanía de la nación, continúan demostrando su compromiso y convicciones incluso después de retirarse. Prestan su liderazgo a una sociedad que no puede permitirse perder el rumbo democrático, impidiendo así que el caos se apodere de nuestra vida nacional.
A diferencia de las manifestaciones del pasado 25 de enero, que estuvieron cargadas de una simbología amenazante hacia la Corte Suprema de Justicia, recordándole a sus miembros momentos del holocausto de hace unas décadas y constituyéndose prácticamente en un asedio a una de las ramas del poder, el 22 de febrero fue un día de contraste. En esta ocasión, solo se vieron símbolos nacionales, himnos y palabras de respaldo institucional y patriótico hacia la Corte Suprema de Justicia. Esto permitió a sus miembros sesionar sin sobresaltos, sintiéndose evidentemente protegidos por colombianos de bien que siempre mostraron su disposición para defenderlos y respaldarlos.
Este ambiente propicio facilitó que la Corte Suprema sesionara, de manera tranquila, en lo que parece ser su penúltima sesión de elección del fiscal, al pasar de 13 votos en blanco a solo seis. Esto prácticamente anuncia que en la próxima sesión se definirá quién será el próximo fiscal. A menos que surjan inconvenientes en la persona, su familia o sus allegados antes del 7 de marzo, que muestren que no es tan conveniente como se consideró ayer. Entre dos candidatas se cuentan con los 16 votos necesarios y, como lo ha señalado su presidente, el voto en blanco ya no constituye mayoría.
Este cambio en la cantidad de votos en blanco parece indicar que solo seis magistrados consideraron ayer que la terna tenía vicios de forma, de fondo o de ilegalidad, o que ninguna de las tres cumple con las condiciones que ellos consideran que debe tener el nuevo fiscal. Un fiscal que representará durante cuatro años el criterio, conocimiento jurídico y el sentido común de la Corte Suprema de Justicia en su desempeño, siendo una de las principales herramientas de la justicia en este convulsionado país, que tiene en sus manos procesos de importancia nacional, que podrían incluso definir su propio futuro.
Para muchos analistas, la decisión está cantada y solo se postergó, tal vez en un afán de mostrar que queda algo de autonomía, más que en la falta de decisión. Evidentemente en este receso, todos los reflectores estarán enfocados especialmente en la persona que casi alcanzó los votos necesarios. En estas dos semanas podrían surgir aspectos nuevos, o incluso viejos no tan conocidos hasta ahora, que podrían mostrar facetas no analizadas por la CSJ en las cuatro sesiones cumplidas. Si bien los votos pueden no estar escritos en piedra, es difícil que quienes ya dejaron de votar en blanco vuelvan a esa posición, a menos que tengan dudas o motivos claros contra los otros dos candidatos, lo que los llevaría a considerar nuevamente inviable la terna.
Es innegable que esta es una de las decisiones más polémicas y seguidas por los colombianos, debido a la facilidad con la que se puede acceder masivamente a través de los medios de comunicación y las redes sociales a detalles sobre cada integrante de la terna, cómo fue propuesta, el acceso a las leyes que respaldan o contradicen el envío de tres mujeres en la terna, los tiempos involucrados, los antecedentes de cercanía con su postulante y la cantidad de juristas disponibles en el país con excelsas calidades. Debido a tantos factores a analizar, incluso más allá de la polarización, todo lo que sucede y deja de suceder en el país se conoce ampliamente, y la decisión ya está siendo cuestionada desde muchos ángulos, incluyendo la elección de esta terna o la declaración de su inviabilidad, con el fin de permitir que nuevos aspirantes, entre tantos que por sus cualidades y tiempo estaban en turno, tengan la oportunidad de ser considerados.
No es menor la percepción de que mientras algunos consideran que gran parte de lo que se opina en el agitado entorno político nacional sobre la decisión de la Corte Suprema de Justicia, sobre los hechos y antecedentes de todos los actores, representa una presión indebida, otros sostienen que existe una preocupación legítima sobre muchos aspectos del principal tema en estas semanas en el ámbito judicial y las posibles consecuencias de lo que resulte. Es evidente, que esta percepción puede variar entre quienes creen que se puede opinar sanamente para contribuir a la decisión y aquellos que consideran que ciertas opiniones constituyen una presión indebida, algunas veces bajo su propio prisma o conveniencia política.
La enorme responsabilidad que recae sobre la Corte Suprema de Justicia no pasará desapercibida, y aún más importante, incidirá en la vida nacional en los próximos cuatro años. Cada suceso o acontecimiento será observado con detenimiento, y la mirada estará puesta tanto en la Fiscalía como en la Corte Suprema de Justicia, debido a su trascendental decisión. No solo su presidente, que ha sido objeto de críticas; la decisión recae en todos y cada uno de sus miembros. Así como la CSJ es independiente, el voto de cada uno de sus integrantes representa su conciencia, su saber, su entendimiento y su criterio sobre lo que es conveniente para el país, su preocupación por la democracia y el papel de la Fiscalía General de la Nación.
Mientras todo esto sucede, los veteranos, guardianes de los valores y principios de la sociedad y sus instituciones, estarán vigilantes ante cada palabra y cada hecho fuera del recinto sagrado de la justicia. Su objetivo será garantizar que no haya intenciones desestabilizadoras, ni presiones indebidas para influir en el ejercicio del poder autónomo e independiente de la justicia. Estarán preparados para demostrar que la sociedad cuenta con un liderazgo claro y diáfano, que defenderá los más altos intereses de la nación.
