En esta semana de reflexión que inicia, la preocupación por el pago del impuesto predial aflora en muchos ciudadanos. Algunos lo pagan con tarjeta de crédito, repartido en cuotas por varios meses para cubrir una obligación que puede ser justo pagar, siempre y cuando se mantenga en sus medidas proporciones. Cuando este impuesto consume la totalidad de los ingresos mensuales o impide vivir económicamente tranquilos, así como disfrutar del necesario esparcimiento y de un merecido descanso durante la Semana Santa, obviamente no es justo. Quedarse encerrado en casa por necesitar esos recursos para pagar el predial señala que este está sobrepasando su función social, afectando así la calidad de vida y el bienestar de los ciudadanos gravados.

Este cobro del Predial está desatado aún peor en pequeñas ciudades, las más deprimidas por el olvido del gobierno central y, con menos obras, cada vez tienen un mayor predial. Ciudades como Sincelejo tienen uno de los prediales más caros del país, lo que está completamente fuera de toda proporción. Una vivienda exactamente del mismo metraje y del mismo estrato tiene mayor costo del predial en Sincelejo que en una ciudad más grande, donde los ciudadanos tienen mucha mayor retribución a los impuestos que pagan. Los ciudadanos indefensos son presa de un sentimiento de impotencia y de preocupación por poder mantener la casa que construyeron de jóvenes productivos, quienes hoy ya son adultos mayores y no tienen las mismas entradas de entonces.

Esta disparidad en el cobro del impuesto predial refleja una profunda inequidad en los sistemas tributarios locales, donde las comunidades más vulnerables son las más afectadas. En lugar de promover el desarrollo y el bienestar de los habitantes de estas ciudades, el excesivo gravamen predial contribuye a perpetuar el ciclo de desigualdad, marginación y subdesarrollo. Además, el hecho de que los ciudadanos se vean obligados a sacrificar su tranquilidad y sus momentos de recreación debido a la carga financiera del predial, o de poner en peligro su propia manutención, es una clara señal de que se requieren cambios urgentes en las políticas fiscales locales. Si bien la idea de reducir las tarifas puede parecer demasiado idealista en este momento, al menos se debería considerar congelarlas para evitar un mayor deterioro en la calidad de vida de los contribuyentes y para mitigar los efectos negativos de esta injusticia social.

Entre los más afectados están los adultos mayores. ¿No sería hora después de los 90 años que un adulto mayor ya dejara de pagar predial? Si construyeron/adquirieron su casa a sus 30 o 40 años, ya llevan 60 a 50 años pagando predial. El de hoy es muchas veces mayor al predial que pagaban cuando eran productivos, y además en lugar de rebajarles el predial, se lo aumentan con un impuesto de ayuda a la vejez de la ciudad. Siempre hay quien necesita más, pero tener que vender la vivienda por darle a otros ancianos, incluso menos viejos, no parece muy lógico, por lo menos a los 85 o 90 años no deberían estar pagando predial y menos aumentando su predial, por fuera de su capacidad económica, para ”ayudar” a otros, cuando escasamente ellos pueden mantener su casa o apartamento, además alimentarse y cubrir sus medicamentos y ayudas necesarias para sobrevivir su vejez.

Es hora de replantear nuestras políticas fiscales y adoptar medidas que protejan a nuestros ancianos, pero no a costa de perjudicar a otros más ancianos que ellos mismos. ¿Acaso no es justo que, al menos a partir de cierta edad avanzada, se les exima del pago del predial y se les alivie de una carga financiera que está por fuera de su capacidad económica? Deberíamos priorizar el bienestar y la dignidad de nuestros adultos mayores, que fueron la base de nuestra sociedad actual, asegurando que puedan mantener sus hogares y cubrir sus necesidades básicas sin tener que sacrificar su tranquilidad y una seguridad económica que les garantice una vejez digna.

Ante tal descontento en muchos lugares, se presentan los reclamos, muchos ante la incapacidad de pagar, no por querer dejar de pagar lo debido en impuestos como el predial. La persona interesada en reclamar sobre un abusivo predial, en algunos lugares, debe realizar un derecho de petición solicitando las razones por las cuales considera que no debe cancelar ese monto para el impuesto predial. Una de esas razones, es que el área donde tiene la vivienda se ha desvalorizado, o se volvió comercial y su casa de devalúa, o por malas condiciones de la vivienda ya no se puede considerar del valor y estrato en que se encuentra. Pero con administraciones de mala fe, esto es peligroso. En un ejercicio de esta naturaleza, se pidió rebaja de estrato en Sincelejo por deterioro de la vivienda y este fue concedido, pero ¡oh sorpresa!, que a pesar de considerar que por deterioro de la vivienda y del sector bajaba de estrato el predial llegó por mayor valor porque revaluaron el predio, si el estrato lo bajaron porque la vivienda valía menos pero el valor de la vivienda lo aumentaron por un mayor avalúo catastral. ¿Cómo es posible? Esta práctica, además de ser injusta, pone en evidencia la falta de coherencia y transparencia en el sistema de valoración catastral, perjudicando aún más a los contribuyentes que buscan justicia en sus reclamos y aumentando el riesgo de no tener con que pagar.

Otro aspecto crucial que requiere atención en el tema del impuesto predial es el caso de los deudores hipotecarios, especialmente en un momento en que los desistimientos están en aumento en Colombia. A pesar de la disminución de la tasa de interés, que debería resultar en una reducción de las cuotas hipotecarias, estas siguen aumentando desproporcionadamente. Ni siquiera el Fondo Nacional del Ahorro (FNA), que debería dar ejemplo como entidad del gobierno, ni las deudas en UVR (Unidad de Valor Real), que deberían disminuir junto con las tasas de interés, parece ajustar las cuotas de manera adecuada. Esta situación, combinada con el aumento del impuesto predial para los deudores hipotecarios, que ni siquiera son propietarios aún, está generando un incremento en los desistimientos y desincentivando a nuevos compradores de vivienda. Como resultado, el país enfrenta una crisis en el sector de la venta de viviendas que requiere una pronta atención y soluciones efectivas por parte de las autoridades competentes.

Esta situación se agrava aún más cuando existe la posibilidad de que el impuesto predial pueda aumentar arbitrariamente por decisión de los funcionarios municipales en turno. Por lo tanto, es fundamental implementar medidas que alivien la carga financiera de los deudores hipotecarios y promuevan un entorno más favorable para la inversión en vivienda, contribuyendo así a la estabilidad del mercado inmobiliario y al deteriorado crecimiento económico del país.

Es evidente que el impuesto predial en Colombia está generando gran preocupación y descontento entre los ciudadanos, especialmente en aquellos que enfrentan cargas financieras abrumadoras y desproporcionadas. Desde el aumento injustificado de las tarifas hasta la falta de consideración hacia grupos vulnerables, como los adultos mayores y los deudores hipotecarios. El sistema tributario requiere una revisión urgente y una acción significativa en favor de los ciudadanos. Es fundamental garantizar la equidad y la transparencia en la aplicación de impuestos como el predial que pueden afectar vitalmente al ciudadano, así como implementar medidas que alivien la carga económica de aquellos que luchan por mantener sus hogares y cubrir sus necesidades básicas. Solo a través de una mayor conciencia social que incluya políticas tributarias justas y orientadas al bienestar de la sociedad en su conjunto, se podrá promover un desarrollo sostenible y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos en este país.

Que esta Semana Santa sea una oportunidad para reflexionar sobre este tema, unos desde sus sitios de descanso y otros desde la casa a la que le tienen que pagar el predial.